Según estimaciones científicas, en los próximos 10 años debemos realizar un cambio radical en nuestro modelo de sociedad si queremos evitar el gran desastre ecológico, y mantenernos en lo que se ha denominado el “espacio seguro de desarrollo para la humanidad”. Considerando lo trascendente del desafío, una nueva constitución que incluya principios ecológicos en su base, es una oportunidad única para realizar la transformación que requerimos, permitiendo que nuestra sociedad se oriente hacia un nuevo contrato con la naturaleza.

La constitución es la pieza clave del ordenamiento jurídico nacional, donde quedan plasmados los valores que como comunidad nos brindamos para establecer los mínimos de convivencia. En nuestra sociedad contemporánea, esos mínimos deben incluir tanto el reconocimiento de nuestra interdependencia con el medioambiente, como el establecimiento de una responsabilidad de reciprocidad con la biodiversidad de la cual formamos parte. Tal como el filósofo francés Michel Serres plantea  –emulando el contrato social de Rousseau-: establecer un contrato natural que nos comprometa con la protección de los ecosistemas y la sustentabilidad de los bienes naturales.

¿Qué tan lejos estamos de poder incluir estos principios en la futura constitución? Aquello dependerá de la composición de la constituyente y la correlación de fuerzas e intereses que representen. Sin embargo, aunque marginal en la reflexión de la clase política, lo cierto es que las problemáticas ambientales se han situado como una parte central del imaginario de las y los chilenos.

Así lo demuestra el análisis de contenidos de la iniciativa constitucional realizada durante el último gobierno de Bachelet, que situó la protección ambiental dentro de las prioridades de los deberes del Estado. Lo mismo ocurrió con los cabildos territoriales autoconvocados post estallido social, en donde estudios cifran en 70% la presencia de conversaciones alrededor de variables ecológicas. Igualmente lo demuestran los principales movimientos sociales del país, quienes han sido los principales responsables de posicionar de manera transversal en la opinión pública la necesidad de desprivatizar y derogar el código de aguas. Algo que parecía una utopía, hoy posee un criterio de realidad inimaginable tan solo un año atrás.

Lo anterior supone dos elementos a considerar. Primero, si la constituyente logra representar correctamente las preocupaciones ciudadanas, sin duda el régimen de propiedad y de gestión sobre los ecosistemas serán parte del debate. Para quienes consideramos que la protección ambiental debe ser una piedra angular de nuestra convivencia social, el desafío radica en que la terminología utilizada para referirse a la naturaleza en los principios constitucionales se aleje de lo instrumental y le entregue la suficiente jerarquía para configurarse como un eje ordenador de la misma.

Segundo, si se logra que la próxima constitución chilena sea ecológica, se abre un proceso de largo aliento para la creación y modificación de nuestras políticas públicas, que sean consistentes con lo consagrado en ella. A modo de ejemplo, si efectivamente transformamos al agua en un bien común, será necesario repensar su modo de gestión y el tránsito desde una lógica de derechos de aprovechamiento privatizados y entregados en perpetuidad hacia una donde el caudal ecológico y consumo humano estén garantizados.

En consecuencia, el cambio constitucional es el primer paso para reconstruir nuestra institucionalidad; es la brújula que nos permitirá encontrar nuevos objetivos y orientarnos hacia ellos. Sin embargo, sin esta “bajada” hacia lo institucional, podremos consignar derechos a modo simbólico, pero no lograremos la urgente transformación que necesitamos implementar para salir de la crisis ecológica y plantear un futuro próspero en el planeta.