(Segunda Parte) Tras un año del comienzo de la Ley REP para Envases y Embalajes, Sistemas de Gestión Colectivos comentan sus expectativas
La implementación de la Ley REP conlleva un cambio de paradigma en la forma de gestionar los residuos, lo que requiere de ajustes y esfuerzos de toda la sociedad. Así ha quedado demostrado en los 12 meses que han pasado desde la entrada en vigencia total de la ley para el producto prioritario de Envases y Embalajes (EyE). A partir de los aprendizajes de este periodo, los Sistemas de Gestión Colectivos (GRANSIC) de EyE relevan el rol de la Superintendencia del Medio Ambiente como entidad fiscalizadora, confían en la colaboración con el Ministerio del Medio Ambiente para hacer modificaciones pertinentes, y subrayan la necesidad de más comunicación para involucrar a la ciudadanía y a otros actores, como consumidores industriales y los mismos productores regulados. Para profundizar en estos temas, País Circular conversó con representantes de los 4 GRANSIC para EyE: Pedro Álamos, de ProREP; Francisca Gebauer, de CampoLimpio; Nelson Urra, de GIRO; y Nathalia Silva, de ReSimple.
El 16 de septiembre se cumplió un año desde que entrara en vigencia de manera completa el Decreto N°12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que fija las metas de recolección y valorización y otras obligaciones asociadas de Envases y Embalajes (EyE), como producto prioritario de la Ley REP. Sin embargo, el cumplimiento de dichas metas comenzó a regir el 2 de octubre siguiente y, de ese modo, el primer año oficial de funcionamiento de la REP para EyE fueron 3 meses: octubre-diciembre de 2023.
Para dar cuenta de los resultados de ese primer año, los Sistemas de Gestión -individuales y colectivos- debieron entregar el 31 de mayo un informe a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), entidad encargada de la fiscalización del cumplimiento de la Ley REP, como lo explicó la Superintendenta Marie Claude Plumer hace unos meses, en entrevista con País Circular.
Paralelamente, los Sistemas de Gestión siguen trabajando para alcanzar las metas del segundo año, que corresponde a enero-diciembre 2024. En todo este proceso, han ido observando, ajustando, analizando, y tienen mucho que decir luego de 12 meses de implementación de la Ley REP. Y es que los Sistemas de Gestión son una pieza clave para el éxito de esta ley que cambia radicalmente la manera de gestionar los residuos en el país, con el objetivo de cuidar el medioambiente y la salud de las personas.
Para Envases y Embalajes se han constituido 4 Sistemas de Gestión Colectivos (GRANSIC): dos de ellos “mixtos”, es decir, para las categorías Domiciliaria y No Domiciliaria: GIRO y ReSimple; y dos que son solo No Domiciliaria: ProREP y CampoLimpio, siendo este último especializado en EyE agroindustriales. Los EyE No Domiciliarios representan cerca del 40% de los residuos de este producto prioritario e incluyen 3 materiales: metal, papel y cartón, y plásticos; los Domiciliarios, que son el 60% restante, incluyen otros 2 materiales: cartón para líquidos, y vidrio.
País Circular quiso conocer la evaluación de estos 4 GRANSIC sobre el funcionamiento de la ley hasta ahora. Ayer publicamos una primera parte de esa evaluación, centrada en los aprendizajes y en algunos desafíos relacionados, por ejemplo, con la lenta adhesión de los productores regulados, y con la necesidad de sumar más comunas a la recolección segregada, por mencionar algunos.
En esta segunda parte, entregamos la mirada de estos Sistemas de Gestión Colectivos en relación a sus expectativas, en torno a aquello en lo que se debiera avanzar para optimizar la implementación de la Ley N°20.920, que “Establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje”, conocida como REP. Para esto conversamos con Pedro Álamos, Gerente General de ProREP; Francisca Gebauer, Directora Ejecutiva de CampoLimpio; Nelson Urra, Gerente General de GIRO; y Nathalia Silva, Gerenta de Economía Circular de ReSimple.
Entre otros aspectos, coinciden en la importancia del rol de la SMA, en la urgencia de mejorar la comunicación de la ley para lograr el indispensable involucramiento de los consumidores y la ciudadanía en general, así como en la posibilidad de hacer modificaciones cuando se revise el Decreto N°12, gracias a la colaboración con las autoridades, especialmente el Ministerio del Medio Ambiente.
“Sería muy triste que en el primer año ya se estuviera multando a los Sistemas de Gestión, porque esas multas repercuten directamente en las empresas y podría ser un desincentivo; que esas empresas digan ‘por qué estoy metido acá, si la empresa que está afuera, que no está cumpliendo, no está cubriendo esta multa’”.
“Lo esperable es que en una primera instancia el foco de la SMA estuviese puesto ahí [en la adhesión de los productores], de manera de asegurar que todos los productores están cumpliendo con las mismas condiciones, que no se genere una desigualdad de condiciones en el mercado, debido a que hay algunos productores que sí están en un Sistema de Gestión y otros que no”.
El rol de la Superintendencia
Con respecto a la Ley REP, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) tiene competencias fiscalizadoras, sancionatorias y normativas, lo que otorga a sus decisiones un papel muy relevante, especialmente en los primeros años de implementación de la normativa. Así lo señalan las y los representantes de los GRANSIC, quienes están a la espera de la revisión que la SMA está haciendo de los informes de 2023 -donde se incluye la lista de las empresas que están adheridas- para determinar si se cumplieron o no las metas y otras responsabilidades de los productores.
Nelson Urra, de GIRO, lo resume de este modo: “Desde las empresas afectas a la normativa aún se espera una manifestación oficial del regulador -particularmente la Superintendencia del Medio Ambiente-, para que la implementación de esta Ley, termine por generar los incentivos reales para una total movilidad desde los regulados”. De modo similar, Nathalia Silva, de ReSimple, comenta que están “esperando la respuesta por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente para tener conclusiones, realizar mediciones y continuar planificando los próximos pasos”.
Desde ProREP, junto con indicar que también están en esa espera, agregan que creen que con sus acciones y decisiones la SMA puede entregar señales relevantes a los actores involucrados en la ley. Especialmente, creen que es necesario que comience las fiscalizaciones para que el riesgo de las multas sea una realidad tangible para aquellos productores que no han adherido a un Sistema de Gestión y, por lo tanto, están incumpliendo su responsabilidad.
“Es un tema que se lo hemos planteado a la Superintendencia. Entendemos que no tienen la capacidad de fiscalizar a todas las empresas que están fuera de los sistemas de gestión, pero lo que sí nos manifestaron es que las líneas de sanción van a ser dos”, comenta el Gerente General, Pedro Álamos. Esas dos líneas de sanción son: a los Sistemas de Gestión que no hayan cumplido con las metas, y a las empresas que se encuentran fuera de los Sistemas de Gestión.
“Frente a eso -agrega Álamos-, les pedimos que ojalá los procesos sancionatorios que se abran con estas empresas que están fuera sean información que se haga pública, que exista una buena comunicación sobre esto, para que todo ese 85% de productores (de EyE) que no han adherido lo vea y se produzca algún movimiento de su parte”.
“Que sea algo ejemplificador, porque si bien hay empresas medianas y pequeñas que están fuera, también hay empresas grandes que no están adheridas. Por ejemplo, nosotros seguimos teniendo conversaciones con mineras, mineras grandes que todavía no están en ningún Sistema de Gestión. Creemos que más relevante que el número de empresas sancionadas es que sea algo público y ejemplificador”, agrega el representante de ProREP.
Ante la consulta sobre las eventuales sanciones por el incumplimiento de las metas, Álamos responde que cree “que va a haber cierta flexibilidad, porque estamos todos aprendiendo, falta mucho todavía, en comunicación, educación, etc., y creo que eso sería una muy buena señal. Sería muy triste que en el primer año ya se estuviera multando a los Sistemas de Gestión, porque esas multas repercuten directamente en las empresas y podría ser un desincentivo; que esas empresas digan ‘por qué estoy metido acá, si la empresa que está afuera, que no está cumpliendo, no está cubriendo esta multa’”.
Un planteamiento muy similar es el que expresa Francisca Gebauer, Directora Ejecutiva de CampoLimpio: “Lo que esperamos, y creemos, es que la SMA va a partir por el inicio de la ley, y la primera parte de la ley es que los productores organicen y financien los Sistemas de Gestión”.
“Lo esperable es que en una primera instancia el foco estuviese puesto ahí, de manera de asegurar que todos los productores están cumpliendo con las mismas condiciones, que no se genere una desigualdad de condiciones en el mercado, debido a que hay algunos productores que sí están en un Sistema de Gestión y otros que no”, agrega la especialista.
“Uno de los principales aprendizajes -de estos 12 meses de implementación- ha sido la necesidad urgente de fortalecer la educación, y resaltar el valor e importancia del reciclaje, así como una mayor participación y empoderamiento de los ciudadanos como actores relevantes del sistema”.
Colaboración con el MMA
Debido a que la Ley REP implica una modificación muy relevante en la gestión de los residuos y que, además, se implementa sobre la base de cifras que en muchos casos son estimaciones, la revisión de los decretos será una instancia de gran valor para aplicar los aprendizajes de cada etapa de su implementación. Es por eso que el Decreto N°8, que regula el procedimiento para la elaboración de los decretos para los distintos productos prioritarios, establece que serán revisados “a lo menos cada cinco años, contados desde la completa entrada en vigencia del respectivo decreto supremo”.
En ese contexto, Pedro Álamos, de ProREP, cuenta que hace unos meses el MMA inició reuniones de mesas de trabajo donde están participando los Sistemas de Gestión junto a otros actores, como empresas gestoras. “Lo primero que nos pidieron fue levantar los puntos que consideramos relevantes que se debieran revisar de los decretos y cuáles han sido las principales dificultades y dolores que hemos tenido durante este año de implementación”.
Este trabajo, agrega Álamos, se irá dividiendo por temáticas, debido a que existen “dolores” distintos entre los EyE Domiciliarios y No Domiciliarios; lo mismo en el caso del producto prioritario Neumáticos Fuera de Uso (NFU), donde la categoría A tiene dificultades diferentes a la categoría B. “Tenemos la esperanza que se dé continuidad esas mesas y podamos manifestar todos los dolores que estamos sintiendo; que se pueda recopilar toda esta información y hacer las modificaciones dentro del decreto al que correspondería esta revisión el año 2025”.
“La autoridad está súper llana a escucharnos, a hacer las modificaciones, tanto la SMA como el Ministerio del Medio Ambiente; hay una muy buena comunicación con ellos, las reuniones por Ley de Lobby se ejecutan, sentimos que nos escuchan (…) y esperamos que eso se plasme en las mejoras que esperamos todos en la revisión del decreto”, subraya el ejecutivo de ProREP.
La Directora Ejecutiva de CampoLimpio también valora esa colaboración con las autoridades: “El Ministerio de Medio Ambiente tiene abiertas varias instancias, algunas que son públicas a través del sitio web, donde están recogiendo las dificultades, observaciones que tienen los distintos actores, para que los productores, gestores, Sistemas de Gestión, consumidores, todos quienes queramos, podamos aportar desde lo que hemos observado durante este periodo de implementación”.
Francisca Gebauer cree que esa información se está recogiendo “justamente para realizar los ajustes que lo ameriten (…) Al final, todos queremos que esto resulte, y ese es el propósito final”.
Entre los temas relevantes para hacer ajustes, la especialista cree que se debe tener flexibilidad con los gestores “para no poner en riesgo la capacidad e infraestructura de los gestores que tenemos en el país”, sobre todo los más pequeños, que carecen de condiciones para participar en licitaciones, como estipula la ley.
“Los principales desafíos se encuentran en el cambio cultural de la sociedad. Hacer que la ciudadanía chilena adquiera la costumbre de reciclar, y que puedan percibir el valor social y ambiental de contar con un servicio de recogida selectiva de materiales en la puerta de sus casas”.
Cambio cultural
Como se ha dicho, la Ley REP implica un nuevo paradigma en la gestión de los residuos y, como tal, no es algo que se pueda realizar de un día para otro. Así lo comenta la Gerenta de Economía Circular de ReSimple, quien señala que “la transición desde el manejo informal de residuos hacia un sistema más estructurado y eficiente sigue presentando muchos desafíos. La experiencia internacional nos muestra que alcanzar una alta participación ciudadana y empresarial en la gestión de residuos puede tomar varias décadas, como es el caso de países desarrollados. En el caso de nuestro país, debemos empujar para que se cumpla en un horizonte de 12 años (2035), lo que es un gran desafío, considerando que en Europa se demoraron 30 años”.
“Como bien sabemos, y tal como lo demuestra la evidencia científica, el tiempo no juega a nuestro favor, y los efectos del cambio climático no solo han llegado para quedarse, sino que continuarán intensificándose. En ese sentido, y desde la perspectiva de la gestión de residuos, uno de los principales aprendizajes -de estos 12 meses de implementación- ha sido la necesidad urgente de fortalecer la educación, y resaltar el valor e importancia del reciclaje, así como una mayor participación y empoderamiento de los ciudadanos como actores relevantes del sistema. Tal como lo son los municipios, con quienes vemos un gran espacio para seguir colaborando y fortaleciendo alianzas virtuosas que nos permitan avanzar hacia la creación de ciudades más limpias y sostenibles”, agrega Nathalia Silva.
Del mismo modo, el Gerente General de GIRO sostiene que “si bien tenemos un año de aprendizaje, estamos convencidos que seguiremos conociendo y mejorando la forma de implementar esta ley. Sin embargo, los principales desafíos se encuentran en el cambio cultural de la sociedad. Hacer que la ciudadanía chilena adquiera la costumbre de reciclar, y que puedan percibir el valor social y ambiental de contar con un servicio de recogida selectiva de materiales en la puerta de sus casas”.
A lo anterior, agrega Nelson Urra, “se suma el desafío de contar con más y mejores condiciones para el reciclaje ciudadano, para apoyar este gran cambio cultural que necesitamos lograr. Que de cara a las inversiones que hacemos los Sistemas Colectivos de Gestión, se traduce en mayor y mejor infraestructura y condiciones para facilitar la labor de reciclaje”.
Respecto a la necesidad de más y mejor información sobre la ley, Francisca Gebauer de CampoLimpio es tajante: “Siempre es necesario reforzar esa comunicación”.
“Si uno revisa la información del MMA sobre la Ley REP de Envases y Embalajes, está enfocado a temas Domiciliario y No Domiciliario en general. El área agrícola siempre es un mundo distinto, y quizá no queda incluido de la mejor manera en las comunicaciones que se realizan. Ahí nosotros tenemos que reforzar nuestras comunicaciones y en eso trabajamos bastante. Hacemos capacitaciones, seminarios web, muchas visitas al terreno”, comenta la ejecutiva y añade que, precisamente, en esta época se realizan muchas ferias agrícolas en distintas regiones del país, donde CampoLimpio se despliega para “llegar al agricultor que nos interesa y que efectivamente incorpore en sus procesos productivos el triple lavado, la entrega de envases en el Sistema de Gestión que está autorizado y no en otro, etc.”
Entregar esa información, señala Gebauer, es muy relevante, porque con los consumidores agrícolas existe una situación que califica de “preocupante”, y es que a veces entregan sus envases a actores que no están autorizados. Esto no solo implica que esos envases no son contabilizados, sino que “puede producir un problema a nivel sanitario y ambiental, porque se generan vertederos ilegales, contaminación al medio ambiente, etc. Porque esos envases alguien los retiró, alguien los gestionó y no sabemos dónde están”.
Las y los representantes de los cuatro GRANSIC destacan la importancia de los consumidores, y de la ciudadanía en general, para el éxito de la Ley REP para Envases y Embalajes. A nivel Domiciliario es indispensable que limpien, separen y entreguen los residuos de manera correcta para poder valorizar; de otro modo se dificulta mucho la labor de los Sistemas de Gestión y de los gestores. En cuanto a la categoría No Domiciliaria, en general existe más cultura al respecto, pero para envases agroindustriales tiene una mayor complejidad, pues son aquellos “que contienen plaguicidas, fertilizantes, bioestimulantes y otros productos similares que se utilizan en la industria agrícola”.
Según explica la directiva de CampoLimpio, “los consumidores juegan un rol importante en la gestión de los envases. Quizá se ha hablado más de ellos en el ámbito Domiciliario, pero también son relevantes en el No Domiciliario, en específico con los envases agroindustriales”. En concreto, el agricultor tiene que realizar un proceso, que consiste en el triple lavado -con agua- del envase en el momento en que ocupa su contenido, lo que permite “la descontaminación del envase para continuar con su adecuada gestión y posterior reciclaje”. La especialista cree que se requiere más información y fiscalización con los consumidores, y relata que un “buen aliado” en este caso son las certificaciones de buenas prácticas agrícolas, como el protocolo Global G.A.P., que incluye la adecuada gestión de los envases, y que ya están aplicando los agricultores más grandes y exportadores, porque son exigencias de los países que importan.