Durante febrero de 2019 muchas personas se vieron sorprendidas al comprar en los supermercados y no recibir bolsas plásticas para llevarse sus provisiones. Algunas reclamaban, otras resignadas acarreaban las cosas en sus manos o hacían espacio en las mochilas y carteras para cargar la compra.

Por ese entones se comenzaba a implementar la Ley 21.100 “Prohíbe la entrega de bolsas plásticas de comercio en todo el territorio nacional”, publicada el 3 de agosto de 2018 y cuya vigencia comenzó seis meses después: el 3 de febrero de 2019. Desde esa fecha la prohibición fue completa para las grandes empresas (retail, supermercados), mientras que para las pequeñas y medianas (negocios de barrio y comercio detallista) se inició a dos años de la publicación de la ley, el 3 de agosto de 2020.

Así, este fin de semana cumplirán 7 años de la publicación de la Ley, y 5 desde su total vigencia. Aunque se trata de un periodo relativamente corto, hoy parece normal tener que llevar las bolsas reutilizables, o en su defecto tener que comprarlas. Parece lejano aquel tiempo en que ir al supermercado implicaba salir de ahí no solo con los víveres, sino que además con varias bolsas plásticas que rápidamente se convertían en basura y terminaban, en el mejor de los casos, en un relleno sanitario.

Actualmente solo está permitido a los comercios entregar bolsas plásticas cuando “constituyan el envase primario de alimentos, que sea necesario por razones higiénicas o porque su uso ayude a prevenir el desperdicio de alimentos” (exclusión contenida en el artículo 3 de la ley).

Por esto, si bien aún circulan bolsas plásticas en las ferias, panaderías y algunos otros comercios, existe consenso en que la Ley 21.100, conocida coloquialmente como “Chao bolsas plásticas”, logró crear cierto nivel de conciencia sobre el problema de la contaminación por plásticos y ha evitado la circulación de más de 5 mil millones de bolsas de ese material. También hay consenso en que esta sola regulación no resuelve el problema y que existen otras situaciones a las que se debe buscar solución, por ejemplo, la acumulación de bolsas reutilizables, la regulación de su ‘fin de vida’, la fiscalización, el impacto por la sustitución con bolsas de papel, la proliferación de empaques con dudosa condición de biodegradables o compostables, por mencionar solo algunas.

Con motivo de este aniversario de la Ley 21.100, País Circular consultó a diversos actores relacionados con el cuidado ambiental -con énfasis en la reducción de los plásticos- su balance de esta ley y las oportunidades de mejora que aún persisten.

“Luego de ser aprobada de forma transversal, en agosto de 2018 fue publicada la ley que prohíbe la entrega de bolsas plásticas en el país. Este fue un hito relevante que permitió reducir de forma muy importante el uso de estos elementos en Chile, pero, quizás lo más relevante es que ayudó a cambiar hábitos en la ciudadanía”, señala el ministro del Medio Ambiente (s), Maximiliano Proaño, poniendo énfasis en el amplio respaldo, tanto político como ciudadano, que suscitó esta legislación.

“Esta ley dio cuenta de que es factible, a través de modificar algunas conductas, disminuir los residuos que generamos al preferir reutilizables. Valoramos el cumplimiento de la ley en grandes establecimientos y que cada día más las personas hacen sus compras con bolsas de tela o carritos. Esperamos que se siga extendiendo este tipo de comportamientos en la población”, añadió la autoridad ministerial.

Otras bolsas: de basura y reutilizables

Tamara Ortega, directora ejecutiva de Fundación Basura, sostiene que “esta ley es icónica, debido a que fue una de las primeras en materia ambiental del país y generó una concientización ciudadana bastante importante. El gran grueso de la población sabe que tenemos esta ley, que las bolsas plásticas están prohibidas; incluso fue motivo de risas en una rutina de humor del festival de Viña este año. Marcó un precedente, lo que es positivo, pero eso no quita que tiene muchos vacíos legales y muchas oportunidades de mejora”.

“Sin ir más lejos, nosotras hemos trabajado fuertemente en la implementación de la Ley de Plásticos de Un Solo Uso (PUSU) -eso ya hace 3 años-, y me atrevería a decir que siempre que estamos capacitando sobre esta ley sale el tema de las bolsas plásticas, que por qué aún se entregan en la feria y en otros comercios, cuál tiene prohibición y cuál no; entonces aún hay mucha desinformación al respecto y creo que ese es uno de los desafíos”, añade Ortega.

En cuanto a otros temas pendientes, la representante de Fundación Basura considera que “el desafío mayor está en reducir el consumo de bolsas en general. Si cambiamos las de plástico por bolsas de papel, estas también tienen un impacto ambiental súper grande, se necesitan los monocultivos forestales para fabricarlas. Entonces, más allá de la materialidad, se debe abordar el uso que se les está dando”.

Coincide con ella Mark Minneboo, fundador de Plastic Oceans Chile, quien cuestiona, entre otras cosas, el exceso de bolsas reutilizables y cuestiona sus materiales: “Si bien la ley 21.100 fue un paso en la dirección correcta y eliminó alrededor de 5 mil millones de bolsas plásticas gratuitas de la circulación, también ha dejado en evidencia varias falencias. Hoy vemos bolsas reutilizables por todas partes y es un comportamiento muy integrado por la gente, pero al mismo tiempo la gente sigue usando bolsas de basura negras para botar toda la basura de la casa porque nuestro nivel de consumo no ha cambiado desde la aprobación de esta ley”.

“La bolsa reutilizable se ha convertido en su propia plaga, el típico cajón que antes estaba lleno de bolsas plásticas de un solo uso ahora está lleno de bolsas reutilizables, muchas de ellas hechas de plásticos más gruesos o fibras sintéticas, que muchas veces superan su impacto ambiental positivo porque no se usan con la frecuencia necesaria para compensar su impacto”, sostiene Minneboo.

En esa línea, Alejandra Kopaitic, directora del Pacto Chileno de los Plásticos de Fundación Chile, destaca los cambios beneficiosos que ha ocasionado la ley, pero sin dejar de mencionar las falencias: “En general, diría que la ley ha sido positiva para su objetivo: proteger el medio ambiente. Los datos lo avalan, más de 6 mil millones de bolsas de un solo uso evitadas y un impulso importante para otras regulaciones ambientales como la Ley de Plásticos de Un Solo Uso (PUSU). No obstante, la fiscalización sigue siendo un desafío importante, y mejorar su efectividad es fundamental. La alta tasa de cumplimiento reflejada hasta ahora demuestra el impacto positivo del compromiso ciudadano, donde entregar este tipo de bolsas se ha vuelto socialmente mal visto por el consumidor”.

Regular el origen y ‘fin de vida’

Por otra parte, Alejandra Kopaitic llama la atención sobre algunos efectos negativos o no previstos por la ley: “Gatilló un sorprendente aumento en la cantidad de bolsas de basura que compramos y la adquisición de bolsas reutilizables que muchas veces se acumulan y no tienen regulado su ‘fin de vida’ mediante procesos de reciclaje o compostaje, o simplemente son de materiales no permitidos por la ley, pero que se siguen comercializando debido al desconocimiento, tanto de consumidores como de comercios, respecto a lo que permite o prohíbe la ley. Otro punto en contra fue el impacto que tuvo en la industria local, incluso con la quiebra de algunas empresas”.

Alejandra Parra, representante de la Alianza Basura Cero Chile y de Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA), tiene una mirada más crítica, especialmente porque se siguen entregando bolsas en casos que no están excluidos en la ley, y que no son fiscalizados: “La ley ‘Chao bolsas’ fue implementada inicialmente en su primera etapa con bastante éxito, pero lamentablemente la última etapa, que dejó prohibida la entrega de bolsas en todo tipo de establecimientos, no se cumple; principalmente porque no se fiscaliza y tampoco se difunden las obligaciones de la última etapa”.

“Nos quedamos pegados solo en la primera etapa, cuestión que es totalmente insuficiente para lograr los objetivos de esa ley, y eso se suma a las actuales tendencias regresivas en materia de protección ambiental en Chile, como el intento de dejar sin efecto la implementación de la última etapa de la ley de Plásticos de Un Solo Uso”, indica Parra, quien ha sido representante de la sociedad civil en las negociaciones para lograr pacto mundial jurídicamente vinculante contra la contaminación por plásticos.

Desde el mundo productivo, Eliana Moreno, cofundadora de Unibag, empresa chilena que fabrica bolsas reutilizables, también tiene una opinión crítica: “El gran mérito de esta ley es haber impulsado un cambio cultural en torno al consumo de plásticos de un solo uso, pero al no ser precisa en sus definiciones, ha dado lugar a múltiples interpretaciones, lo que no es deseable en una legislación que debería tener criterios claros y aplicables”.

Una de las definiciones a las que se refiere Moreno es la de “Bolsa plástica”, que la ley describe como “bolsa que contiene como componente fundamental un polímero que se produce a partir del petróleo”.

En Unibag dicen que “la imprecisión del término ‘Componente fundamental’ en la materialidad de algunas bolsas ha permitido que se sigan comercializando bolsas plásticas con polímeros derivados del petróleo, que pueden tardar hasta 400 años o más en degradarse. Esta situación ha generado confusión tanto en el comercio como en la ciudadanía, quienes muchas veces creen que cualquier bolsa compostable está permitida por ley, sin considerar su composición real ni su destino final”.

“Muchas personas creen que por el solo hecho de que una bolsa sea reutilizable o tenga una etiqueta ‘eco’, ya es sostenible. Pero si esa bolsa no es reutilizada las veces necesarias o si no tiene un sistema claro de disposición final, se convierte igualmente en un residuo que puede tardar cientos de años en degradarse”, aclara Moreno subrayando que uno de los desafíos actuales está en el origen y el destino final de las bolsas, o ‘fin de vida’.

Educación y cambios en el consumo

A juicio de Mark Minneboo, esta “ley dejó vacíos importantes”, entre los cuales menciona “vacíos que permiten afirmaciones engañosas como ‘biodegradable’ o ‘compostable’ sin la debida certificación ni claridad para el consumidor”, junto con “la falta de regulación de las bolsas utilizadas en ferias libres y pequeños comercios para frutas y verduras”.

No obstante, más allá de la ley que prohíbe las bolsas plásticas de comercio, el fundador de Plastic Oceans Chile, señala que hay que considerar otros aspectos tanto o más importantes: “Si realmente queremos abordar la contaminación por plásticos, debemos ir más allá. Necesitamos invertir en educación ambiental, reducir los envases de un solo uso en su origen, promover modelos de consumo alternativos e inspirar un cambio de comportamiento duradero. De lo contrario, a pesar de las buenas intenciones, no lograremos la transformación sistémica que se necesita”.

Para abordar los vacíos legales, en Unibag hacen referencia a un proyecto de ley (boletín 16980-12) para modificar la Ley 21.100, ingresado mediante moción parlamentaria por la diputada Clara Sagardia hace un año, en julio de 2024. La iniciativa, que se encuentra sin avances en la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, busca “precisar el concepto de bolsa plástica, prohibir su venta, exigir etiquetado y certificaciones, y asegurar que las bolsas que se entreguen sean compostables sin contener polímeros derivados del petróleo”, precisan desde la empresa de bolsas reutilizables.

“Creemos que esta ley ha sido un avance tremendo, pero también que llegó el momento de actualizarla y fortalecerla. Necesitamos definiciones técnicas claras, mecanismos de fiscalización efectivos y un enfoque integral que incluya tanto el origen como el destino de los productos que usamos”, señala Eliana Moreno.

Alejandra Parra va más allá y cree que se requiere dar fuerza a otras leyes porque “claramente la Ley 21.100 es un esfuerzo insuficiente y necesitamos seguir avanzando en la prohibición y, por lo tanto, eliminación del uso cotidiano de muchos productos plásticos desechables, incluyendo las bolsas plásticas de un solo uso”.

Por su parte, la directora del Pacto Chileno de los Plásticos cree que “una solución real exige más que solo prohibir, fomentando un cambio en el consumo y promoviendo conductas de reutilización efectiva, de manera que los hábitos se instalen. También es fundamental que los atributos de las bolsas se comuniquen de manera transparente y que existan certificaciones que los acrediten”.

“En suma, aún hay desafíos pendientes, especialmente en fortalecer la fiscalización, en educar y sensibilizar sobre las buenas prácticas y en generar acciones que impulsen una economía circular, donde la reutilización, el reciclaje y la innovación sean ejes centrales”, concluye Alejandra Kopaitic.