Los océanos cubren el 71% de la superficie terrestre y son el hogar de millones de especies marinas que nos proveen alimentos, valores culturales y recursos genéticos, pero su aporte va mucho más allá: son importante generadores de trabajo a través de la pesca y acuicultura -59 millones de empleos directos, e indirectamente emplea al 12% de la población mundial- y su contribución monetaria a la economía global alcanza los US$ 100 mil millones al año, con una producción de 80 millones de toneladas. En Chile, el sector pesquero representa el 0,4% del PIB, y genera cerca de 278 mil puestos de trabajo.

Sin embargo, y pese al importante peso que esta actividad tiene en la economía global y en la alimentación -aporta el 17% de la proteína animal que consume la población mundial-, el excesivo incremento de la capacidad y eficiencia pesquera están causando el deterioro de los ecosistemas marinos y la reducción de la pesca.

Para enfrentar este escenario, en un marco donde las alteraciones de los patrones climáticos traen aún mayor incertidumbre, se hace urgente que el manejo pesquero avance hacia una gestión responsable de la pesca artesanal e industrial, implementando un manejo sustentable de los recursos a través de un enfoque ecosistémico.

Así lo afirma el reporte “Conservación marina y pesquerías: Los retos por venir”, elaborado por los biólogos Rocío López y Santiago de la Puente en el marco del Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina, publicado recientemente por la Fundación Konrad Adenauer y enfocado principalmente en los países de la región.

Y entre sus principales conclusiones, se establece la necesidad de establecer mecanismos de ordenación y gobernanza efectivos y participativos para lograr una gestión pesquera sostenible en el marco de una “economía azul”.

Para lograrlo, señala el documento, “es clave que las tasas de explotación de los recursos sean determinados en base a puntos de referencia biológicos, que incorporen la variabilidad y dinamismo de los ecosistemas”. Y para ello, agrega, “el proceso de toma de decisiones debe basarse en el análisis cuantitativo del impacto conjunto de las diferentes pesquerías sobre el ecosistema”.

Para ello es clave, entonces, incorporar la mejor ciencia disponible y un enfoque precautorio ante la incertidumbre, pero también una buena gobernanza pesquera que sea efectiva, equitativa, proactiva, robusta, dinámica y adaptativa.

Nuevas tendencias para ordenar la pesca

¿Cómo se está trabajando para ordenar la pesca a nivel global? El mecanismo más usado es la cuota de captura, donde el Estado -o el regulador- establece un tope a la extracción de un recurso en particular. El problema de este enfoque es que, para incrementar su poder de pesca frente a la competencia, las flotas crecen de manera excesiva para capturar sus cuotas en el menor tiempo posible, lo que finalmente conduce a la sobrepesca.

Por ello, hoy la tendencia global avanza hacia la implementación de cuotas individuales de captura, donde una embarcación -o un grupo de armadores- tiene acceso exclusivo por un período de tiempo a una fracción de la cuota general de captura.

Este esquema, implementado en Australia, Canadá, Estados Unidos y Europa, y que está ganando importancia en la región en países como Argentina, Chile, México y Perú, permite -en teoría- que al otorgar acceso exclusivo a los usuarios estos protejan los recursos, ya que la sobrepesca termina afectando directamente sus intereses.

Pero a este ordenamiento general, es necesario sumar otros elementos, como el co-manejo de los recursos pesqueros. El objetivo es solucionar la falla de gestión desde el gobierno y asegurar la capacidad adaptativa de los pescadores frente a cambios inesperados e incertidumbre ambiental.

El co-manejo se define como un proceso participativo y colaborativo entre los diversos grupos de tomadores de decisiones, que junto con incrementar el sentimiento de responsabilidad de los pescadores le da una mayor legitimidad a los mecanismos de control de los recursos. “Además, al incorporar el conocimiento empírico de los pescadores, los esquemas de manejo responden de manera más rápida y adecuada a los cambios en el sistema”, señala en documento.

Uno de los pocos casos de éxito en esta materia en América Latina es la regulación de la pesquería del loco (Concholepas concholepas) en Chile, con la creación de áreas de manejo de recursos bentónicos que otorga derechos exclusivos sobre estos recursos. La ceración de estas áreas, además, tiende a generar una mayor biodiversidad de especies, biomasa y densidad.

Otros dos elementos claves para el ordenamiento son el planeamiento espacial marino, una herramienta clave para evitar los conflictos entre múltiples actores que comparten el mismo espacio; y el fomento de la trazabilidad y la transparencia, que implica la capacidad de rastrear a los recursos marinos a través de sus cadenas de valor del mar a la mesa, teniendo plenamente identificados a todos los actores que interactúan con ellos, así como a sus procesos de transformación.

Una de las iniciativas de certificación en esta materia es el Marine Stewardship Council (MSC), que da un valor económico adicional a las pesquerías y productos acuícolas que cumplan con el manejo sostenible de sus stocks y hábitats marinos. En Latinoamérica aún son pocas. A junio de 2019, Chile contaba con cinco pesquerías certificadas por el MSC, y México con cuatro.

Manejo con enfoque ecosistémico

Hoy los principales retos para asegurar el desarrollo sostenible de los océanos son garantizar un manejo sostenible de los recursos, minimizar los impactos negativos de la actividad, y fortalecer la gobernanza pesquera.

Para garantizar un manejo sostenible, dicen el documento, se requiere que los entes reguladores , estados u organizaciones regionales de ordenamiento pesquero aseguren que las tasas de explotación de los recursos no excedan su capacidad de regeneración.

Al mismo tiempo, agrega, las políticas pesqueras deben tener objetivos de manejo explícitos y cuantificables, para que su performance pueda ser monitoreada, modelada y evaluada.

“Los países deben evitar prácticas que opaquen la realidad del estado de las pesquerías industriales. Por ejemplo, en Chile continuamente se publican evaluaciones del estados de sus pesquerías en los portales oficiales de las autoridades pesqueras”, señalan los autores.

Adicionalmente, y como las pesquerías no pueden separarse de lo ecosistemas en los cuales se desarrollan -y por tanto su extracción puede generar efectos ecológicos negativos, e incluso socioeconómicos si afectan a otros actores-, se requiere considerar en el proceso de toma de decisiones el impacto de la actividad pesquera sobre el ecosistema en su conjunto, y no solo sobre el recurso objetivo.

Sin embargo, señala el documento, la aplicación de modelos ecológicos complejos para evaluar el impacto ecosistémicos de las pesquerías “es un proceso demandante que requiere de abundante información, así como una masa crítica de profesionales debidamente capacitada para afrontar dicha tarea. Por ello, es fundamental financiar debidamente a las instituciones de investigación que soportan el ordenamiento pesquero”.

Para un manejo adecuado de los recursos se requiere, finalmente, una buena gobernanza pesquera que permita minimizar el potencial impacto negativo de las pesquerías en los ecosistemas. Esto requiere ciertamente de un marco legal, pero también de instituciones sólidas, sistemas de supervisión y sanción, investigación continua y sistemas de monitoreo que permitan medir y evaluar.

En esta materia, el documento destaca a Chile como el país de América Latina que más ha avanzado en esta materia, principalmente por la creación de los Comités Científicos Pesqueros y los Comités de Manejo.

“Los Comités Científicos Pesqueros son espacios participativos que tienen como finalidad determinar el estado situacional de las pesquerías, los puntos de referencia biológicos y los rangos dentro de los cuales podrán fijarse las cuotas generales de captura. Con ello, Chile busca separar los procesos científicos asociados a la gestión pesquera de las presiones políticas que los vulneran, generalmente asociadas a factores de empleo o crecimiento económico”, señala.

Finalmente, para los autores del documento resulta fundamental recordar la que la pesca no ocurre en un contexto aislado de otras actividades económicas e intereses, por lo que para mejorar la calidad de vida de las personas, prevenir conflictos, afrontar el cambio climático y minimizar la sobreexplotación es importante contextualizar el desarrollo de las actividades económicas con ecosistemas marino-costeros dentro del marco de la economía azul.

“La pesca es una actividad económica de gran importancia a nivel mundial y en la región. A pesar del estad actual de los recursos pesqueros, y de la incertidumbre que trae consigo el cambio climático, es importante señalar que implementar el manejo de los recursos bajo un enfoque ecosistémico puede permitir su recuperación y desarrollo a perpetuidad. Ello significa que esta actividad aún tiene el potencial para aumentar, en un futuro cercano, su contribución al empleo, ingresos y seguridad alimentaria”, concluye.