El 18 de diciembre de 2025, los senadores Juan Ignacio Latorre, Alfonso De Urresti, Ricardo Lagos Weber y Francisco Chahuán ingresaron al Senado un proyecto de ley que regula la prevención, el control y la reducción de las emisiones de gas metano en rellenos sanitarios (Boletín 18.028-12). Según se señala en la sección antecedentes del documento presentado a la Cámara Alta, la iniciativa de ley pretende resolver “una brecha crítica en la política ambiental del país”. Se aduce que, a pesar de los avances considerables en la cobertura y gestión de los residuos domiciliarios, principalmente a partir de la Ley REP, “la mitigación de las emisiones de metano provenientes de los rellenos sanitarios aún no cuenta con una regulación específica”.

Según agrega el texto, normar este aspecto específico constituiría una oportunidad para reducir la huella ambiental del sector residuos, alinearse con los compromisos internacionales del Acuerdo de París y avanzar hacia la carbono neutralidad, toda vez que los rellenos sanitarios “representan una de las tres principales fuentes de emisiones de metano en el mundo, junto con la agricultura y la industria de los combustibles fósiles”.

La moción parlamentaria subraya que el metano “es un gas de efecto invernadero con un potencial de calentamiento global 28 veces mayor que el CO2 en un período de 100 años”, por lo que “su gestión es crucial en la lucha contra el cambio climático”. Propone como solución efectiva la captura y aprovechamiento del biogás generado por la descomposición anaeróbica de residuos orgánicos, “lo que permite su uso como fuente de energía renovable y reduce significativamente su impacto ambiental”, agrega.

En términos generales, Marcelo Mena, exministro de Medio Ambiente durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y director ejecutivo de Global Methane Hub -organización filantrópica dedicada a reducir las emisiones de metano a un 35% a 2030 y al 50% a 2025, a nivel mundial- valora los fundamentos de la iniciativa de ley.

“Las normas de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) recién están partiendo en Chile y no tenemos una trayectoria importante en ese sentido. El material particulado (MP) lo podemos regular a través de los Planes de Descontaminación (PDA), pero no existe ese mismo enfoque para la reducción de emisiones del metano, ya que está determinado por unas Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) y un compromiso de carbono neutralidad. Esto puede ser menos fuerte en cuanto a la tasa de reducción que es necesaria, y en ese aspecto es una cosa positiva fortalecer el marco regulatorio del metano mediante una ley”, señala Mena.

Para Alberto Tagle, gerente general de Consorcio Santa Marta, empresa que administra el relleno sanitario del mismo nombre, el proyecto aborda una temática “de vital importancia”. Junto con destacar la urgencia de gestionar este gas en los rellenos sanitarios, Tagle considera que una norma específica es un paso necesario: “Si queremos legar un mundo mejor a las futuras generaciones, la gestión de estas emisiones debe fortalecerse ahora, transformando un desafío ambiental en una oportunidad de mitigación real”.

Elier González, gerente general de la empresa Veolia e integrante del comité de residuos del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), coincide en la importancia de este proyecto de ley, al menos en trazos gruesos: “Es bueno instar a la regulación de metano, un gas de efecto invernadero preponderante, que se origina en diversos sitios, entre ellos los rellenos sanitarios. La gestión de este gas viene a acreditar los compromisos que Chile ha presentado ante la ONU a través de sus NDC”.

El detalle del proyecto

En el título II del proyecto de ley, específicamente en el artículo 5, se indica que las entidades responsables de rellenos sanitarios con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) deberán establecer un Reporte, un Plan de Control y una Certificación de Emisiones de Metano. El texto en claro en establecer en el artículo 6 el principio de responsabilidad de quienes estén afectos a esa ley. En caso de que incumplan las medidas, dice el proyecto, “serán responsables, directa e indirectamente, del riesgo creado por las actividades que desarrollan, y por tanto, responderán por los daños ambientales correspondientes”.

En lo que respecta al Reporte, el texto establece que las entidades responsables deberán elaborar “un reporte anual de las emisiones de metano que presenten sus instalaciones, equipos y procesos”. Este reporte, agrega la moción, “comprenderá la identificación de todas las fuentes de las emisiones de metano, así como la clasificación y cuantificación de éstas. Además, deberán identificar todas las fuentes o posibles fuentes de emisiones de metano en sus instalaciones”.

Al respecto, Marcelo Mena encuentra en este punto alguna de las dificultades de este proyecto de ley que recién ingresó al Senado y que, por lo tanto, con toda seguridad recibirá distintos tipos de indicaciones para perfeccionarlo. Con todo, el director ejecutivo de Global Methane Hub indica que “los reportes y mediciones son complejos en el sentido de que son sectores donde hay mayores niveles de incertidumbre, a diferencia por ejemplo del sector de GEI como combustibles fósiles, donde se sabe bien cuáles son los factores de emisión. Acá habrá que sortear todas esas complejidades respecto de los residuos orgánicos que se reciben, la temperatura y otras, para garantizar la reducción de emisiones”.

Coincide con esta apreciación Alberto Tagle, de Consorcio Santa Marta, ahora a nivel de empresa que gestiona un relleno sanitario importante: “Nuestra experiencia nos indica que la medición exacta del metano es compleja, incluso utilizando modelos avanzados. Por ello, consideramos fundamental definir una metodología estandarizada que sea aplicable a todas las instalaciones, considerando también la realidad técnica y económica de los rellenos de menor tamaño”, sugiere Tagle.

En Consorcio Santa Marta destacan la gestión del metano por adelantado que llevan realizando. Citan por ejemplo el caso de los 10 años que suman transformando el biogás en energía renovable no convencional (ERNC), contando hoy con una red de más de 600 pozos de captación y una central con 10 motores capaces de generar hasta 20 MWh. Tagle reseña otro caso relacionado que explica el trabajo de Consorcio Santa Marta en este particular.

“Durante los últimos tres años, identificamos que la regulación de oferta y demanda del mercado eléctrico obligaba a apagar nuestros motores en ciertos horarios. Para evitar que ese gas dejara de aprovecharse, decidimos invertir en un sistema de almacenamiento de energía BESS (baterías). Si bien la coordinación del sistema eléctrico en Chile es de las más eficientes del mundo, creemos que aún falta reconocer el valor estratégico de energías como la nuestra, que no solo generan electricidad, sino que descarbonizan activamente mediante la gestión del metano. Esa es la visión que nos llevó a apostar por el almacenamiento”, dice el gerente general de Consorcio Santa Marta.

A Elier González, en tanto, le parece relevante “la metodología que se utilice para establecer la trayectoria del metano de cada sitio”. Según él, la metodología debería estar validada por instituciones como el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) u otra afín. Por otra parte, cree que el proceso debiese ser implementado de forma gradual. “Los proyectos debieran tener un proceso de autorización fluido y sin riesgo a exigencias por sobre las autorizaciones vigentes de los rellenos”.

El Plan de Control y la Certificación de Emisiones

Continuando con el desglose del proyecto de ley, el artículo 8 establece que las entidades responsables de los rellenos sanitarios deberán elaborar un Plan de Control de Emisiones con las metas de reducción de emisiones de metano y las medidas correspondientes para su cumplimiento. Dichas metas deberán alcanzarse, indica el texto, en un plazo no mayor a seis años a partir de su entrega a la autoridad correspondiente.

Con respecto a la Certificación de Emisiones de Metano, cada responsable de rellenos sanitarios deberá acreditar anualmente, a través de un agente externo certificador, el volumen de emisiones de metano y el cumplimiento del Plan de Control. En caso de verificarse incumpliento de estos instrumentos, las entidades quedarán impedidas de acceder a los incentivos que determine la autoridad competente.

Asimismo, las entidades afectas a la futura ley deberán elaborar un programa para la prevención y el control de las emisiones de metano, estableciendo medidas como sistemas de captura y aprovechamiento de biogás; sistemas de monitoreo continuo de emisiones y otras medidas que determine un reglamento que establecerá la metodología y las bases de cada instrumento consignado.

Más específicamente, aquellos rellenos sanitarios que presten servicios a una población de más de 100 mil habitantes deberán, en un plazo de cinco años, “presentar proyectos de inversión destinados a la captura y valorización de las emisiones de metano”.

El documento aclara que la “implementación de nuevas tecnologías para la captación y valorización de emisiones de metano en rellenos sanitarios con autorizaciones vigentes no será considerada una modificación sustancial de dicha autorización”. En consecuencia, no generará la aplicación de requisitos regulatorios adicionales.

Los incentivos

Hay algunas preocupaciones que desvelan a Alberto Tagle, del Consorcio Santa Marta. Según el ejecutivo, “la extracción y valorización del metano exige inversiones intensivas que deben ser sostenibles en el tiempo”. Aduce que los mercados de reducción de emisiones, como los bonos de carbono, son herramientas que permiten maximizar la captura de biogás. Sin embargo, “nos preocupa que si una nueva ley elimina la ‘adicionalidad’ de estos proyectos, se dificulte el acceso a financiamiento internacional, ralentizando paradójicamente los avances que la misma norma busca promover”.

La adicionalidad descrita por Tagle implica que una empresa recibe bonos de carbono sólo si reduce emisiones de forma voluntaria. Si una ley obliga a hacerlo, el proyecto pierde esa categoría y se deja de recibir ese financiamiento internacional. Si la nueva norma lo hace obligatorio, es posible que eso elimine los recursos externos que a Santa Marta le permiten costear tecnologías de punta.

Sumando más argumentos a esta idea, Tagle sostiene que “la diferencia real la hará una normativa que no solo exija, sino que también fomente la inversión a través de mecanismos como los mercados de reducción de emisiones y el fortalecimiento de los impuestos verdes que gravan el CO2. El éxito de esta norma dependerá de que se mantenga la adicionalidad de los proyectos con impacto positivo, permitiendo que la industria sanitaria siga siendo un actor clave en la lucha contra el cambio climático”.

Otra inquietud de Consorcio Santa Marta con miras a la discusión del proyecto de ley en el Senado es la calidad de las certificaciones externas y los protocolos para transparentar los procesos considerados en la iniciativa. Todo debido a que, como se ha repetido, “el gas metano en instalaciones de gran escala es difícil de capturar y medir con precisión absoluta”, por lo que ahí existe un desafío de gran magnitud.

Alberto Tagle refiere un caso ocurrido hace algunas semanas: un estudio basado en mediciones satelitales sugirió que Santa Marta liberaba grandes cantidades de metano, probablemente captando un momento puntual de motores apagados. Dos semanas después, no obstante, “otro estudio nos posicionó como la empresa más eficiente en captura y quema”. Esta situación puntual demuestra que, según Tagle, “la normativa debe basarse en protocolos de medición robustos y constantes para evitar interpretaciones erróneas y asegurar el cumplimiento efectivo”.

Por último, Elier González arguye que en el debate legislativo debiese abrirse una arista que considere algunos factores. “Es importante que aquellos rellenos que se ubican en zonas saturadas tengan facilidades para actualizar sus planes de compensación, ya que slgunas alternativas de valorización tienen asociados otros gases que deben ser compensados, lo que implica buscar alternativas de compensación que muchas veces no estan disponibles”. Según González, “los rellenos sanitarios más grandes están en la Región Metropolitan y de no mediar esta condición, la ejecución de este proyecto de ley puede verse entorpecido por los demás cuerpos legales vigentes”.