Las recicladoras y los recicladores de base llevan décadas recuperando materiales desechados para darles un nuevo uso, sin embargo, su trabajo se vuelve cada vez más relevante a medida que el reciclaje, y la economía circular en general, se fortalecen como estrategias para hacer frente a las crisis ambientales: contaminación, cambio climático y pérdida de diversidad.

Se trata de un fenómeno mundial, que en Chile va de la mano con la Ley 20.920, que “Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje”, conocida como Ley REP.

Históricamente, las y los recicladores se han encargado de recuperar principalmente vidrios, chatarra, cartones y papeles, para los cuales ha existido hace años una industria valorizadora en el país, sin embargo, la valorización se ha ido extendiendo a medida que se ha masificado el uso de productos como las botellas plásticas y aparatos eléctricos y electrónicos, que generan enormes cantidades de residuos.

Así, por una parte la legislación se va haciendo cargo de los distintos materiales, da impulso al crecimiento de empresas valorizadoras y presenta nuevos desafíos para las y los recicladores de base, que en el país serían unos 60 mil, aunque no existe un catastro oficial.

En vísperas del Día Mundial del Reciclador de Base, que se conmemora cada 1 de marzo, País Circular recogió tres opiniones en relación a este oficio, sobre su relevancia para el medio ambiente y la salud de las personas, y cómo le ha afectado la implementación de la Ley REP, que desde 2023 está completamente operativa para neumáticos fuera de uso (NFU) y envases y embalajes (EyE), mientras se espera la vigencia total de metas para otros productos prioritarios.

A continuación, entregamos las miradas de Denisse Morán, presidenta de la Asociación Gremial de Recicladores de Tarapacá; Soledad Mella, presidenta de la Asociación Nacional de Recicladores de Chile (ANARCH); y Tomás Saieg, jefe de la oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente (MMA).

Capacitar y certificar

“La Ley REP asigna a los recicladores de base un rol esencial en la gestión de residuos y en la transición hacia una economía circular. Este rol se fundamenta en el Principio de Inclusión, que promueve su participación activa en estrategias de valorización de residuos, fomentando su incorporación formal en los sistemas de gestión establecidos por la ley”, enfatiza Tomás Saieg, del MMA.

En ese sentido, destaca “el reconocimiento oficial del oficio mediante la certificación de competencias laborales a través de ChileValora, validando sus conocimientos técnicos y fomentando la profesionalización del sector. Además, la creación del Registro Nacional de Recicladores de Base permite identificarlos oficialmente y facilitar su acceso a oportunidades laborales dentro de los sistemas colectivos de gestión”.

Relata que se han realizado capacitaciones, certificaciones y asistencia técnica dirigida al fortalecimiento de sus capacidades, y se han desarrollado políticas públicas específicas que fomentan su participación equitativa en sistemas colectivos, promoviendo alianzas estratégicas con empresas, municipios y otros actores clave.

No obstante, reconoce que “si bien se han logrado avances significativos, como la formalización de su labor y su inserción en sistemas de gestión, persisten desafíos importantes, como la ampliación de la cobertura territorial de las iniciativas y la superación de barreras estructurales para garantizar su inclusión plena en el sistema REP, contribuyendo así a un modelo más justo y sostenible”.

Asimismo, el jefe de la oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente subraya que la Ley REP, especialmente lo referido a envases y embalajes, “ha transformado significativamente el oficio de reciclador de base, que antes se realizaba de manera informal, con poca visibilidad y en condiciones precarias”. Gracias a que la ley fomenta su inclusión, dice, hay una mayor profesionalización del oficio, mayores niveles de formalización y mejora en las condiciones laborales.

Esto se ha logrado, dice Saieg, porque los sistemas de gestión domiciliarios (GRANSIC) están obligados a contratar recicladores en al menos el 50% de las Instalaciones de Recepción y Almacenamiento de Residuos (IRAR) que operen, y a incluir estrategias de formación y profesionalización de recicladores en sus planes operativos. Además, la ley asegura un precio de mercado justo, garantizando que los recicladores reciban una remuneración equivalente a otros recolectores por la misma tarea y en condiciones similares.

Denisse Morán Vilches, líder de los recicladores de Tarapacá, reconoce que hay avances asociados a la implementación de la Ley REP, porque se está cumpliendo y realmente tienen convenios con las municipalidades y con los GRANSIC, que han incluido a los recicladores en toda la gestión de los residuos. “Por ejemplo, ReSimple (el mayor Gransic para EyE) tiene un convenio con nuestra cooperativa mujeres recicladoras, Servirec”.

No obstante, agrega, “estamos al debe con las certificaciones, con las capacitaciones (…) El Ministerio dice que se necesita a los 60.000 recicladores, pero no están inscritos ni 3.000 en la plataforma de Medio Ambiente”. La dirigente considera que el trabajo no es fácil y, si bien hay personas como ella que tienen mucha experiencia y conocen tanto el oficio como todo el sistema, hay otros que requieren de más capacitación en torno a la ley.

“Si le preguntas a un reciclador en la calle sobre la ley no va a tener idea; está trabajando en esto, pero no tiene nociones. Se necesita una capacitación en lenguaje del reciclaje, de la recolección, porque esto cambió, ya no es una recolección que yo recojo papel, cartón y me lo compra el viejtito de la esquina y me paga lo que quiere. (…) Hace falta mucha información, no solo para los recicladores, sino para todos; si pregunto en los negocios de la manzana ‘oye, con qué recolector estás trabajando’, responden que no tienen recolector, no existe en su barrio, que nadie va para allá”.

“Hay 60.000 recicladores, están en todas las regiones recolectando, sin saber que hay más recicladores, sin saber que hay organización, sin saber que hay una ley, sin saber que son importantes para la ley, para el medio ambiente”.

Tal como señala Denisse Morán, según cifras del último Informe del Estado del Medio Ambiente, a 2023 solo 2.500 recicladores de base estaban certificados por ChileValora, de un universo estimado de 60 mil. 

Consultado al respecto, Tomás Saieg, del MMA, dice que “la baja certificación afecta directamente a la capacidad de los recicladores de base para integrarse en los sistemas de gestión REP (…) Esta situación perpetúa su exclusión del mercado formal y reduce su acceso a oportunidades laborales equitativas”.

Para superar esta situación, señala el encargado ministerial, “es crucial fortalecer los programas de capacitación y certificación, simplificando los procesos y asegurando su accesibilidad en términos de costos y localización. Además, se debe fomentar un trabajo colaborativo entre sistemas de gestión y municipios para promover la certificación y formalización, así como difundir los beneficios de la certificación profesional, destacando cómo esta dignifica el oficio y mejora las oportunidades laborales”.

Soledad Mella Vidal, presidenta de ANARCH, es muy crítica sobre este punto y sostiene que “una cosa es que estemos en la ley y otra cosa es que realmente nos incorporen, porque al incluirnos en la ley no se reconoció el proceso y el aporte históricos que han hecho los recicladores de base en Chile. Ese es el mayor desafío que tenemos hoy día”. Por ejemplo, señala que la certificación -en cuatro competencias: reciclador base, avanzado, acopiador y administrativo- tiene un costo que puede ser $280.000 en Santiago, y “en regiones extremas como, Punta Arenas o Arica, puede costar hasta $700.000”. Relata que tuvieron que hacer alianzas con el mundo privado para que usaran sus franquicias tributarias (SENCE) en la capacitación de recicladores de base.

Mella agrega que cualquier persona puede certificarse como reciclador y eso no le parece bien, porque se han encontrado con profesionales y “hasta funcionarios municipales” certificados. “Entonces los años de historia, los años de proceso que han vivido los recicladores de base no los reconoce tampoco la ley”.

Agrega que hay otro problema, “más grave”, que es la obligación de estar formalizados para firmar los convenios. “Desde que se empieza a implementar la ley, no sirve solamente la certificación como reciclador de base para poder ser parte del modelo, se necesita tener un modelo empresarial que te permita facturar (…) Para mí la formalidad no tiene que ver con un contrato o con ser una Pyme o un emprendimiento; tiene que ver con lo que tú haces”. En relación a la formalidad, dice, tuvieron un gran desafío “en convencer a nuestros compañeros que para poder ser parte del modelo de gestión teníamos que armar cooperativas”.

Actualmente hay 42 cooperativas “levantadas por ANARCH, pero no gracias al Estado chileno, sino que gracias a la alianza que tiene la ANARCH con la Red LACRE, la Red Latinoamericana del Caribe Reciclador de Base, con quienes conseguimos un financiamiento”, cuenta Mella.

“En pocas palabras, tenemos una ley que es buenísima, que obliga al empresario de envases y embalajes, al productor de envases y embalajes, a hacerse cargo de sus residuos. Pero el Estado está ausente, porque en el fondo le entregó la pelota al privado y le dijo ‘ya, usted haga que esto funcione’. Pero a nosotros los recicladores de base, que somos el quintil más bajo de la sociedad, que estamos también entre la vulneración mucho más alta, y que no contamos ni con infraestructura ni la maquinaria para poder hacernos cargo de esto, nos dejan totalmente desamparados”, dice la representante de ANARCH.

“Pese a todo, igual hemos logrado buenos convenios con ReSimple, estamos dignificando el trabajo de los compañeros, haciendo entender que no queremos seguir viviendo de la venta del material, sino que queremos que se reconozca nuestro servicio y se pague por él. Y que el material sea un incentivo para seguir reciclando y reciclar más de lo que hemos reciclado durante tanto tiempo”, concluye Soledad Mella.

Catastro y descentralización

Otro desafío relevante que menciona el jefe de la Oficina de Economía Circular del MMA es “avanzar en un catastro más certero sobre la cantidad real de personas que se dedican a esta actividad a lo largo del país”. Para fortalecer el proceso de inclusión y certificación, dice, “uno de los principales retos es la falta de datos fidedignos, ya que no existe un catastro que permita determinar con precisión el número real de recicladores en el país, lo que dificulta la evaluación de los progresos y las brechas existentes. Además, la cobertura de los programas de certificación y apoyo técnico es desigual, siendo insuficiente en muchas regiones, especialmente en las más apartadas”.

A lo anterior se suma el “desconocimiento sobre los beneficios reales de la certificación, tanto entre los recicladores como entre municipios y empresas, lo que dificulta su adopción. Estos desafíos reflejan la necesidad de implementar estrategias más inclusivas y equitativas para profesionalizar el oficio y mejorar las condiciones laborales en todo el país”, añade Saieg.

En esa misma línea, Denisse Morán, de Iquique, comenta la necesidad y la complejidad de “conocerse y reconocerse” entre los recicladores de base. Cuenta que cuando comenzaron a organizarse, por ahí por 2008, debieron hacer muchos esfuerzos por saber dónde estaban los recicladores, en qué condiciones estaban trabajando, y convocarlos a ser parte de una organización.

“Debemos tener un mapeo nacional de dónde están nuestros recicladores, en qué posiciones están y qué les hace falta, en cada comuna. Por ejemplo, nosotras como mujeres recicladoras a cargo de un punto limpio, que tiene un convenio con el GRANSIC, nos alcanza para atender casi once mil personas; entonces, ¿cuántos de esos espacios hacen falta para cubrir la región? Y que un porcentaje mucho menor de residuos termine en los cerros, en los vertederos o un relleno sanitario. Porque lo que se desperdicia no solamente es materia prima, sino también se desperdicia mucho trabajo”. Para poder abordar todo eso, dice la presidenta de la Asociación Gremial de Recicladores de Tarapacá, es necesario primero identificar quiénes son realmente recicladores y capacitarlos.

“Hemos avanzado y cada vez somos más fuertes en dignificar la labor, el reconocimiento, el pago por el servicio, y la inclusión de los sistemas de gestión,  pero tiene que ser justamente como empezamos, con la fuerza de nosotros, con las y los recicladores”, dice Denisse Morán.

Como líder de los recicladores de Tarapacá, Morán tiene muy claro que la descentralización en un enorme desafío, pues viven día a día las dificultades de realizar su trabajo en una región alejada de la capital. Plantea varias situaciones en las que están en desventaja: cuando deben enviar materiales a plantas de valorización en Santiago deben hacerse cargo de los costos de envío de gran cantidad de toneladas; y cuando venden los materiales en su zona, eventualmente los precios pueden ser menos convenientes.

“Descentralizar la industria del reciclaje hoy día es un asunto muy necesario, no puede ser que esté concentrada en Santiago y que tengamos que pagar el pato, por decirlo así, los recicladores que estamos en ciudades extremas como Iquique, Arica, Punta Arenas, Puerto Varas. Por ejemplo, el PET lo pagan a $700, pero nos descuentan casi un 50% por el viaje, lo que no ocurre con los compañeros que están en el mismo Santiago o Viña del Mar. El GRANSIC debe ver que la botella contamina tanto en Santiago como en Puerto Varas”, dice Denisse Morán.

Asimismo, plantea un tema que les afecta especialmente en Iquique por estar en una zona franca. “Tenemos que pagar arancel aduanero, siendo que este residuo ya pagó impuesto una vez que ingresó al país, como el embalaje de algo. Creemos que eso se debe modificar, no podemos seguir pagando impuestos por los residuos para que viajen hasta Santiago, hasta la industria valorizadora”.

La dirigente tarapaqueña cuenta que han hablado con varias autoridades, a nivel regional y nacional, pero que no han encontrado solución para este tema. “En la Aduana nos dicen que hay que pagar impuestos aduaneros porque se comercializa, pero no es así, porque no hay una comercialización a través de la Ley REP, sino que hay una recolección y lo que se paga es por nuestro servicio de recolección. Hay que seguir viendo el tema a nivel de Estado”.

Al debe en infraestructura y jubilación

Soledad Mella, presidenta de ANARCH, plantea que, en general, los recicladores requieren de más infraestructura para poder desarrollar su trabajo, y que les resulta difícil tenerla, tanto por los costos como por la lentitud para sacar los permisos sanitarios. Por ejemplo, dice, se requiere de más centros de acopio y centros de pretratamiento de residuos. “Hoy día obtener una resolución sanitaria es como ir a pedirle hora a un cardiólogo para que te haga un examen. Dificilísimo”, señala la dirigente, quien considera que para estos trámites debiesen tener un trato distinto a las grandes empresas.

“Los que están dentro del modelo son los privados. Y un reciclador de base no puede competir con todas esas grandes empresas (…) que estaban acostumbradas a enterrar la basura, pero ahora son sistemas de gestión de residuos. (…) En esa batalla estamos y hemos logrado muchas cosas. Actualmente yo me relaciono con el sistema de gestión que es ReSimple, con el cual tenemos sumamente buena relación, donde hemos logrado hacer un montón de convenios. Pero eso también está dentro del decreto ley, que dice que las cooperativas de recicladores de base pueden entrar por convenio directo, no necesariamente tienen que licitar. Y eso nos permite entrar por convenio directo”, agrega Soledad Mella.

La presidenta de la A.G. de Recicladores de Tarapacá coincide en que se requiere de más infraestructura, equipamiento y vehículos para el trabajo que ellos desarrollan. “Estamos al debe con la infraestructura; tenemos muchas capacidades, sin embargo, nos encontramos sin centros de acopio, por ejemplo. El Estado, a través de Bienes Nacionales, nos trata igual como si estuviéramos haciendo un negocio por las tierras que solicitamos. No es así, esto es en beneficio de todos, ni siquiera queremos tierra para nosotros, sino en comodato para poder hacer los centros de acopio gigantes que necesitamos”, señala Denisse Morán y agrega que si no hay lugar para acopiar, no pueden rescatar los materiales para su valorización y se corre el riesgo de que no se puedan cumplir las metas de la REP. En este tema, cree que deberían recibir apoyo de las municipalidades y gobiernos regionales.

Por otro lado, la dirigente plantea una situación con el acceso a vehículos adecuados para transportar los fardos de materiales, de más de 50 kilos. “Necesitamos vehículos para movernos, ya no podemos movernos con tracción animal, o con carretones o triciclos cuando llevamos peso. Necesitamos pasar a la otra etapa, con vehículos motorizados. No tenerlos nos impide hacer la cantidad de reciclaje que deberíamos estar haciendo, provoca ineficiencias y no podemos competir en igualdad con grandes empresas”, comenta. Explica que una de las principales limitantes para acceder a esos vehículos -y otras maquinarias- es que los fondos de fomento de CORFO y SERCOTEC “no están destinados a vehículos motorizados”. “Creemos que se deben cambiar las bases”, concluye Morán.

En un tema más social, la presidenta de los recicladores de Tarapacá cuenta que actualmente están “dando la pelea por la jubilación de nuestros recicladores adultos mayores, y no lo vamos a tener tan fácil”. Para esto se han unido con los recicladores de Arica y con otros dirigentes para “pedirle al Presidente, pedirle al Estado de Chile, que los jubile porque, lamentablemente, ellos empezaron mucho antes, están cansados, están agotados, muchos de ellos no van a poder seguir reciclando, ¿y de qué van a vivir?, nunca van a tener una jubilación. Creo que es una lucha grande, y una deuda que tiene Chile con sus recicladores y recicladoras”.