Cuando ya han pasado diez días desde el inicio del estallido social más grande de la historia reciente de Chile, nos preguntamos de qué forma la organización de las ciudades refleja las desigualdades que millones de personas han denunciado estos días mediante caceroleos y masivas marchas a lo largo del país. Y como mejorarlas, o qué debiera mejorar en ellas, a partir de ahora. Conversamos al respecto con Jonathan Barton, investigador del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la UC (Cedeus), quien considera que el problema de fondo está en que en las últimas cuatro décadas se ha dejado que el mercado resuelva la planificación y los servicios urbanos, minimizando el rol del Estado.

“Debemos criticar la construcción, durante 30 o 40 años, de una cierta forma organizada de los intereses económicos con los intereses políticos, y cómo eso ha generado una especie de perversión, que significa que los intereses de la gran mayoría de los chilenos no han sido escuchados”, subraya Barton, geógrafo, doctor en Historia Económica, especialista en planificación del desarrollo sustentable y ex director del Cedeus.

¿Cómo se entiende la actual protesta desde los problemas en la planificación urbana?

La existencia de la inequidad urbana es algo que conocemos y hemos descrito desde hace mucho tiempo. Es algo omnipresente en Chile, y creo que se ha hecho la vista gorda al respecto. Los últimos días muchas personas de los partidos de gobierno han reconocido este gran desafío, pero yo me pregunto por qué no hablaron de eso antes. Me cuesta pensar que los cientistas sociales que trabajan en planificación, o los arquitectos que trabajan en urbanismo, no hayan identificado esta crisis casi estructural, y solo se hayan dado respuestas marginales.

Por otra parte, hay un problema de no haber tenido lineamientos. Tenemos una política nacional de desarrollo urbano solo desde 2014; la anterior era de los años 70, es decir, décadas sin lineamientos claros y creyendo que solamente con instrumentos que son -quizá- débiles, se va a resolver el gran desafío de cómo planificamos, cómo utilizamos el espacio urbano y rural (porque sabemos que la expansión urbana genera grandes desafíos en zonas periurbanas que son productivas).

Ahora bien, si vemos la política nacional de desarrollo urbano de 2014, en ella se habla de los grandes problemas de inequidad, habla de la necesidad primordial de tener un desarrollo urbano sustentable, pero llegó tarde.

¿Cómo se soluciona hoy este problema?

La pregunta es hasta cuándo en Chile, con una tradición muy fuerte en instrumentos de mercado desde el ’73-‘74, esperamos que más mercado vaya a resolver los problemas que han sido producidos por el mercado. Si vemos que en los países donde sí funciona la planificación urbana y regional el Estado tiene un rol fuerte, los privados saben que hay una jerarquía y que no están por sobre el Estado, entonces sabemos que se requiere un cambio muy profundo en el rol del Estado. En Chile hemos minimizado el papel del Estado, pero es necesario para la planificación y la posibilidad de vincular todos estos sectores. Por ejemplo, lo más obvio, es vincular vivienda con transporte, y acá llevamos décadas de planificación donde no hay conexión entre estrategias e inversiones en transporte y políticas de localización de vivienda ¡Es una locura!

Tiene que ver con cómo utilizamos los espacios públicos, como financiamos -por ejemplo- las áreas verdes, que es algo fundamental para una buena calidad urbana. Hay un estudio de hace unos diez años, que muestra que las personas que viven al poniente de avenida Vicuña Mackenna tienen acceso a un tercio de las áreas verdes a las que tienen acceso quienes viven al oriente de esa avenida. (…) Tenemos una ciudad que verdaderamente está segregada, no solamente por vivienda, espacio público, acceso a transporte; en las ciudades se siente la inequidad de forma más que evidente. Pero se ha ignorado o no se ha tomado en cuenta, o se ha pensado que no importa tanto porque hay una organización social, donde la élite, por un cierto derecho adquirido, debe vivir tranquilo con mucho servicio de buena calidad y la mayoría, bueno, ellos son otro grupo, otro contexto.

Chile es un país de alto ingreso, según el Banco Mundial, y un país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). No se puede hablar de Chile, cuando conviene, como un país en desarrollo, eso es un chantaje. No, Chile es un país desarrollado con grandes problemas de distribución de los beneficios del desarrollo, pero debe asumir que todos se tienen que beneficiar de ese desarrollo para que podamos generar el nuevo pacto social del cual se está hablando. El pacto social que hemos tenido ha sido neofeudal, es decir, con una élite muy pequeña muy activa en casi todos los sectores de la economía, que se ha beneficiado de los procesos de privatización y al final generó una distribución tremendamente inequitativa, no solamente de ingresos, también de riqueza.

¿Hay que modificar el rol del mercado?

Tenemos un problema de fondo, que es la falta de equilibrio entre los mercados y el rol del Estado. Es preocupante la influencia, el rol preponderante que ha tenido en las últimas décadas la Cámara Chilena de la Construcción. No hay problema en que la CChC busque utilidades en su rubro, eso es lo que hace, el compromiso con sus inversionistas, pero eso no significa que vayamos a tener una construcción sustentable. Tenemos que reconocer los intereses de grupos en la planificación urbana, y cómo actúan, y definir con claridad cómo canalizar estos esfuerzos de los distintos actores para un bien común, porque en las ciudades vivimos juntos y las decisiones de un grupo sí influyen sobre los otros, como hemos visto estas últimas semanas.

¿Qué instrumentos pueden ayudar en esta planificación?

En la estrategia de desarrollo regional o en los planes de desarrollo comunal hay algo de claridad al respecto, pero estos instrumentos, que son indicativos, nadie los revisa, no influyen en las decisiones del consejo regional, de los alcaldes y alcaldesas, de los consejos municipales. Es decir, seguimos teniendo instrumentos indicativos cuando sabemos que la única forma de avanzar es con instrumentos normativos que, claro, van a significar que va a cambiar la rentabilidad de los sitios en la zona periurbana, como dentro de la ciudad.

A modo de ejemplo, hay un ejercicio interesante en Berlín -una ciudad que, aunque no pareciera, tiene muchas cosas en común con Santiago- y es que han avanzado en la discusión de poner un tope en el precio de los arriendos. No puede ser que el mercado determine los precios del suelo o cuánto cuesta arrendar, porque se necesita que las personas vivan en la ciudad para poder trabajar en ella, pero acá no se habla de eso, acá se dice que no se puede intervenir porque el mercado libre lo va a resolver. Yo no tengo problemas con los mercados, pero no podemos definir todo a priori que se va a resolver a través de él.

¿Hay que cambiar la legislación?

Estamos pasando un momento muy interesante porque estamos hablando de un cambio de modelo, de cambiar un sistema implementado en Chile en los ‘70 que es un modelo internacional extremo, más extremo que en casi cualquier país. Hay que preguntarse si ese modelo funciona o no. Ha funcionado para sacar a la gente de la pobreza, pero eso no es raro cuando hemos tenido tantos recursos desde el sector cuprífero, que experimentó un boom hasta hace 5 años. Pero el tema de la inequidad claramente no se ha resuelto, porque unos suben un 1% y otros un 40%. La crisis que hemos visto es una crisis de desigualdad, ese es el problema.

Hay muchas áreas donde el modelo no ha funcionado. Hay que relacionar los intereses de ciertos grupos económicos con ciertos gobiernos, y eso hace muy difícil para el gobierno y la oposición aprobar mucha legislación, porque la relación entre los grupos económicos y la clase política es sumamente fuerte en Chile ¿A quiénes representan, cuál es la relación de la clase política y el electorado de verdad? Por eso hay que criticar la construcción, durante 30 o 40 años, de una cierta forma organizada de los intereses económicos con los intereses políticos, y cómo eso ha generado una especie de perversión, que significa que los intereses de la gran mayoría de los chilenos no han sido escuchados. Hay una cosa muy feudal, neofeudal, en cómo se ha estructurado la sociedad, en los roles de ciertos grupos y clases dentro de esa estructura, que se mantiene. Esa situación, claro, es para que arda.

¿Qué se puede hacer al respecto?

Chile ha sido por décadas uno de los países que destaca a nivel mundial por su inequidad. Se debe apostar como país, como meta del gobierno, como nuevo pacto social, a estar en 2050 entre los países con mejor distribución de ingresos y de riqueza. Es poco 30 años, pero hay que fijar metas e ir subiendo en esa lista. Si logramos eso no habrá un estallido social. En Noruega, Islandia, Nueva Zelandia, no hay estas crisis por algo obvio, porque se comparten los privilegios, exactamente como dijo Cecilia Morel.

Además, hay que cambiar el modo en que estamos midiendo el desarrollo. Medir la economía con el Producto Interno Bruto (PIB) no sirve mucho, porque no refleja la distribución. El PIB no discrimina entre distintos tipos de consumo, no importa si estamos consumiendo carbono o servicios de salud, todo se mide igual. Ya que en 1930 Simon Kuznets inventó el PIB, es el momento de celebrar su centenario inventando otra forma de medir el desarrollo socioeconómico, porque dejarlo en una dimensión, que es la producción y el consumo en su totalidad, no nos indica muy bien la salud de la nación ni el bienestar de la gente. Al enfocarse en un solo indicador perdemos la sensibilidad ante las otras cosas que sí afectan a las personas, y es peor cuando ellas ven un buen PIB y sienten que su situación personal no ha cambiado, porque eso genera frustración y furia.

¿Cree que a partir de esta crisis se van a generar cambios reales?

Hemos tenido manifestaciones hace 15 años. Estudiantes, escolares, universitarios, por el cambio climático, energía, represas, no más AFP, mujeres, todas esas marchas han conseguido muy poco. Se requiere un cambio de estrategia. Por ejemplo, cuando Giorgio Jackson y Camila Vallejo eran dirigentes estudiantiles fueron a París (2011) y eso realmente complicó al gobierno, tuvo mucho impacto porque bajó el prestigio nacional, eso sí afecta los mercados, afecta al empresariado y al gobierno. Una estrategia violenta yo no la comparto, pero es una nueva estrategia.

Creo que hay una porfía en los sectores de la clase política en no soltar nada. Hace días se estaba discutiendo bajar la jornada laboral y se pedían informes técnicos, y ahora el proyecto avanzó de un día para otro, sin ninguna evaluación técnica. Creo que ha habido una cierta resistencia más bien ideológica de algunos grupos, de insistir en que el mercado debe funcionar. Esa porfía tiene que cambiar.

¿Qué medidas se pueden adoptar a corto plazo para disminuir la inequidad en la ciudad?  

Creo que hay algunas opciones. Una es acelerar los tiempos de viaje para poder acceder desde lugares como Maipú, Puente Alto o Pudahuel al sector oriente, a Providencia, Las Condes, etc., hacia donde mucha gente se desplaza para trabajar. Acelerar estos viajes es algo muy sencillo: al implementar las vías exclusivas aumenta la velocidad de los buses y los tiempos de traslado, y eso tiene costo cero, es una regulación y hay que fiscalizar, tener cámaras y aplicarlo. Sabemos que el tiempo de traslado es uno de los factores que más influye más en la calidad de vida de las personas. Yo, por ejemplo, en mi viaje por Vespucio hasta Escuela Militar para tomar el metro me demoraba entre 20 y 30 minutos, y desde que hay vías exclusivas son 5 a 10 minutos. Con estas medidas estamos diciendo que vamos a priorizar el espacio urbano para la mayoría, no para la minoría; es una lógica basada en la equidad.

Otra forma, más estratégica, es que necesitamos vincular proyectos de transporte con proyectos de vivienda, que deben integrar trabajo, educación, salud. Por eso hablamos de comunidades sustentables, de usos mixtos. No puede existir un barrio que sea solo residencial. (…) Por otra parte, se tendrían que definir las zonas de expansión y que las personas viven cerca de una estación de metro. Obviamente lo que pasó los últimos días muestra la vulnerabilidad del sistema, pero es la única forma, hay que sacar a la gente de su auto, tiene que andar en transporte público y eso incluye a todos los grupos sociales. En Chile hay modos de transporte por clase y eso tiene que cambiar. Si se considera que el transporte público no es seguro y la mayoría de la población tiene que usarlo, entonces hay que hacerlo más seguro. Es obvio, ¿no? La lógica de pensar que voy a usar mi auto y todo tiene que estar expedito para moverme rápido y poder estacionar en cualquier parte solo sirve para asegurar las necesidades de una minoría, y necesitamos una ciudad que facilite que la mayoría pueda resolver sus necesidades.

Otra cosa que se puede hacer es aumentar la densidad de algunos barrios. Todos queremos proteger el patrimonio local, pero hay muchos barrios en Santiago que pueden subir a 3 o 4 pisos.

¿Qué cree que pasará con la agenda ambiental a partir de esta contingencia?

Creo que hay algún riesgo de desviarse de ella. Pero, si enfrentamos el tema de la justicia, tarde o temprano hay que revisar el tema de los derechos de agua. Chile no puede ser el único país en el mundo que tiene un sistema que, evidentemente, no funciona en los desafíos del cambio climático. El agua no puede ser un bien comercial, que además se arrienda. Se requiere otro modelo, claramente. Creo que cuando hablamos de elementos fiscales, impuestos, derechos, en términos de permisos, concesiones, etc., si entramos a picar ahí, eso sí nos va a ayudar con desafíos en torno de la pesca, de cuotas, otro tipo de subastas de los derechos, porque hay que cambiar elementos estructurales. Esos cambios nos van a dar otra visión de qué instrumentos específicos vamos a elegir para cambiar esto y los derechos de agua claramente no son el instrumento adecuado, porque los hemos tenido desde los ‘80 y solo basta mirar la situación del agua para darse cuenta que algo está roto acá, algo no funciona.

El tema del agua es muy interesante, porque cuadra muy bien con lo que ha pasado estos últimos días; dentro del marco de una crisis que es muy amplia, vemos los problemas asociados al transporte público, el tema del agua, la educación, que son temas que no se han podido enfrentar realmente en forma estructural. Los derechos de agua son un buen ejemplo del modelo chileno, súper radical, en la lógica liberal de cómo manejar una economía en desarrollo y, obviamente, hay muchos elementos de eso que no están funcionando.

Algo similar pasa también con la educación

Lo mismo pasa con la educación, que me parece increíble que no haya sido un tema central en estos días. Creo que la lucha por un cambio educacional profundo es el corazón del asunto, que ha sido como un cáncer en el cuerpo de Chile desde hace 15 años, tal vez desde los primeros “pingüinos” en 2006, pero si no se va a tocar ese cáncer no veo que podamos superar esta crisis. Este problema social no se va a acabar si no enfrentamos todos los sectores de servicios públicos, y lo público es lo que necesitan las personas para vivir y para surgir, es decir, educación, salud, protección social, pensiones, agua, energía, etc. Para mi es claro que necesitamos volver a reflexionar sobre cuál es el rol del Estado.