Se suele decir que el ruido es un contaminante ambiental “invisible”, porque no genera residuos, ni tiene olor, textura o color. Lo que no significa que sea inofensivo. Según la OMS, 466 millones de personas en todo el mundo padecen pérdida de audición discapacitante, de las cuales 34 millones son niños. Muchas de ellas por causas congénitas o enfermedades, pero al menos el 60% son evitables y están relacionadas por la exposición a un ruido excesivo por el uso de maquinarias o a sonidos muy elevados durante actividades recreativas, como el uso de audífonos a volúmenes muy altos, o la asistencia a bares, discotecas y eventos deportivos. De hecho, la misma organización advirtió en 2019 que 1100 millones de jóvenes (entre 12 y 35 años de edad) están en riesgo de padecer pérdida de audición por su exposición al ruido en contextos recreativos.

Y es este tipo de actividades las que concentran la mayor cantidad de denuncias por ruidos molestos en los últimos seis años, según un reciente estudio realizado para el Ministerio del Medio Ambiente sobre los procesos de fiscalización y sanción llevados adelante por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a objeto de actualizar la norma que regula este tipo de contaminación.

Desde que empezó a funcionar con plenas facultades en diciembre de 2012, la SMA es el organismo mandatado por ley para fiscalizar la norma de ruido, y hoy prácticamente de la mitad de las denuncias que recibe cada año se refieren a problemas por ruidos molestos. Según el estudio, entre septiembre de 2014 y septiembre de 2020, ha recibido 5.759 denuncias de este tipo, y más de la mitad se concentran en las actividades de esparcimiento (28%) y productivas (26%). Más atrás le siguen las actividades comerciales (17%), las faenas constructivas (12%) y las actividades de servicio (12%).

¿En qué tipo de lugares se concentran estas denuncias? El primer lugar lo tienen las discotecas, con 485 denuncias, seguido de las actividades en plantas o fábricas (481) y de la actividad inmobiliaria (288). En el “top ten” de las actividades con mayor cantidad de denuncias por ruidos molestos aparecen nuevamente las actividades de esparcimiento: pub (275) y restaurantes (269) se encuentran en el cuarto y quinto lugar, seguido de otras actividades de la construcción (259), la actividad minera (206), los gimnasios (198), las panaderías (144) y las viviendas (130). Es decir, la mitad de las 10 primeras de la lista están relacionadas con música a alto volúmen y fiestas, si se considera en ello las denuncias contra gimnasios y viviendas.

Una situación, de hecho, que se ha vuelto mucho más patente durante la pandemia y que ha llevado a los municipios a crear ordenanzar especiales y a generar alianzas con la SMA incorporándose a la Red Nacional de Fiscalización Ambiental, lo que habilita a sus funcionarios como fiscalizadores de ruido, y a la municipalidad para recibir denuncias por parte de la ciudadanía.

La comuna de Santiago, por ejemplo, creó en 2018 una ordenanza que reduce los niveles máximos de ruido en la comuna y faculta a la dirección de seguridad a fiscalizar y cursar infracciones. Incluso creó una unidad específica para ello, un “Servicio de Ruidos Molestos e Incivilidades” que realiza los fines de semana con apoyo de Carabineros. Desde que entró en operaciones en mayo pasado, y hasta diciembre de 2020, cursó 952 multas por este motivo.

Comunas con mayores denuncias

El ruido podrá ser invisible, pero no pasa desapercibido. Y menos aún durante los largos confinamientos impuestos por la pandemia. Aunque un estudio realizado en mayo por la Universidad Autónoma y el Ministerio del Medio Ambiente señaló que el ruido en Santiago disminuyó un 75%, en base a los datos de dos estaciones de monitoreo ubicadas en Providencia y Ñuñoa, las denuncias de vecinos arrecian en los municipios, comisarías y las aplicaciones de seguridad comunales.

Según publicó La Tercera en junio de este año, desde el inicio de la emergencia sanitaria hasta el 31 de mayo de 2020 -es decir, 10 semanas-, se registraron 3.912 personas sancionadas por situaciones vinculadas con música a alto volumen y festejos en residencias.

No obstante, estas situaciones están fuera del ámbito de acción de la SMA, que impone multas más altas y que se aplica a lo que se denomina “fuente emisora”, es decir, toda actividad productiva, comercial, de esparcimiento y servicios, faenas constructivas y elementos de infraestructura que generen emisiones de ruido a la comunidad. Y por ello, al dejar fuera las viviendas residenciales, tras alcanzar un peak de denuncias en 2018 con 934, estas disminuyeron en 2019 (865) y 2020 (429) producto del estallido social y los mismos confinamientos, que terminaron por reducir al mínimo muchas de las actividades del “top ten” de denuncias.

¿Cuáles son las comunas con mayor cantidad de denuncias por ruido? El ranking lo encabeza la ciudad de Antofagasta (4,7%), seguida de Concepción (4%), Santiago, Las Condes y Providencia. Esto considerando el total de denuncias recibidas por la SMA, es decir, 5.759 en todo el país. Sin embargo, de ellas solo 2.539 cuentan con unidades de fiscalización identificadas y donde la SMA puede fiscalizar y sancionar. Y aquí el ránking sufre variaciones: la lista la encabeza Providencia (5,4%), seguida de Concepción (5,4%) y Santiago (4,6%). A ellas le siguen Antofagasta, La Serena, Iquique, San Miguel, Valdivia, Ñuñoa y Las Condes. Es decir, la mitad son de Santiago, y principalmente comunas que concentran la vida noctura de la capital.

Sanciones suman $825 millones en seis años

Entre 2014 y 2020, la Superintendencia del Medio Ambiente realizó un total de 697 fiscalizaciones por este tipo de denuncias en Chile, casi la mitad de ellas en la Región Metropolitana (46,7%) ya que concentra la mayor cantidad de denuncias del país. De hecho, Providencia es la comuna con mayor cantidad de fiscalizaciones (5,7%), seguida de Iquique (5,2%) y Concepción (4%). En la Región Metropolitana se suman Santiago, Quinta Normal, Ñuñoa y Las Condes en la lista de las 10 primeras.

Esto derivó en 440 procesos sancionatorios, que alcanzaron su peak en 2019 con 147, duplicando los 76 registrados el año anterior. De ellos, el 38% se encuentra aún en curso, mientras que un 28,4% fue terminado con sanción, un 27% de los casos presenta la ejecución de un plan de cumplimiento en curso, y un 8,6% de los casos ya han terminado con este plan de cumplimiento. Solo un 0,2% de los procesos han terminado en absolución, y un 1,1% fue suspendido.

A la fecha, un 82,7% de los procesos sancionatorios han sido clasificados en el rango de leves, y un 17% como graves, no obstante los primeros concentran las multas de mayor valor, lo que implica que su monto no está asociado necesariamente a la gravedad de la infracción. Con todo, las multas aplicadas por las infracciones en los últimos seis años, así como el costo de los planes de cumplimiento, suman un total de $825 millones, según señala el informe.

“Para el caso de las asctividades económicas de denuncias que terminaron sancionadas se obtuvo que un 48.7% corresponden a ´actividades de esparcimiento’, es decir, cerca de la mitad de los casos sancionados corresponde a esta actividad. Gran parte de estas corresponden a la subcategoría Ocio, y dentro de esta a Pubs y discoteques. Cabe señalar que las ´actividades de esparcimiento’ equivalen a menos de un tercio del total de las denuncias, y son más de la mitad de los procesos sancionatorios (…) Es posible observar que las denuncias a los pubs son un poco más de la mitad que las de las fábricas, sin embargo, tienen casi el doble de fiscalizaciones y poco más que cuatro veces los procesos sancionatorios”, agrega.

Sin embargo, el informe también revela que todo este proceso no es rápido. Del total de denuncias realizadas a la SMA (5.759), señala, menos de un 15% cuentan con una fiscalización o un proceso sancionatorio asociado, mientras que la media de tiempo de espera entre la denuncia y el inicio de la fiscalización -considerando todas las regiones- es de 9,9 meses. En cuanto al tiempo que transcurre entre la denuncia y la formulación de cargos, este llega a una media de 14,7 meses con la Región Metropolitana alcanzando los tiempos de espera más extensos, y para la formulación de cargos llega a casi 26 meses.