“Chile cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad climática definidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC)”, refiere la ministra de Obras Públicas, Jessica López Saffie, al comenzar a hablar sobre los riesgos que implica el cambio climático para la infraestructura nacional, y confirma esa vulnerabilidad mencionando algunos hechos de los últimos años, como aluviones e inundaciones. El país está expuesto a múltiples amenazas, resume, y plantea enfática: “En ese escenario, la infraestructura juega un rol esencial en la protección de la vida humana”.

Conscientes de esta realidad, las autoridades a nivel de gobierno y de parlamento han avanzado los últimos años en generar un marco normativo y estratégico que permita al país reducir los riesgos frente a esas amenazas. A su vez, y de manera colaborativa, el sector privado también está realizando esfuerzos importantes en esa dirección.

En este contexto, este año la Semana del Clima eligió como lema “Chile se adapta: infraestructura y territorio frente al cambio climático”, para contribuir al diálogo nacional en torno a la acción climática, la planificación territorial sostenible y la resiliencia de la infraestructura. Esta es la octava versión del evento organizado por País Circular y auspiciado por ISA Chile, y primera vez que se desarrolla en una región distinta a la Metropolitana: en esta ocasión, el encuentro tiene lugar en las instalaciones de la Universidad Santo Tomás (UST) en La Serena, región de Coquimbo.

En la apertura de la Octava Semana del Clima, realizada la tarde del martes, la conferencia inaugural estuvo a cargo del Director de la Dirección General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas (MOP), Rodrigo Sanhueza, quien abordó “El Impacto del Cambio Climático en la Infraestructura nacional”, y subrayó la importancia de una infraestructura pública resiliente para enfrentar el cambio climático en proyectos actuales y futuros. Asimismo, destacó que el MOP administra una de las carteras de inversión pública más grandes del país y tiene a su cargo el diseño, la construcción y la gestión de obras fiscales en carreteras, aeropuertos, hospitales, infraestructura penitenciaria, obras hídricas, entre muchas otras.

En este marco, País Circular quiso profundizar en la forma en que este ministerio está asumiendo el enorme desafío que implica crear las condiciones para que esas inversiones se realicen de la forma más adecuada en el contexto de la crisis climática, que va de la mano con las crisis de pérdidas de biodiversidad y de contaminación. Para esto, conversamos con la titular del MOP, ministra Jessica López, quien destacó que existe una sólida política pública destinada a aumentar la resiliencia de los territorios.

-De acuerdo a la evaluación del MOP, ¿cuáles son los principales riesgos que supone el Cambio Climático para la infraestructura nacional y qué prioridades se han definido al respecto?

Como país contamos con evidencia tangible de la manifestación del cambio climático. En lo que respecta al MOP hemos abordado diversos eventos de gran impacto para el país en los últimos años. Ejemplo de ello lo evidenciamos en 2023 con inundaciones en la zona central, desde Valparaíso hasta Biobío, producto de lluvias extremas y que generaron afectación tanto a la infraestructura de conectividad como a las comunidades y sus territorios. No podemos dejar de lado los aluviones, marejadas e incendios que han asolado, cada vez con mayor intensidad, a la infraestructura. Hemos sistematizado más de 6.140 afectaciones entre 2014 y 2024.

Lo anterior nos da cuenta de que efectivamente Chile cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad climática definidos por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Su extensa costa, zonas de alta montaña y ecosistemas frágiles lo exponen a múltiples amenazas como el aumento del nivel del mar, la pérdida de playas, incendios forestales, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra, desertificación, retroceso de glaciares y sequías prolongadas. En ese escenario, la infraestructura juega un rol esencial en la protección de la vida humana.

Por eso, frente a los efectos del cambio climático y la creciente exposición de comunidades a amenazas climáticas, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha definido una hoja de ruta que articula sostenibilidad, resiliencia y gestión de emergencias como pilares de una nueva forma de construir Estado y garantizar bienestar. Esta visión se concreta en tres instrumentos: la Política de Sostenibilidad 2024–2030, el Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático para Infraestructura (2025–2029) y el Plan de Adaptación al Cambio Climático para los Recursos Hídricos (2025–2029).

Especialmente en el sector de infraestructura las prioridades están centradas en fortalecer la infraestructura pública con un enfoque de ciclo de vida de proyectos, considerando además, procesos de planificación y monitoreo, teniendo por objetivo central propiciar el desarrollo de obras públicas resilientes que permitan la adaptación de los territorios y sus comunidades a los impactos del cambio climático y a la reducción de emisiones acorde a los compromisos de Chile en torno a la carbono–neutralidad.

-En términos generales ¿qué tan preparado está Chile a nivel de infraestructura para enfrentar los riesgos físicos asociados al Cambio Climático, tales como olas de calor, incendios, aluviones, disminución de precipitaciones, ráfagas de viento, etc.?

El MOP, a través de sus direcciones operativas, está trabajando permanentemente para estar mejor preparado ante los efectos del cambio climático, considerando una planificación al corto plazo para la atención de emergencias, y a la vez con estrategias preventivas a mediano y largo plazo, alineadas con el Plan de Cambio Climático–Sector Infraestructura.

En esta línea, tenemos en desarrollo diversos proyectos de infraestructura para proteger a la población, como el Parque Inundable Víctor Jara, en la Región Metropolitana, o la construcción de obras de Control Aluvional de la Quebrada de Bonilla en Antofagasta, ambas en desarrollo por etapas. En otra línea de acción relacionada con la sostenibilidad en edificación pública, contamos con que la mayoría de los edificios públicos que genera nuestra Dirección de Arquitectura están certificados en CES–Certificación de Edificios Sustentables.

-¿Cómo se está preparando el país -desde el Estado- para los riesgos de transición, como regulaciones y cambios tecnológicos?, por ejemplo, a nivel de regulación para incorporar nuevos requerimientos a la empresas que desarrollan la infraestructura (hídrica, eléctrica, etc).

Desde mi perspectiva, el país cuenta con una sólida política pública para enfrentar el cambio climático con los planes sectoriales ya elaborados que dan una hoja de ruta para aumentar la resiliencia de los territorios.

El Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático del Sector Infraestructura (2025–2029) es un instrumento vinculante con la industria que integra el componente climático de manera transversal en todo el ciclo de vida de las obras. Establece tres grandes objetivos: fortalecer la resiliencia territorial, implementar obras públicas con foco en circularidad y reducción de emisiones, y disponer los medios para su implementación, entre los cuales destaca consolidar capacidades institucionales.

Sus acciones incluyen rediseño de infraestructura crítica ante amenazas climáticas, uso de materiales con atributos circulares, gestión de residuos de construcción, criterios climáticos en licitaciones, certificaciones sustentables y soluciones basadas en la naturaleza (SbN).

-Considerando las grandes diferencias que presenta el país entre unas zonas y otras, con diferentes vulnerabilidades y distintas amenazas, ¿cómo aborda el MOP los riesgos de manera “zonificada”?

Considerando la información climática regionalizada, contamos con una plataforma de riesgos climáticos especializada a lo largo del país, provista por el Ministerio de Medio Ambiente para su utilización colaborativa por parte de la institucionalidad pública (como el MOP), sector privado y academia, que pone a disposición datos de temperatura, precipitaciones, entre otras variables, y permite conocer proyecciones temporales del clima al año 2030 y 2050.

Con esta información, el Plan de Cambio Climático del MOP incorpora acciones para actualizar instrumentos y procedimientos, acorde a la diversidad territorial del país, que permitan integrar las proyecciones climáticas a los diseños de infraestructuras expuestas a amenazas, como el aumento del nivel medio del mar, las inundaciones y las marejadas, entre otros, así como al diseño de infraestructura hídrica resiliente para el consumo humano en contexto de escasez hídrica, tanto en las regiones del norte y centro del país como en sectores costeros e insulares del sur austral.

-¿Qué rol se les asigna a las comunidades en la adaptación y resiliencia de la infraestructura? ¿Existe en estos temas coordinación entre distintas instituciones y colaboración público-privada?, ¿cómo?

El conocimiento local es central para el desarrollo de buenas obras públicas, es por ello que el MOP realiza procesos de participación ciudadana temprana en todos sus proyectos, lo que permite asegurar que éstos respondan a las realidades territoriales, sociales y culturales. Y en lo que respecta a resiliencia y adaptación, se contempla en el Plan de Cambio Climático del MOP la adecuación de los procesos participativos de obras con enfoque de género, intercultural e inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad climática. En este sentido, este Ministerio es además el servicio público que más consultas indígenas ha realizado en Chile, con 96 procesos a la fecha, lo que refleja un compromiso concreto con la inclusión de los pueblos originarios en el ciclo de vida de los proyectos.

Este enfoque se complementa con un trabajo de coordinación intra e interinstitucional, considerando también al sector privado. El Plan, articula su implementación con otros ministerios como por ejemplo Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), de Transporte y Telecomunicaciones (MTT), de Desarrollo Social y Familia (MDSF), entre otros. Y, también con actores privados que aportan innovación en coherencia con los desafíos institucionales.

-¿Hay iniciativas para impulsar infraestructura “no tradicional” desde el Estado? A modo de ejemplo, en infraestructura hídrica, pasar desde los embalses tradicionales a soluciones basadas en la naturaleza, desalación, reúso, etc.

El Plan de Cambio Climático–Sector Infraestructura considera avanzar firmemente en resiliencia y circularidad con criterios innovativos, a lo largo de las diversas instancias del ciclo de vida de los proyectos. Por ejemplo, el Plan compromete para este año avanzar en la incorporación de proyecciones climáticas en los Planes Maestros de Aguas Lluvias, con análisis y propuestas de casos, reforzando el rol de la planificación temprana. En el caso de Soluciones basadas en la Naturaleza, ya disponemos desde el año pasado de un catálogo base de tipologías aplicables a casos prácticos del MOP, que permite conocer, según el tipo de proyecto y la amenaza climática que enfrenta, las distintas opciones de infraestructura disponible.

En economía circular, destaco el primer reporte de Gestión de Residuos de Construcción en infraestructura pública, que da cuenta que en 2024 se gestionaron más de 14 millones de toneladas de residuos en 532 contratos. El desafío es ampliar los contratos que reporten y realicen el plan de gestión de residuos de construcción y demolición del MOP. Para eso se trabaja en un visor geoespacial que muestre dónde están disponible los residuos y así generar una cadena virtuosa, entre oferta y demanda. En ese sentido, una de las medidas del Plan de Cambio Climático es generar un sistema de gestión y aumentar a lo menos en un 10% al año las obras que reporten su plan de residuos, lo que impactará decididamente en mejorar los indicadores de circularidad.

Así también, a partir de este año contamos con la Guía para la Estimación de la Huella de Carbono en proyectos de Obras Públicas, que busca hacer frente a los riesgos e impactos que genera la construcción y, a la vez, reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Esta herramienta establece los lineamientos y sienta las bases metodológicas para medir la huella de carbono en los desarrollos de infraestructura y edificación pública del MOP, considerando todo el ciclo de vida de los proyectos.