El próximo 13 de agosto debe comenzar una de las últimas fases en la implementación de la Ley 21.368, conocida como Ley PUSU, que limita la entrega de plásticos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos -restaurantes, casinos, clubes sociales, cocinerías, fuentes de soda, cafeterías, salones de té, panaderías y bares que comercialicen comida preparada- y regula la comercialización de botellas plásticas desechables, con el objetivo de proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos de esta materialidad.

Desde su publicación en el Diario Oficial, en agosto de 2021, se han cumplido varios hitos; el primero fue en febrero de 2022, con la prohibición de entregar utensilios para comer de poliestireno expandido o plumavit, bombillas, revolvedores, cubiertos y palillos de plástico de un solo uso en locales de venta de alimentos, además de la obligación de los supermercados a ofrecer y recibir botellas retornables. En agosto del año pasado este mandato se extendió al resto de los comercializadores de bebestibles y, en menos de 2 meses los supermercados deberán ofrecer en vitrina al menos 30% de botellas retornables, mientras que dentro de restaurantes y comercio del rubro se impedirá la entrega de productos de un solo uso, aunque fuera de estos locales se podrá proveer de productos desechables de materiales valorizables distintos del plástico o plástico certificado.

La cuenta regresiva está en curso y el reglamento -que debía estar aprobado el 13 de febrero de 2023- aún no está listo, dado que el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) se encuentra analizando las 232 observaciones que ingresaron al anteproyecto durante la consulta pública. Así las cosas, algunos sectores regulados han manifestado una alta incertidumbre. La Asociación Chilena de Gastronomía (ACHIGA) ha señalado la falta de solvencia económica de las pymes para afrontar los cambios operativos, mientras que la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y el Centro de Envases y Embalajes (CENEM) apuntan a la pertinencia y claridad, tanto de las obligaciones como de las prohibiciones respecto de los productos regulados.

Por su parte, las organizaciones ambientalistas y de la sociedad civil sostienen que los plazos para el cumplimiento son los adecuados. Con el objetivo de aportar a este debate, País Circular realizó el webinar Implementación de la Ley PUSU: Dificultades, retos y cumplimiento, moderado por el exministro del Medio Ambiente Pablo Badenier, y con la participación de Isidro Pereda, socio de Repensando Consultores; Magdalena Balcells, gerenta general de la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA); y Cristóbal Correa, director de Campañas de Contaminación Marina en Oceana.

El mercado del PET

La primera intervención estuvo a cargo de Pereda, quien dibujó un panorama desafiante para el PET, dado que las empresas reguladas no solo deben cumplir con las obligaciones y metas de la Ley PUSU, sino también con las metas de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento al Reciclaje (Ley REP), que entró en vigencia el 2 de octubre pasado para la recolección y valorización del producto prioritario Envases y Embalajes (EyE).

“Las embotelladoras (Ecusa, Andina y Embonor) tienen que recolectar los residuos de botellas de un solo uso para incorporarlas en un porcentaje en las botellas nuevas que pondrán en el mercado a partir de 2025, como señala hasta el momento la Ley de Plásticos de Un Solo Uso (PUSU) y su anteproyecto de reglamento”, señaló.

Al respecto, la ley fija porcentajes para las botellas plásticas desechables, los que van desde al menos 15% hasta 70% de plástico recolectado y reciclado en el país al año 2060. Con este material las plantas bottle to bottle (BtB) de CCU (CirCCUlar) y de Coca-Cola (Reciclar) tendrán que preparar rPET, “un tipo de PET reciclado con grado alimenticio capaz de poder mezclarse con material virgen y conformar una nueva botella sin ningún problema de inocuidad”, describió Pereda.

Explicó que si bien la meta de la Ley PUSU es más alta que la de la Ley REP, son similares en cuanto a volumen: “Las bases son distintas porque efectivamente es un 15% de los plásticos PET que se ponen en el mercado, que son aproximadamente 70.000 toneladas y eso da unas 9.000 a 9.500 toneladas que se tienen que retornar en botellas PET. Si uno va a las metas REP, el porcentaje es un 3% (el primer año), pero es un 3% de todo el plástico. El plástico domiciliario está en torno a 300.000 toneladas anuales y, por lo tanto, te da las 9.000 toneladas”.

Por otro lado, en este nuevo marco normativo el especialista en gestión de residuos puso énfasis en el rol que tendrán los sistemas de gestión colectivos (Gransic) de la Ley REP a la hora de evitar que el abastecimiento de PET para reciclar sea adjudicado a solo una de estas dos plantas BtB.

Al final de su presentación se refirió a otro asunto que la industria debería monitorear y que apunta a la distorsión de mercado que puede producirse al no haber un techo para fijar los precios del PET reciclado en el país. “Como se trata de residuos recolectados y valorizados en Chile, no tienen ese techo y existe un problema de mercado. Lo que puede ocurrir es que alguien se quiera apoderar de todo el PET o que vengan especuladores, que han aparecido en otros rubros como el cartón. En un momento hubo mucho especulador que acumulaba cartón y posteriormente lo vendían”, reparó.

Un posible aplazamiento

Compartiendo inquietudes de otros gremios, la Asociación Gremial de Industriales del Plástico (ASIPLA) ha manifestado una serie de reparos a la puesta en marcha del próximo 13 de agosto, principalmente por el retraso en la aprobación del reglamento que define los requisitos de plástico certificado y trazabilidad bottle to bottle. El Ministerio del Medio Ambiente debía dictarlo 18 meses después de haber entrado en vigor la ley, esto es, el 13 de febrero de 2023.

La gerenta general de ASIPLA, Magdalena Balcells, señaló que “existe toda la voluntad de adherir a esta ley”, pero “ninguna empresa se abastece de los insumos necesarios con 15 días de anticipación. Estas cosas se planifican con muchos meses y años, porque hay que imprimir etiquetas, hacer negociaciones, son grandes volúmenes, por lo tanto, esta certeza jurídica y los plazos es básico para que las empresas puedan seguir”.

La representante gremial dijo que, además de la falta de reglamento, los plazos ajustados no cumplirían con ocho resoluciones asociadas, relevantes para la correcta aplicación y cumplimiento de la ley y que tampoco tienen establecido un tiempo de ejecución. “Si hoy se cumplieran los plazos a raja tabla no llegamos al 13 de agosto, sale después”, lamentó.

Por otro lado, Balcells hizo notar que una oportuna y real fiscalización es fundamental en el éxito de la ley: “Si no fiscalizamos, (la ley) pierde credibilidad. Nos interesa que esta ley no solamente sea buena, sino que tenga un buen reglamento, que sea claro, que haya certeza jurídica y que sea fiscalizable, que aquel que no cumpla tenga que hacerse responsable”.

Otro ámbito que enciende las alarmas en ASIPLA es la posibilidad de greenwashing -publicitar algo como sustentable sin que lo sea- cuando una empresa deba certificar el plástico que entrega por servicio de delivery y deba exhibir ese certificado. “No tenemos un certificado chileno, por lo tanto, tendríamos que adherir a certificados internacionales, pero como no existe ni la certeza jurídica ni el certificado, y no existe ninguna ley que prohíba que uno publique cosas que no son ciertas, es espacio fértil para el greenwashing o lavado de imagen verde. Cualquiera publica lo que se le da la gana en los empaques”, dijo Balcells.

Mientras el reglamento se encuentra bajo revisión final del MMA, en el Congreso se tramitan nuevos ajustes a la ley. Balcells compartió información del avance de dos mociones en curso. Por una parte, el boletín 16.849-12, ingresado en mayo en el Senado, que establece la postergación de la entrada en vigencia , y un retraso de un año en la incorporación de ciertos porcentajes de material reciclado a botellas nuevas. Por otro lado, el boletín 14.572-12, que ingresó a la Cámara hace 2 años y 9 meses, que prohíbe las botellas de plástico desechables.

“En la comisión de Medio Ambiente del Senado se aprobó (el 19 de junio) un atraso de 18 meses en la entrada en vigencia (de la Ley 21.368) y un atraso de un año para el hito de la incorporación de pellets reciclado de grado alimenticio en botellas nuevas. Por otro lado, en un mundo completamente paralelo, tenemos lo que salió de la Cámara de Diputados, que tiene una moción de prohibir por completo la comercialización de botellas plásticas desechables en Chile y todos los productos de un solo uso, sin adherir 100% al concepto que establece la Ley PUSU que es un producto de un solo uso”, lamentó. Esta última moción comenzó a ser discutida por el Comisión de Medio Ambiente de la Cámara el 12 de junio pasado.

Experiencias positivas

Cristóbal Correa, vocero de Oceana -uno de los organismos autores de la ley- dijo que al hablar de esta norma como “Ley de Plásticos de Un Solo Uso, PUSU” se puede inducir a “errores o complicaciones” respecto de su real alcance. En ese sentido, agradeció a los otros panelistas por detallar los dos grandes focos de la normativa: la regulación de botellas plásticas desechables y el fomento a la retornabilidad; la prohibición de materiales de un solo uso en la venta de alimentos en los locales, y el uso de plástico certificado en el caso de delivery de comida.

El abogado recordó las razones de esta ley, remontándose a los alarmantes resultados del estudio que Oceana realizó junto a Plastic Oceans entre 2016 y 2018: 75% de la basura que había en las playas chilenas eran plásticos de un solo uso -como bombillas y vasos de helado-, ligados a la venta de alimentos.

“El estudio llevó a que se empezara a discutir cómo podemos hacer frente a esta problemática. Después de largas discusiones en el Congreso Nacional, se aprobó la Ley de Plásticos de Un Solo Uso. Fueron dos años y medio de debate y uno diría que es de las leyes rápidas”, resaltó Correa, subrayando que la iniciativa tuvo respaldo unánime dado que “ataca al principal generador de estos desechos”. En este sentido, comentó que mientras en un patio de comidas se acumulan materiales desechables, por otro lado los restoranes y fuentes de soda usan vajilla reutilizable.

“Sabemos que este hito de agosto significa un cambio de paradigma y de modelo importante para la comida rápida, pero no es para el común de los locales. También eso viene ligado a por qué en el Congreso se decidió que esto operara tres años después, dado que no es fácil cambiar el modelo de negocios, sobre todo, en la comida rápida, que fueron quienes impulsaron un poco la cultura de los desechables al momento de entregar los alimentos”, indicó.

El director de Campañas de Contaminación Marina en Oceana agregó que, aunque no es masivo, ya ha visto experiencias positivas en patios de comida o de comida rápida “que han ido adecuando sus sistemas” como en los mall Plaza Vespucio y Plaza Egaña: “Ciertos locales se adhirieron a un sistema de reutilizables donde la persona se come el completo, las papas fritas y la empanada en un plato de loza y se entregan las bebidas en vasos que son reutilizables, o sea, se lavan”.

Añadió que para que la ley tenga una bajada real y se cursen las fiscalizaciones se requieren esfuerzos. “Por lo mismo, como organización hemos estado trabajando con otras organizaciones desde el año pasado en la coalición ‘Supera el plástico’, donde una parte fundamental ha sido el trabajo con los municipios”, en relación al rol fiscalizador que les atribuye la Ley PUSU.  Explicó que han visto “muy buenos ejemplos” de cómo los municipios realizan rondas de fiscalización, muchas veces sin aplicar una sanción, sino que dejan el aviso a los locales que están cumpliendo con las obligaciones y después estos mismos recintos se van adecuando.

Agregó que “es muy importante que el esfuerzo de apoyar a los municipios sea a nivel estatal. Falta un correlato a nivel estatal, de ministerios, de gobierno en general”, y emplazó al Estado a que “facilite la transformación, sobre todo, a los pequeños comercializadores de comida rápida”.

En cuanto a la tardanza del reglamento, el representante de Oceana comentó que si bien es un problema, se está usando como excusa para aplazar la obligación, en circunstancias que hay argumentos técnicos que demuestran que no es necesario hacer una modificación sustantiva a la ley. “La obligación en muchos casos tampoco tiene que ver con el reglamento, porque la prohibición de entrega de desechables en el consumo dentro de los locales no está sujeta a ningún reglamento. En el tema de la comida, el reglamento va a operar para el delivery, por el plástico certificado”.

Sensibilización ciudadana, un desafío clave

Una de las aprensiones de la industria del plástico es si efectivamente será posible cumplir el principio de esta ley, que es reducir la generación de residuos de envases de comida preparada de cualquier materialidad. En este sentido, Magdalena Balcells apuntó a dos situaciones que limitan la recolección y aprovechamiento del material: la falta de participación ciudadana y la falta de infraestructura.  “Si no cambiamos la forma de pensar va a ser imposible que esto avance, porque sin participación ciudadana esto no flota, ni la Ley REP ni la Ley PUSU”, afirmó.

No obstante, fue optimista al señalar que “si el plástico que se usaba para los envases de servicio pasa a ser un plástico compostable y esto efectivamente llega a un flujo de orgánicos, logramos el objetivo y el espíritu que planteó esta ley, que es la reducción en generación de residuos”. Además, destacó que se han hecho importantes inversiones para aplicar la ley, como las plantas BtB.

A su vez, Isidro Pereda comentó que se observa un desconocimiento de la ley, por parte de los regulados y de la ciudadanía, pero consideró que las leyes se pueden ir perfeccionando a partir de su implementación. Recordó que previo a la Ley REP había desconocimiento y lo mismo se observa ahora con la PUSU.

El socio de Repensando Consultores alertó que sin una activa colaboración de la comunidad peligra el éxito de estas leyes que promueven la reducción de residuos: “En la Ley REP la participación ciudadana ha sido bastante floja. No tenemos aún una máquina comunicacional a nivel de los Gransic y a nivel de Gobierno que nos señale que la Ley REP existe y que muchas comunas ya tienen servicios de reciclaje operando. Con las tasas actuales de participación ciudadana no se van a cumplir ninguna de las dos leyes y, por lo tanto, tenemos que ir directamente a sensibilizar al vecino, a la vecina, de que ahí existe un recurso que se tiene que aprovechar”.

Desde Oceana, Correa reiteró que no están de acuerdo con retrasar el inicio de esta nueva fase de implementación de la PUSU, aduciendo que “el plazo de tres años era bastante razonable” y se mostró optimista del proceso de adaptación del rubro regulado.

“Hemos visto esfuerzos de la industria, estas plantas botella a botella es un ejemplo, sabemos que el cambio cultural no va a ser de un día para otro, pero si aplazamos la entrada en vigencia de obligaciones legales estamos retrocediendo en niveles de protección ambiental. Qué beneficio tiene una industria de cambiar su forma de ser si después se da un ‘perdonazo’ a quienes no han hecho ese cambio”, sentenció.

Correa dejó planteado un gran reto al hacer hincapié en el desconocimiento ciudadano de la Ley PUSU e incluso de la Ley REP, a diferencia de la cercanía social que generó la Ley Chao Bolsas Plásticas. De acuerdo a un estudio de Oceana del año pasado, ni siquiera un 30% conocía la Ley de Plásticos de Un Solo Uso. “Falta que la gente sepa que es parte del cambio, que estas leyes no son porque sí, que no se trata de una carga por tener que separar los residuos antes de botarlos, sino que es parte de la protección ambiental”, concluyó.

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