A nivel global, la industria de la construcción utiliza un 40% de los recursos naturales, consume el 40% de la energía y emite el 40% de los Gases de Efecto Invernadero (GEI) en su ciclo completo, al tiempo que genera sobre el 30% de los residuos sólidos. Consume el 50% de la producción mundial de acero, y 3 mil millones de toneladas de materias primas al año. Esto lleva a que, solo en Europa, se produzcan más de 180 millones de toneladas anuales de residuos. Así lo señala la información disponible en los países desarrollados, que elaboran distintos reportes sobre los impactos ambientales y sociales del sector. Y en Chile, aunque se carece de información detallada al respecto, la tendencia es similar.

Hoy el principal problema ambiental generado por la construcción es la generación de residuos. En el país, el 35% de los residuos sólidos proviene de la construcción y la demolición, y según cifras del Minvu se proyecta que a 2023 estos alcancen las 7,4 millones de toneladas al año, suficiente para llenar más de 15 veces el Estadio Nacional. Para enfrentar este problema, el programa Construye2025 -impulsado por Corfo- elaboró una Hoja de Ruta para la Gestión Sustentable de los Recursos y Residuos de la Construcción y Demolición, junto a los ministerios de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente y Obras Públicas, la que será lanzada hoy en el Centro Cultural La Moneda para iniciar su período de consulta pública.

“Para dar solución a este problema, se visualiza la economía circular como una gran oportunidad para el desarrollo y crecimiento sustentable del país, considerando el aporte que hace el sector de la construcción a la economía y al empleo. De esta forma, se revisan referentes internacionales sobre cómo se está abordando esta problemática. En la Unión Europea se ha establecido a la construcción y entorno construido como sectores prioritarios y con grandes oportunidades de generar cambios positivos en el uso eficiente de los recursos, y contribuir al desarrollo y crecimiento, a través de la generación de nuevos negocios, emprendimientos y empleos, así como reducir las emisiones de carbono” explica Alejandra Tapia, coordinadora de sustentabilidad de Construye 2025.

Se trata de un proceso en el que participaron todos los actores del sector, entre ellos el sector público, la academia y las empresas y gremios del sector privado, y que incluyó la realización de talleres y mesas de trabajo en los que participaron más de 260 personas. Esto permitió un acuerdo amplio para la construcción de esta hoja de ruta, cuyo objetivo es que se transforme a futuro en una política de Estado que incorpore los principios de la economía circular en la construcción, y que ayude a crear nuevos mercados en esta materia.

“El gran desafío de esta hoja de ruta ha sido integrar y coordinar a distintos actores públicos y privados, con el fin de generar confianzas, acuerdos y compromisos concretos para el logro de los objetivos y metas definidos. Sin embargo, el proceso de consulta pública plantea un nuevo desafío, que es validar la hoja de ruta, sus lineamientos, acciones y metas, y generar los compromisos necesarios para cumplirlos”, agrega Alejandra Tapia.

Para la industria de la construcción, la necesidad de implementar la economía circular en sus procesos “surge de que las personas, las empresas y quienes participan de las políticas públicas, han debido incorporar acciones concretas para mantener un debido equilibrio en este crecimiento económico, con cuidado del medio ambiente y las personas, y es aquí donde la economía circular tiene grandes beneficios, no solo desde el punto de vista ambiental y social, sino que incluso económico, debido a que a través de la innovación y con los cambios de modelos de negocios y de paradigma, hoy es posible generar mercado o crecimiento o, incluso, rentabilidades, a través de la reutilización de residuos”, dice Carlos Bascou, presidente del Consejo de Productividad, Innovación y Construcción Sustentable (CPICS) de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) y director del Instituto de la Construcción.

Y para lograr este objetivo, agrega Bascou, el rol del Estado es clave, porque a través de todo el sistema de compras públicas y el liderazgo que tiene por su volumen y por la visibilidad de las políticas públicas, puede guiar con el ejemplo. Y desde el sector privado, el rol claramente debe ser articular debidamente todo lo que es gestión del conocimiento, tanto al interior como entre las empresas.

“Me refiero a capacitación de capital humano a todo nivel, o sea aquí hay algo que parte de la gestión del conocimiento de las empresas hasta la capacitación de trabajadores e, incluso, poner a disposición de la demanda, la que hoy debe estar más informada y empoderada de las necesidades del cuidado al medio ambiente, información sobre qué tan sustentable o qué tan eficiente es en el manejo de residuos y no solo considerando al sector construcción, sino que todo el ciclo de vida de cualquier edificación o infraestructura”, afirma.

En este aspecto, para incorporar estos principios en 2017 la Cámara Chilena de la Construcción  incorporó dentro de sus nuevos pilares estratégicos la innovación, la productividad y el medio ambiente. Esto determinó que se formalizara la constitución de tres consejos: el de Productividad, Innovación y Construcción Sustentable; el de Sostenibilidad y el de Capital Humano.

“Estos tres consejos tienen la función de articular las múltiples instancias que existen al interior de la CChC, en las empresas y también a nivel público. El objetivo es promover entre todos los actores de la industria las mejores prácticas y las oportunidades de avanzar hacia la sustentabilidad de la industria y la economía circular, incluyendo el trabajo del Instituto de la Construcción y programas como Construye2025”, dice Bascou.

El impulso que la construcción podría dar a la implementación de la economía circular en el país se considera fundamental, por su importancia en la economía. A nivel global, se trata de un mercado que mueve cerca de US$11 billones anuales, mientras que en Chile el sector representa el 7,1% del PIB y genera un 8,5% de los empleos, según cifras de la Cámara Chilena de la Construcción.

Hoy existen en el país cerca de 30 mil empresas relacionadas con el sector que generan unos 700 mil empleos. De ellas, el 98% son pymes, responsables del 81% de los puestos de trabajo y el 34% de la facturación total. Sin embargo, toda esta contribución a la economía está basada aún en los principios de la economía lineal de extraer, fabricar, construir, desechar y demoler.

Un escenario que, frente al volumen de residuos generados, se torna más complejo si se considera que en Chile solo existen 19 sitios regulados para la disposición de escombros de la construcción, y de ellos 6 están en la Región Metropolitana, 4 en Antofagasta y 4 en La Araucanía. Regiones con gran concentración de población y actividad económica como Valparaíso y Biobío solo tienen uno, mientras que nueve regiones del país no tienen ninguno. De las 238.761 toneladas de residuos que la empresas declaran al año -solo un bajo porcentaje de lo real- solo el 8,4% es valorizado, mientras que el 91,6% restante va a eliminación.

Las brechas del sistema

Uno de los primeros trabajos para la construcción de la Hoja de Ruta fue detectar cuales son las principales brechas que dificultan hoy una gestión sustentable de recursos y residuos en la construcción. Y uno de los principales problemas hoy es la falta de información disponible, así como el desconocimiento de los profesionales del propio sector respecto de las regulaciones existentes en esta materia.

“El sector construcción aporta cerca del 7% del PIB nacional y es un gran consumidor de materias primas a nivel mundial. Sin embargo, se desperdician millones de recursos debido a la baja productividad del sector, lo que se traduce en ineficiencias, en una inadecuada gestión de los materiales, y en los residuos. En tal sentido, el repensar el diseño, los procesos y materiales, entre otros aspectos, es una oportunidad inmensa de mejora, de optimizar recursos y agregarle un mayor valor a los procesos y productos. Por otra parte, la inadecuada gestión de los RCD también tiene consecuencias en el gasto público, en el deterioro del espacio físico, urbano y natural, y en la salud de las personas”, afirma Alejandra Tapia.

Se estima que en Chile los residuos de construcción y demolición representan hoy entre un 23% y un 35% de los residuos sólidos del país. Sin embargo, un estudio realizado en 2017 detectó que el 60% de los profesionales de la construcción no conocía leyes, reglamentos y normativas de gestión de residuos, y que el 50% no utiliza los sistemas estatales de declaración de residuos.

A esto se suma que actualmente no existe una cobertura adecuada ni una institucionalidad que se haga cargo del sistema, como lo demuestra el hecho de que nueve regiones del país no tienen donde disponer este tipo de residuos. Tampoco hay estudios del gasto asociado a este tipo de residuos, aunque municipios como Puente Alto pueden llegar a gastar $500 millones al año en este ámbito.

Frente a esta problemática, Bascou afirma que la creación de la hoja de ruta es un paso importante. “Hay un dicho en inglés que dice You get what you measure, es decir, tú obtienes lo que mides, y si queremos avanzar en estas materias, debemos tener información y ese es un primer paso”, afirma.

“No existía hasta hace poco -agrega- desde la conciencia hasta los conocimientos para valorar la importancia de este debido equilibrio entre crecimiento o ganancia económica, con lo que es la sociedad y el medioambiente, y efectivamente hay una fuerte carencia de información o de no conocer regulaciones o incentivos, que a veces tampoco los tenemos bien dispuestos o informados. Y esto ocurre porque esto es una transformación cultural, que parte desde la educación de los nuevos profesionales del futuro y de la incorporación de mejores y nuevas prácticas hoy día disponibles”.

También existen brechas en la gestión de los recursos del sector. Por ejemplo, la extracción de áridos para la construcción es un tema cada vez más crítico, al punto que un catastro realizado este año por el Ministerio de Bienes Nacionales identificó más de mil hectáreas de extracción ilegal de áridos en desierto y riberas de ríos, afectando cauces e incrementando el riesgo de desastres naturales.

Se estima que el consumo de áridos en Chile supera los 11 millones de metros cúbicos anuales -según las últimas cifras disponibles, de 2010-, pero las plantas formales solo tienen capacidad para producir 4 millones de m3, por lo que los 7 millones de m3 de desfase solo pueden provenir de un mercado informal.

En ese escenario, desde lo regulatorio las principales brechas detectadas al elaborar la hoja de ruta están determinadas por la ausencia de planificación, ordenamiento territorial, marco regulatorio e infraestructura que permita la gestión ambiental y racional de estos residuos, y su relación con el desarrollo regional y nacional. A esto se suma una deficiente coordinación entre organismos públicos y una normativa fragmentada, así como una indefinición jurídica respecto de este tipo de residuos.
Desde lo privado, las principales falencias hoy están marcadas por una deficiente integración y coordinación entre todos los actores de la cadena de valor, así como poco eficiencia en el uso de recursos materiales y procesos, lo que genera una escasa competitividad. A esto se suma la ausencia de información y de trazabilidad de los residuos de construcción y demolición, que dificultan el diseño e implementación de políticas públicas y el fomento de mercados para la valorización de estos residuos. Hay, entonces, una falla del mercado y del Estado.

Propuestas de la Hoja de Ruta

En este escenario, la Hoja de Ruta elaborada por Construye2025 en conjunto con los actores del sector estableció cinco ejes estratégicos de trabajo: planificación territorial e infraestructura, coordinación y alineamiento público, cadena de valor, información e indicadores, y restauración de pasivos.

De allí se desprenden 131 acciones concretas que se deberán realizar con un primer horizonte de cumplimiento en 2030, para estar culminadas en 2040 considerando cuatro ejes transversales para su implementación, como la creación de un marco normativo y de legislación, acciones de fomento e inversión, la incorporación de innovación y de tecnologías, y la realización de trabajos de formación y difusión.

Entre las metas propuestas, se busca -por ejemplo- que a 2040 el 100% de la infraestructura pública en Chile sea sustentable y circular; que la planificación y ordenamiento territorial incorpore la economía circular en la construcción en todos sus instrumentos; que exista infraestructura para valorización, plantas y estaciones de transferencia de residuos de la construcción en todas las regiones del país; que el 100% de los envases y embalajes de productos de construcción consideren el ecodiseño, y que todos los residuos del sector de valoricen mediante su reutilización o reciclaje para la fabricación de nuevos productos, entre otros.

“El foco que se ha propuesto para las metas entre ambos años es la gradualidad, por una parte, las brechas que existen actualmente consideran un gran esfuerzo y coordinación entre distintos actores, por lo cual las primeras aspiran a sentar las bases para una economía circular, como la creación de una institucionalidad, eliminar barreras, nuevas leyes e instrumentos. Estos procesos, por su naturaleza, implican un período considerable para su realización. Las metas al 2040, más ambiciosas, aspiran a un país que gestiona sus recursos en forma sustentable y eficiente, y un sector de la construcción que es parte de ello”, dice Alejandra Tapia.

La Hoja de Ruta será entonces, dice la coordinadora de sustentabilidad de Construye2025, una herramienta concreta para gestionar y promover cambios hacia una economía circular, pero su implementación se requiere en forma urgente contar con los compromisos de las autoridades gubernamentales con una visión de largo plazo, y con una industria comprometida con el crecimiento y desarrollo sustentable del país, con conciencia en el uso eficiente de los recursos y las necesidades de las nuevas generaciones.

En esa línea, se establecen como “desafíos prioritarios” la eliminación de barreras en la regulación y normativas que impidan la valorización y reciclaje de estos residuos, y la producción de materias primas secundarias para productos de la construcción. Además, implementar políticas públicas, iniciativas y acciones a través de las compras públicas y licitaciones de proyectos de infraestructura y edificación, que impulsen el desarrollo de la economía circular en construcción. A esto se suman, entre otras, la generación de herramientas que incluyan criterios de economía circular en la evaluación de inversión pública, fomenten mercados y faciliten información para la trazabilidad de los residuos de la construccioón, y el desarrollo de infraestructura adecuada para su disposición final y valorización.

Oportunidades para el sector

Se espera que el aplicar los principios de la economía circular en la industria de la construcción no solo disminuya sus impactos ambientales, sino que también posibilite nuevas oportunidades de negocios y de aprovechamiento de residuos.

Por ejemplo, hoy en Chile las empresas siderúrgicas tienen acopiada cerca de 700.000 toneladas de escorias de acero, cifra que se incrementa mensualmente. Según investigaciones y la experiencia internacional, las escorias se podrían transformar en áridos reciclados para la construcción.

En ese sentido, el trabajo de elaboración de la Hoja de Ruta ha mirado de cerca la experiencia europea en el desarrollo de políticas públicas y herramientas asociadas a reducir los impactos negativos que genera la construcción en el medio ambiente, a través de la economía circular, experiencia que podría adaptarse a la realizada de Chile.

Hoy la Unión Europea produce grandes volúmenes de residuos de construcción y demolición y tiene como objetivo aumentar la reutilización de estos materiales, reduciendo los vertederos y los impactos ambientales negativos. Una de sus directivas para este tipo de residuos que antes del 2020, deberá aumentarse hasta un mínimo del 70% de su peso la preparación para la reutilización, reciclado u otra valorización de materiales, incluidas las operaciones de rellenos que utilicen residuos como sucedáneos de otros materiales.

A esto se suman algunas experiencias ya realizadas en Chile, donde los ahorros que se perciben algunas constructoras al realizar gestión de residuos, en el presupuesto para disposición final, alcanza entre un 25-50%, esto a través de la optimización de materiales y evitando la eliminación mediante la valorización: reducción, reutilización y reciclaje de materiales. Adicionalmente, la partida del aseo puede tener implicancias dentro del presupuesto, pudiendo obtener ahorros de hasta 5 veces en el valor de aseo por m2 de obra.