Ha pasado una semana desde la publicación del anteproyecto que fija las metas de recolección y valorización y otras obligaciones relativas a las baterías fuera de uso (BFU) -uno de los siete productos prioritarios de la Ley REP (N°21.920)-, a partir de la cual se inició la consulta ciudadana sobre el documento. Los actores involucrados en el cumplimiento de la ley para este producto -gestores, recicladores, productores- ya analizan en detalle el texto y algunos de ellos comentaron a País Circular los aspectos positivos de la propuesta, así como aquellos que generan dudas o, directamente, rechazo.

A grades rasgos, el anteproyecto establece dos categorías bajo la regulación: baterías de plomo-ácido, principalmente usadas en vehículos con motor a combustión; y baterías de iones de litio, utilizadas básicamente en vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Se mencionan también “otras baterías”, para cuyos productores no aplica la REP, pero sí deben entregar la información especificada en la ley.

Los productores de las baterías de litio y de plomo, es decir, aquellos que las introducen por primera vez al mercado nacional, deben cumplir metas de recolección y valorización, que para las BFU de plomo comienzan el primer año con 50% del volumen puesto en el mercado el año anterior, y para las BFU de litio se inician al tercer año, con un 15%.

Asimismo, se incluyen otras obligaciones, como la formación de Sistemas de Gestión con todos sus requisitos y funciones. También la responsabilidad de algunos comercializadores (con más de 400m2 de superficie abierta al público) de recibir y almacenar las BFU sin costo para quien las entrega. Además, el deber de los productores de baterías de litio de incluir una etiqueta con especificaciones que facilitarán su reciclaje, entre muchas otras.

Para la Asociación Nacional Automotriz (ANAC), cuyos socios están regulados por la Ley REP para varios productos prioritarios (neumáticos, aceites lubricantes y baterías), “este anteproyecto está siguiendo un camino incorrecto, porque está alejando a Chile de la práctica internacional en materia de reciclaje y economía circular para baterías”. Así lo señala el secretario general de ANAC, Diego Mendoza Benavente, y agrega que las metas, especialmente para las BFU de litio, no se condicen con la situación de estos residuos en el país.

“Las baterías de plomo y las baterías de litio son dos realidades de descomposición y duración muy distintas. En el caso del litio, sobre todo, que es algo que está en etapa incipiente en Chile, tiene una duración muchísimo mayor y hay un pasivo ambiental muy ínfimo en nuestro país para ser reciclado todavía, porque es una electrificación que recién está comenzando”.

De acuerdo con el ejecutivo de ANAC, el gremio cree que las baterías de litio no debiesen incluirse en este reglamento, sino que ser regularlas a futuro, para lo cual se debería comenzar “de inmediato un estudio aparte del estado del mercado automotriz y de los orígenes del litio que está llegando, porque esta tecnología en el mundo cambia mucho, hay baterías de diferentes tipo, que tienen componentes y variables distintos en la química, y que van a tener duraciones diversas, y una segunda vida de la batería también distinta”.

Diego Mendoza fue parte del Comité Operativo Ampliado (COA) que participó en la elaboración de la propuesta del Decreto Supremo, y subraya que en esa instancia se hicieron estas observaciones, pero no se tuvieron en consideración. “Para nosotros, un sello del gobierno saliente es que ha sido de oídos sordos, porque se mandaron antecedentes, se habló extensamente en comités que ocurrieron hace ya bastante tiempo, pero el gobierno no escuchó y eso se ve en este anteproyecto escrito. Lo vamos a volver a decir, y creemos que con el nuevo gobierno se puede abrir una oportunidad”.

Subcategorías de litio

Nicole Briones Silva, co-fundadora de la empresa Relitia, que recicla baterías de litio, coincide en que falta mayor precisión técnica sobre este tipo de BFU, y cree que podría incluirse en el texto en consulta.

“Este anteproyecto es un avance necesario dentro de la implementación de la Ley REP. Es algo que se estaba esperando hace tiempo, y sabemos que era complejo, porque se tuvo que levantar harta información en torno a las baterías. Así que es súper positivo que por primera vez se estén fijando metas específicas. Eso da certeza regulatoria, e inmediatamente va a permitir estructurar un modelo de mercado un poquito más formal para la recolección, la reutilización, la segunda vida y el reciclaje de las baterías”, comenta Nicole Briones, doctora en Ciencias con mención en Química.

De igual modo, considera que, desde lo técnico, “hay ciertas cosas que pueden ser incluidas para robustecer un poco más el anteproyecto”. Uno de esos puntos, sostiene la Dra. Briones, tiene relación con la trazabilidad: “Quizá hacer una distinción en las subcategorías de baterías, porque no todas son iguales, existen las baterías de vehículos eléctricos, almacenamiento estacionario, las herramientas eléctricas son distintas, las de equipos industriales también, todo dentro de la clasificación de baterías de iones de litio, pero la química en cada una de ellas es diferente. No hay una métrica agregada que refleje estas realidades diversas en subcategorías y eso es algo que se podría agregar”.

En esta línea, la especialista valora que el anteproyecto establezca “un etiquetado más formal”, y dice que va a ayudar a la trazabilidad y el tratamiento seguro de las BFU de litio.

Desde el Centro Tecnológico de economía circular con sede en Iquique, CircularTec, también celebran la publicación del anteproyecto. “Es una muy buena noticia, lo esperábamos con ansias. El marco regulatorio siempre ha sido fundamental en todo lo que tiene que ver con el reúso y reciclaje de productos prioritarios, y para el ecosistema de segunda vida de baterías, que queremos que se desarrolle en Chile, es fundamental”, sostuvo Marcelo Matus, quien dirige el proyecto LiBR3 de CircularTec.

Agrega que la inclusión de la obligatoriedad del etiquetado es clave, “porque sin trazabilidad es muy difícil saber qué batería tenemos enfrente, qué materiales la componen, cómo tratarla y, ojalá, cómo reutilizarla antes del proceso de reciclaje final”.

Marcelo Matus, doctor en Ingeniería Eléctrica, pone énfasis en la reutilización de las baterías de litio porque ese es el foco del proyecto de investigación y desarrollo LIBR3 (Lithium Battery Reuse, Recycle and Reduce), y considera que “uno de los puntos más interesantes del anteproyecto es justamente que la reutilización aparece como algo destacado, concreto y medible. Es un paso muy importante para quienes integramos CircularTec”.

Baterías de plomo

Antonio Carracedo Diez, director ejecutivo de Recimat, principal empresa de reciclaje de baterías de plomo-ácido en el país, valoró positivamente el anteproyecto, “ya que entrega claridad regulatoria y consolida el principio de responsabilidad extendida del productor respecto de un residuo estratégico y altamente peligroso para la salud y el medioambiente si no se gestiona adecuadamente. Es una señal relevante para fortalecer la economía circular con estándares ambientales altos y coherentes con la normativa nacional y los compromisos internacionales vigentes”.

Sobre las metas de recolección y valorización, el ejecutivo de Recimat explicó que “las baterías de plomo-ácido presentan históricamente altas tasas de recuperación en Chile, gracias a la existencia de capacidad instalada para su reciclaje y a una mayor conciencia ambiental tanto a nivel industrial como ciudadano. En ese contexto, consideramos que las metas son realistas y alcanzables, ya que reconocen la infraestructura nacional disponible y el principio de privilegiar la valorización local cuando existen condiciones técnicas adecuadas. Esto entrega estabilidad y proyección al desarrollo de la industria formal en el país”.

En cuanto posibles mejoras al texto, Antonio Carracedo, quien también fue parte del Comité Operativo Ampliado (COA), señaló que “creemos importante reforzar la trazabilidad y la fiscalización para evitar desvíos hacia la informalidad, que es uno de los principales riesgos en residuos de este tipo. Asimismo, será clave asegurar la coherencia entre este reglamento y la normativa nacional sobre residuos peligrosos y los estándares de gestión ambientalmente racional que Chile ha reconocido en sus compromisos internacionales”.

La informalidad es uno de los puntos que aborda José Luis Martínez, gerente general de Ecobaus, empresa que gestiona baterías de plomo fuera de uso y otros residuos, entre ellos aceites lubricantes, también regulados por al REP. En el anteproyecto de BFU, dice, “se observa una preocupación real por la informalidad. Es la primera vez que veo en los ‘Vistos’ el problema de la informalidad, y está bien planteado el tema de la trazabilidad, que es indispensable”.

A su juicio, en esta oportunidad hubo “mayor preocupación por las brechas que tiene el mercado -como la informalidad-, de la que tuvo la autoridad con otros decretos supremos similares, de productos similares, como el de aceite lubricante, que es un residuo peligroso también y que tiene un valor positivo”.

José Luis Martínez, quien integró el COA, comenta que quizá un análisis más exhaustivo del documento arroje otros detalles -positivos y negativos-, pero por lo pronto observa progresos y aprendizaje. “Hay elementos que se manifiestan de manera expresa para la logística inversa, que es el gran problema de los residuos, como el acopio -los 400 metros-, las autorizaciones para acopiar, donde se menciona, por ejemplo, que en recintos donde hay una comunidad de talleres de reparación pueden tener bodegas adyacentes sin necesidad de nuevas autorizaciones que las que ya tienen los locales principales. Hay una mirada más en detalle de los aspectos más críticos que tiene la logística de los residuos, y especialmente de los peligrosos, con el tema de la trazabilidad. No lo había visto tan expresamente señalado en otros decretos como lo vi en este”.

Metas para BFU de plomo ¿bajas o altas?

Sobre las metas, el gerente de Ecobaus considera que son bajas. Para las BFU de plomo se inicia el primer año con 50% de recolección y valorización, aumentando de manera gradual hasta alcanzar el 90% al noveno año. “El 90% podría estar al año 3 o 4; el mercado debería poder lograrlo. Porque nadie está copiando de manera indefinida. Todas las baterías se entregan. Pero la informalidad ocurre [y no queda registrada la valorización], no porque hay un informal que lo lleve a un tratamiento irregular, sino porque hay un generador que lo entrega indebidamente”.

A su juicio, si se establece mayor control sobre las entregas, se acabaría la informalidad. Sin embargo, explica que existe un rechazo ‘cultural’ de los generadores más pequeños, que subdeclaran y entregan a gestores informales debido a que así evitan tener un plan de manejo como exige el Decreto Supremo N°148 del Ministerio de Salud para quienes generan más de 12 toneladas de residuos peligrosos.

Una mirada radicalmente distinta tiene Diego Mendoza, de ANAC, quien considera que “las metas para las baterías de plomo son elevadas. Comenzar con 50% el primer año es alto, porque la experiencia ha demostrado -en el decreto de envases y embalaje, el de neumáticos y creo también en el de aceite- que la capacidad instalada para procesar todo esto en Chile no es suficiente. Se requiere inversión, capacitar el personal, formación de recicladores de base, que son cosas que toman tiempo. Hay que socializarlo mucho, hay que buscar desarrollos regionales, son una serie de exigencias que hacen que partir con 50% el primer año sea muy exigente”.

El Análisis General de Impacto Económico y Social (AGIES) que se realizó como parte del proceso para la elaboración del anteproyecto establece las líneas base de recolección y valorización de BFU, que en el caso de las de litio es 0%, y en las de plomo, del 90%. Sobre estas últimas, el AGIES indica que “para la evaluación de este Anteproyecto se incorporó información recopilada por DICTUC, 2021, en la cual, la recolección y valorización de baterías de plomo-ácido ya alcanza el 90% del total de residuos generados”.

Consultado sobre esas cifras, el ejecutivo de ANAC sostuvo que discrepan con la pertinencia de esa información, pues se refiere a los residuos, mientras que las metas de la REP son un porcentaje de los productos puestos en el mercado el año anterior: “Hasta el día de hoy solo se ha medido la valorización de baterías de plomo en base al mercado pasivo de esas baterías en el país”.

En este punto, Diego Mendoza reitera un reclamo que hicieron en su momento en relación a los neumáticos: “Se contabiliza la venta de autos nuevos con baterías de plomo para que sean recicladas al año siguiente de su venta, y ese es un error, porque las baterías de plomo no duran un año en un auto cero kilómetros, sino que pueden durar ocho años o más. Por lo tanto, pedir una valorización de esas baterías -que se venden 300.000 o 350.000 vehículos en promedio en un año, más los camiones, más los buses- establece una sobreexigencia de valorización y para eso Chile no está preparado. Esas son cosas que hay que corregir en este anteproyecto”.

Metas para BFU de litio ¿son factibles?

Para las baterías de litio, el anteproyecto establece que “al menos un 30% de la meta de valorización deberá ser cumplida a través de la preparación para la reutilización”, lo que muy valorado por CircularTec. “Se otorga un rol importante y prioritario a la reutilización en la valorización de las baterías. Esto impulsará su segunda vida y la economía circular en el sector. Y ahora estamos incluso más motivados para seguir apoyando desde LIBR3 el desarrollo del ecosistema de servicios e innovación que se está generando en torno al reúso de baterías. Esta meta la vemos como un gran incentivo”, comentó Marcelo Matus.

Nicole Briones, de Relitia, también considera que es una buena señal porque “permite maximizar siempre el valor ambiental y económico de las baterías. No obstante, para que funcione necesitamos estándares técnicos que sean claros y mecanismos que permitan que una segunda vida sea segura y que sea trazable”.

En cuanto a las metas generales de recolección y valorización de las BFU de litio, que comienzan al tercer año con el 15% y van aumentando hasta llegar al 50% al décimo año, la doctora en Ciencias destaca que sean graduales, y cree que “son alcanzables, pero tiene que haber una inversión detrás”.

“Todavía tenemos una infraestructura que es limitada para el reciclaje de baterías de iones de litio (…) Para cumplir estas metas vamos a requerir inversión, desarrollo tecnológico, una articulación público-privada y varias otras cosas para llegar a una infraestructura que sea acorde a la realidad y a las metas que se están poniendo”, dice Briones, quien es académica e investigadora del Departamento de Química de la Universidad Católica del Norte (UCN).

A su vez, Marcelo Matus, de LIBR3, prefiere no opinar sobre las metas pues, “honestamente, lo estamos analizando”. Por ejemplo, dice, las metas comenzarían a regir entre el 2031 y el 2032, “considerando los tiempos de tramitación y los plazos del mismo decreto”. “Si para esa fecha el mercado de autos eléctricos ha explotado, podría ser que el ‘stock pasivo’ de baterías -las que deberían estar saliendo de la flota de autos eléctricos que a la fecha tengan 10 a 12 años- no converse con la meta. Lo mismo puede pasar con los sistemas BESS (battery energy storage system), dependiendo de qué tanto crecerá el mercado a esa fecha”.

“Estamos revisando distintos escenarios de crecimiento para ver si las metas resultan muy exigentes o conservadoras”, añade el doctor en Ingeniería Eléctrica.

En tanto, para el secretario general de la Asociación Nacional Automotriz no hay dudas al respecto: “Un 15% al tercer año, en base a lo que se haya incorporado el año anterior, es una ficción absoluta, que se aleja de lo que hemos visto en todo el mundo, donde hay electromovilidad mucho más avanzada que en Chile y donde sí existiría un pasivo que reciclar, una industria de reciclaje de litio ya instalada. Nada de eso ocurre en Chile y, por lo tanto, es una aceleración que, si no se corrige en este anteproyecto, puede ser un disparo en los pies a la electromovilidad en el país, porque lo único que va a lograr es multar y multar a todo aquel que vende un auto eléctrico por incumplimiento de metas”.

Ni siquiera considerando que la entrada en vigencia de las metas sería después de 2030, ANAC cree que los porcentajes estipulados puedan ser viables. “Con mucha seguridad, no va a haber un pasivo relevante durante toda la década de 2030 en Chile, o sea, hasta el año 2039. Porque se ha avanzado lento en las metas de electromovilidad; desde diciembre se está revisando la estrategia nacional de electromovilidad por esa lentitud. Recordemos que hoy lo que está publicado es que el 100% sea el 2035. Y estamos en 1,8% de solo eléctrico; si sumamos algo de híbridos enchufables, podemos llegar a un 2,8. O sea, estamos muy por detrás, faltando ya menos de 10 años”.

“Este anteproyecto de decreto sale un poco a destiempo. Parece haber sido redactado cuando el mundo estaba en otra situación de electrificación, hace muchos años, en base a mucha hipótesis, pero a poca experiencia práctica sobre el estado de avance real de la electrificación en el mundo, y particularmente en Chile, que se va a demorar más. Por eso que nuestra solicitud en este punto va a ser que, como se busca promover la electrificación en Chile, lo correcto sería dejar el litio para la movilidad eléctrica fuera en esta regulación, no regularlo en este decreto”, concluye Diego Mendoza.