(Primera Parte) Radiografía al primer año de total vigencia de la Ley REP para dos productos prioritarios: cumplimiento, avances y desafíos
A la espera de que la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) entregue su análisis sobre los informes de desempeño para 2023 entregados por los Sistemas de Gestión, País Circular hace un balance de los primeros meses de implementación, junto a diversos actores de este nuevo modelo de gestión de residuos cuyo objetivo es proteger el medio ambiente y la salud de las personas. Así, desde el Ministerio del Medio Ambiente, la Asociación de Industriales del Reciclaje, y los Sistemas de Gestión, entre otros, abordan el cumplimiento de las metas, el despliegue territorial, las licitaciones, aprendizajes, complejidades y una serie de aspectos cuya mejora permitirá avanzar en el éxito de la ley. En esta primera entrega nos enfocamos en los Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y mañana será el turno de Envases y Embalajes (EyE).


Los últimos 24 meses el país ha estado viviendo la implementación de la más revolucionaria política pública relacionada con la gestión de residuos: la Ley 20.920. Conocida como Ley REP, esta normativa tuvo en 2023 un hito de gran relevancia pues, en enero y septiembre de ese año, comenzaron su total vigencia los decretos que fijan las metas y obligaciones para los productos prioritarios Neumáticos Fuera de Uso (NFU) y Envases y Embalajes EyE), respectivamente.
Considerando ese hito, 2023 fue el “primer año” de funcionamiento de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP) en Chile y, por lo tanto, los Sistemas de Gestión de NFU y de EyE debieron informar sobre su desempeño al ente fiscalizador, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Sin duda, el cumplimiento de las metas de recolección y valorización de los distintos materiales es una de las mediciones más concretas de la aplicación de esta Ley y un desafío para los Sistemas de Gestión, individuales y colectivos, establecidos precisamente para que los productores regulados avancen en el cumplimiento de dichos objetivos. No obstante, la REP va mucho más allá de la sola cifra de recolección y valorización, e implica una serie de aspectos que, a la larga, deben redundar en un cambio de la sociedad en su conjunto.
En ese sentido, en pro de avanzar en la recolección y valorización de NFU de categorías A y B, así como de EyE domiciliarios y no domiciliarios, los últimos dos años han implicado un relevante despliegue territorial -principalmente a través de convenios con los municipios-, licitaciones, contratos, inversión en infraestructura, capacitaciones y un sinnúmero de acciones menos mensurables que las metas.
Un buen resumen sobre este punto lo entrega el jefe de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), Tomás Saieg: “La REP recién comenzó y los resultados concretos respecto al aumento de tasas de reciclaje están aún por verse. Sin embargo, es claro que, sin la existencia de la REP, no estarían funcionando los más de 30 Sistemas de Gestión REP aprobados a la fecha, entre ellos 2 grandes sistemas colectivos de gestión de Envases y Embalajes [ReSimple y GIRO] que ya han firmado convenios con más de 100 municipios del país, que ya están operando recolección domiciliaria de EyE en más de 25 comunas e instalaciones de recepción y almacenamiento en varias más; y 2 grandes sistemas colectivos de gestión de Neumáticos [Neuvol y Valora Más], también operativos y desplegándose en el territorio”.
Saieg agrega que, junto a lo anterior, “es claro que la REP ha llevado a la materialización de importantes inversiones en infraestructura de valorización. Así, hoy contamos con plantas de pretratamiento y separación de residuos con tecnología de punta, y también con nuevas plantas de valorización de neumáticos, de distintas tecnologías, que no existirían si no estuviera el antecedente de la REP, que es lo que les asegura a los inversionistas de dichas instalaciones que habrá demanda por sus servicios”.
“Es claro que la REP ha llevado a la materialización de importantes inversiones en infraestructura de valorización. Así, hoy contamos con plantas de pretratamiento y separación de residuos con tecnología de punta, y también con nuevas plantas de valorización de neumáticos”.

“La ruta es la mejora continua del decreto (de envases y embalajes). El Ministerio del Medio Ambiente tiene que ir avanzando en una mesa de trabajo; todos los actores, todos los Sistemas de Gestión, las asociaciones gremiales, quieren sentarse con el MMA a conversar”.
Fecha clave para la SMA
Por estos días, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) -según informó a este medio la superintendenta Marie Claude Plumer– debiera entregar una evaluación de los informes de desempeño que recibió de los Sistemas de Gestión a fines de mayo pasado, en los que dan cuenta de su gestión en 2023: en el caso de los NFU, desde el 20 de enero al 31 de diciembre; y en el caso de EyE, desde el 2 de octubre al 31 de diciembre.
Algunos de los datos proporcionados por los Sistemas de Gestión están disponibles de manera pública en la página del Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (Snifa) de la SMA, actualizados al 15 de octubre. A la espera de conocer el pronunciamiento de la SMA, el consultor experto en Economía Circular y Ley REP, Alejandro Navech, tomó esas cifras y realizó un análisis que permite tener un panorama preliminar del primer año de la REP.
En el Snifa, junto con los datos de identificación de los Sistemas de Gestión y el tipo de producto prioritario, se consigna la siguiente información: línea base, con la “estimación de toneladas generadas [o puestas en el mercado] el año 2022”; el tratamiento de residuos del año 2023, que consiste en el “CI informado”, con las toneladas de residuos valorizadas informadas por el sistema de gestión a nombre y representación de consumidores industriales, y el “CI asignado”, con las toneladas de residuos valorizadas por consumidores industriales asignadas al sistema de gestión según participación en el mercado de productores que lo integran (solo sistemas de gestión colectivos). En el caso de los NFU, las toneladas de la línea base 2022 consideran la reducción por el factor de desgaste de los neumáticos.
Sobre esa base y considerando las metas de recolección y valorización establecidas en los decretos supremos del MMA N°8 (NFU) y N°12 (EyE), Navech calculó las metas proporcionales al tiempo de implementación para cada producto prioritario (y cada material, en el caso de EyE), y el de cumplimiento de los diferentes Sistemas de Gestión que informaron a la SMA. Los resultados son diversos y, en algunos casos, superan largamente el 100% en relación a la meta, mientras que en otros se roza esa cifra o se aleja a la baja.
Alejandro Navech, quien compartió con País Circular su análisis y reflexiones, considera que los primeros meses fueron de mucho aprendizaje y que, en algunos casos, diversos factores provocaron que alcanzar las metas no fuera fácil. Por ejemplo, en el caso de los Envases y Embalajes domiciliarios, el experto cree que se debe revisar el hecho de que actualmente los municipios no estén obligados a firmar contratos con los Sistemas de Gestión. Asimismo, plantea que en un comienzo fue muy lento el proceso de licitación de servicios de gestión de residuos (recolección, separación, valorización, etc.), debido a que la información que entregaban los Sistemas de Gestión era poco precisa, lo que generaba incertidumbre en las empresas gestoras.
Estos son solo una muestra de una diversidad de aspectos que deben ir corrigiéndose, tal como quedó estipulado en la ley, con las revisiones periódicas de los decretos que fijan metas y obligaciones. “La ruta es la mejora continua del decreto. Nadie puede decir que el decreto está bien desde el comienzo, el Ministerio del Medio Ambiente tiene que ir avanzando en una mesa de trabajo; todos los actores, todos los Sistemas de Gestión, las asociaciones gremiales, quieren sentarse con el MMA a conversar. Eso es lo más importante, establecer a la brevedad una agenda para mejorar el decreto”, dice Navech en relación a EyE.
Consultado sobre este punto, Tomás Saieg, del MMA explica que “el reglamento REP establece que los decretos deben ser revisados, como mínimo, cada 5 años después de la total entrada en vigencia de los decretos de metas. Para el caso de los decretos de neumáticos y envases, entraron en total vigencia en el año 2023, por lo cual, corresponde una revisión, a más tardar, el año 2028”.
“Existe una complejidad operativa relevante para poder cumplir con las metas, porque la capacidad instalada para el cumplimiento no es hoy la que se proyectó cuando se diseñó el decreto. Por ejemplo, no todas las regiones tienen capacidad de valorización”.

“(En la revisión del decreto de NFU es importante) Asegurarse de que los términos y disposiciones sean claros, comprensibles y no generen ambigüedades que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas, principalmente en temas relacionados a los consumidores industriales”.
Neumáticos fuera de uso
Para los Neumáticos Fuera de Uso (NFU), tanto categoría A como B, el decreto N°8 consigna que “a partir del primer año calendario de vigencia de este título, [los SG] deberán valorizar, al menos, el 25% de los neumáticos introducidos en el mercado nacional el año inmediatamente anterior”. Navech explica que, considerando que el primer año fue del 20 de enero al 31 de diciembre, esa cifra se ajusta a 22,9%.
Para la categoría A de NFU -aro inferior a 57 pulgadas, con excepción de los aros 45 pulgadas, 49 pulgadas y 51 pulgadas-, en el Snifa hay información de cinco SG, 2 de ellos colectivos y 3 individuales. Estos últimos superan el porcentaje de cumplimiento, no así los primeros.
Según explica Alejandro Navech, “para los Sistemas de Gestión colectivos es más difícil porque, a diferencia de los individuales, no tenían acopiados sus propios neumáticos, sino que deben salir a buscarlos”.
Los dos SG Colectivos en este caso son Neuvol y Valora Más, que juntos son responsables de más del 99% de los neumáticos categoría A puestos en el mercado en 2022, con 45 y 54%, respectivamente.
Rodolfo Poblete, gerente general de Neuvol, consultado sobre lo más desafiante del primer año, comentó que “existe una complejidad operativa relevante para poder cumplir con las metas, porque la capacidad instalada para el cumplimiento no es hoy la que se proyectó cuando se diseñó el decreto. Por ejemplo, no todas las regiones tienen capacidad de valorización, lo que trae desafíos logísticos, operativos, ambientales y económicos”.
En ese sentido, Poblete agregó que es indispensable “crear rápidamente soluciones descentralizadas, pensando en la operatividad a nivel nacional y el cumplimiento de las metas por región que se activan a partir del 2025, además del pertinente fortalecimiento de la cadena de valor que actualmente se encuentra en un estado muy primitivo para atender las necesidades que plantean los decretos”. En los datos del Snifa se observa que Neuvol colocó en el mercado más de 50 mil toneladas de neumáticos categoría A durante 2022, de las cuales valorizó más de 6.250.
Sobre los avances constatados en el primer año de la ley, y también en 2024, el gerente general de Neuvol señala que “todos los detalles que hemos podido capturar del funcionamiento de la ley en este periodo” son muy relevantes, y destacó la red de valorizadores y recolectores que han desarrollado, “de gran importancia para el cierre de ciclo y la continuidad operativa de la materia prima”.
En cuanto a la revisión del decreto de NFU, Poblete señaló que a su juicio, en primer lugar, se debe actualizar la capacidad de valorización del país y su proyección para los próximos 5 años. “Todos los participantes del ecosistema debemos tener certeza de estos datos y concertar los procesos de evaluación en torno a ellos. Con esta realidad informativa podremos avanzar en la revisión de puntos determinantes en el decreto, como por ejemplo el porcentaje de cumplimiento, temporalidad de activación y regionalización”, explicó.
Por otra parte, en los NFU categoría B -aro igual a 45 pulgadas, a 49 pulgadas, a 51 pulgadas y aros iguales o mayores a 57 pulgadas- informaron su desempeño 4 Sistemas de Gestión individuales (SGI), de los cuales 2 superaron el 100% de cumplimiento.
Es el caso de Bridgestone Mining Solutions, cuyo director comercial para Latinoamérica, Gonzalo Figueroa, comentó que los avances de la implementación de la REP los observa básicamente en dos puntos: “El primero es la figura del consumidor industrial, donde Bridgestone está muy de acuerdo en su existencia, solo falta afinar algunos aspectos que son relevantes, como la asignación y declaración de tonelaje valorizado al SGI de la marca. El segundo aspecto favorable está relacionado al proceso de valorización donde algunas de las empresas involucradas se esfuerzan por ser más eficientes, de la misma forma se reconoce como NFU valorizado aquellos neumáticos que son recauchados, lo que reafirma los conceptos de las 3R”. Bridgestone fue uno de los SGI que más neumáticos categoría B puso en el mercado, con unas 20 mil toneladas, según informa Figueroa, de las cuales fueron valorizadas más de 4.668.
Sobre lo más desafiante, Figueroa confiesa que “desde el comienzo no fue fácil la implementación del sistema de gestión para la categoría B, originalmente Bridgestone tenía la intención de crear un sistema de gestión colectivo, veíamos que tenía una serie de beneficios, principalmente para los usuarios finales. Lamentablemente, no se pudo concretar por falta de interés de otros actores, por lo tanto nos pusimos en campaña para crear el sistema de gestión individual Bridgestone, (…) Como en Chile nadie tenía experiencia en este tipo de organización, todos tuvimos que aprender en la marcha”.
Por otra parte, el director comercial de Bridgestone Mining Solutions cree que en la revisión del Decreto N°8 es relevante la “claridad y exactitud”. “Asegurarse de que los términos y disposiciones sean claros, comprensibles y no generen ambigüedades que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas, principalmente en temas relacionados a los consumidores industriales. Además, incorporar disposiciones relacionadas con avances tecnológicos, que faciliten los procesos de forma eficiente y sustentable”, dice Gonzalo Figueroa.
“La industria del reciclaje sigue firme y con ganas de invertir en infraestructura para poder participar en las licitaciones y poder procesar más material, pero asegurándonos que lleguen los volúmenes suficientes, y que llegue también la calidad requerida”.

ANIR: inquietudes de los gestores
Tal como señaló Tomás Saieg, del MMA, la Ley REP ha dado un nuevo impulso a la inversión de las empresas gestoras de residuos, que en su mayoría forman parte de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR). Esta asociación gremial entrega cada año las estadísticas de gestión de residuos realizada en el país, para cada materialidad. En el caso de los NFU, para 2023 informó que fueron valorizadas más de 29 mil toneladas, incluyendo información de socios y no socios.
La cifra es superior a la cantidad de NFU valorizados informada en el Snifa en el marco de la Ley REP, lo que se entiende en el contexto de la puesta en marcha de la normativa, donde uno de los ajustes tiene relación con integrar en el marco de la REP a todos los gestores de residuos, muchos de los cuales aún no están formalizados o no se han registrado en el MMA.
Sobre la diferencia en NFU, Alejandro Navech explica lo siguiente: “Si sumamos el total de toneladas tratadas declaradas por los Sistemas de Gestión -tanto en A como en B-, podemos ver que son un poco más de 15 mil toneladas, sin embargo, ANIR registró el reciclaje de 29 mil toneladas. Si bien las causas de esa diferencia requieren un análisis más exhaustivo, hay que considerar que en la planilla de la SMA hay SG que no declararon, pero sobre todo, se debe entender que todas las empresas de valorización en Chile -mecánico, pirólisis, coprocesamiento y recauchaje- fueron inscribiéndose en el MMA progresivamente durante 2023, y los SG no podían contratarlos hasta que no estuvieran contratados. Por lo tanto, como no era posible acreditarlas, esas toneladas se ‘pierden’ para los SG, pero no se pierden para el sistema de reciclaje nacional”.
“El 2024 esto debiera ir nivelándose, los gestores ya están registrados y los SG aprendieron a declarar”, comenta el consultor experto en Ley REP.

A su vez, la gerenta general de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje (ANIR), Antonia Biggs, coincide en que los primeros meses de implementación de la REP han sido de mucho aprendizaje y donde se han ido evidenciando situaciones que requieren de ajustes. Biggs valora positivamente el proceso y subraya que “la industria del reciclaje sigue firme y con ganas de invertir en infraestructura para poder participar en las licitaciones y poder procesar más material, pero asegurándonos que lleguen los volúmenes suficientes, y que llegue también la calidad requerida”.
No obstante, agrega, aún existen muchos desafíos, entre los que destaca: mayor claridad, transparencia e información en los procesos licitatorios; educación y sensibilización; fiscalización de la informalidad; agilidad en la entrega de permisos.
Respecto a las licitaciones, comenta que la falta de claridad “genera incertidumbre entre los actores involucrados. La confusión en los procesos y la ausencia de licitaciones atractivas ha incrementado los costos operativos y disminuido la participación de la industria. Deben existir mayores incentivos para todos los actores en la cadena de valor del reciclaje, desde el ciudadano, quien entrega el material, hasta la generación de un mercado que utilice y traccione la demanda por el material reciclado”.
Sobre la incertidumbre, explica que “nos referimos al due diligence realizado a las empresas que se adjudican las licitaciones”, y respecto a la falta de atractivo, dice, se debe a que, “en general, todas las faltas y todas las exigencias recaen en el gestor o valorizador”.
Otro de los desafíos que menciona Antonia Biggs es agilizar los procesos para obtener permisos y respuestas desde el Estado: “Esta es una industria con impacto positivo y existe inversión, pero las demoras en la tramitación de permisos tienden a generar desincentivo. Es indispensable que se agilicen los tiempos de respuesta y se homogenicen criterios de ciertos permisos para poder operar en distintos territorios, dado que necesitamos contar con más infraestructura para gestionar los materiales reciclables”.
Consultada sobre la manera de abordar esos desafíos, Biggs señala que “varios se pueden resolver de forma bien ágil y rápida, sobre todo en cuanto a transparentar cierta información en las páginas web de los Sistemas de Gestión para tranquilidad de todos; un poco imitando lo que hace el sector público, con las compras públicas del Estado y Mercado Público, donde hay mayor certeza sobre las razones por las cuales algo se adjudican o algo. Otra cosa fácil de resolver es tener un calendario de las próximas licitaciones; muchos ajustes son rápidos y otros, sin duda, son más de mediano plazo y de quizás ‘intervenciones quirúrgicas’ del Decreto Supremo 12”.
“Lo positivo es que, dado que se está implementando y que, sin duda, se requieren ajustes, ya ha habido instancias para sentarse a colaborar, para pensar en conjunto cuáles son las mejoras que se necesitan en el mediano plazo”, concluye la gerenta general de ANIR.