Nada cambió sustancialmente para los visitantes chilenos y extranjeros que buscan renovar su espíritu con los paisajes indómitos de Isla de Pascua y sus moais. Como ocurría antes, los turistas podrán permanecer, a lo sumo, 30 días en Rapa Nui. A partir del 3 de mayo, sin embargo, quienes pretenden quedarse como residentes en territorio insular ya no podrán hacerlo, salvo contadas excepciones.

El viernes pasado fue publicado en el Diario Oficial el decreto supremo 1428 del Ministerio del Interior y Seguridad Pública que declaró a Isla de Pascua en estado de latencia por carga demográfica. Dicho de otro modo, actualmente Rapa Nui no tiene la capacidad para cubrir las necesidades en el contexto de un aumento descontrolado de la población externa a la isla. La declaración de latencia, eso sí, es un estado intermedio entre óptimo y saturado. En términos más concretos, si se hace una analogía con un semáforo, el estado de latencia sería el color amarillo.

Pero, ¿cómo se llegó a este índice? Mientras se discutía la ley 21.070 -vigente desde el 1 de agosto de 2018 y que regula la permanencia en Isla de Pascua-, el Programa de Planes y Proyectos Urbanos de la Universidad Católica elaboró un Modelo de Capacidad de Carga para Isla de Pascua (MCC). Éste arrojó resultados para 12 de 21 variables determinadas según su nivel óptimo, latencia y saturación. Con respecto a  las nueve restantes variables no había suficientes datos como para sistematizar la información. Pese a que Interior encargó el estudio a la UC, los investigadores del plantel universitario pidieron que la solicitud emanara de la propia comunidad del “ombligo del mundo”.

El modelo de la UC, presentado en 2017, estableció que tres de las 12 variables estaban en latencia: volumen de residuos sólidos en el vertedero de la isla, la lengua rapanui y la cobertura del servicio de educación. En tanto, el nivel de saturación, es decir, más grave que el de latencia y que sobrepasa el umbral permitido, aplicaba para cinco variables: energía eléctrica, brecha entre oferta y demanda de peces, sobrepoblación de ganado, cobertura del servicio de salud, ocupación urbana y vivienda. Solo tres variables presentaban un estado óptimo: consumo de agua potable, capacidad de camas para los turistas y percepción del turismo.

La fórmula proyecta un escenario de saturación según la población estimada para determinados años. Por ejemplo, en el caso de la variable del volumen de residuos sólidos en el vertedero isleño (latencia), había 20.297 toneladas mensuales depositadas a diciembre de 2016. El MCC calcula que el umbral de saturación del vertedero sería 85.085 toneladas de residuos por mes, y que el colapso se podría producir en abril de 2025 si la población aumenta a 10.799 habitantes. Por eso la estimación siempre se realiza en función del tamaño poblacional.

De igual modo, en la variable de pesca, por ejemplo, el modelo comienza saturado. Las cifras extraídas del MCC hablan de que actualmente se están capturando 3.738 toneladas de peces al mes, siendo que la demanda por carga demográfica actual es de 3.684 toneladas mensuales. O sea, la oferta de peces es superior a la demanda.

En principio, el modelo de la UC realizó un cálculo de la capacidad de carga de cada variable por separado, pero cuando Sebastián Piñera fue ungido como Presidente de la República entró en vigencia la ley 21.070 y hubo que redactar una segunda parte. “Nuestro modelo venía con recomendaciones sobre qué hacer con cada una de las variables, pero cuando entró el gobierno actual comenzó a regir la ley y les tocó a ellos implementarla. El Congreso llegó a un acuerdo en que el modelo de capacidad de carga tenía que llegar a un solo número, decir si en su totalidad la isla estaba óptima, en latencia o saturada”, explica Roberto Moris, director del Programa de Planes y Proyectos Urbanos de la UC y coautor de este modelo dinámico.

Así se diseñó, entre mayo y julio de 2018, el Índice Pascua (IPA), que estableció un rango entre 0 a 1, donde el nivel 1 implica que la isla entró en saturación. De acuerdo al decreto publicado en el Diario Oficial, el estado de latencia “se sitúa entre el valor 0,73 y 0,99”. Basada en el algoritmo creado por la UC, la gobernadora provincial Tarita Alarcón Rapu, cita el decreto supremo 1428, informó al Ministerio del Interior que el IPA era de 0,84.

“Que la mayoría de las variables estén saturadas no implica que isla completa esté saturada. El modelo hace una suma ponderada por cada una de las variables. Cada variable tiene su peso específico. Y en la mesa técnica en que participamos con la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE), el Ministerio del Interior y el Ministerio del Medio Ambiente se les dio más importancia a algunas variables por sobre otras de acuerdo a la realidad de la isla. Además los valores son muy diferentes entre sí: en algunos casos son camas, en otros son toneladas”, complementa Daniela Zaviezo, coordinadora del estudio del Programa de Planes y Proyectos Urbanos de la UC.

Las medidas de restricción de residencia de la ley

La ley 21.070 sobre Isla de Pascua contempla instrumentos de gestión de carga demográfica para proteger su frágil ecosistema. A partir de la publicación del decreto supremo en el Diario Oficial, la normativa apunta esencialmente a una restricción en el ingreso de visitantes a la isla, sean chilenos o extranjeros. Por otra parte, la ley obliga a implementar un plan de gestión para sacar a la isla de los niveles de latencia y saturación de las variables afectadas, y frenar la caída de aquellas que figuran en la categoría óptimo.

Entre los efectos temporales que establece la ley, una vez declarado el estado de latencia, es la prohibición de celebrar contratos de trabajo y de ejercer actividades económicas para todas las personas que ingresan a la isla, como turistas o visitantes temporales. Además, según la letra b del artículo 18 de la normativa, “los trabajadores contratados a plazo fijo deberán hacer abandono del territorio especial una vez vencido éste y no podrán celebrar un nuevo contrato”.

El texto especifica, además, que esos trabajadores no podrán prorrogar su contrato a plazo fijo vigente, ni podrán ejercer nuevas actividades económicas de manera independiente en Rapa Nui. Las excepciones corren para “las prórrogas de empleos a contrata de funcionarios públicos, personal contratado por los órganos o empresas del Estado, personas que ejerzan una función pública y funcionarios del Poder Judicial”, cita el texto.  Esto también se extiende para los contratos a honorarios, siendo el órgano respectivo el encargado de evaluar la necesidad de extenderlos para el cumplimiento de sus funciones.

La gobernadora Tarita Alarcón aclara que la declaratoria no tendrá ningún impacto en el turismo: “La visitación tipo dura entre cuatro y siete días. Intentamos siempre de que los turistas aumenten la estadía, nosotros dejamos que vengan 30 días. Para residir en la isla, se puede, pero bajo ciertos requisitos. Si no cumples, te vas, pero no es que la isla esté cerrada para residentes”.

Adicionalmente, desde el 3 de mayo de 2019 los padres e hijos mayores de edad del cónyuge, conviviente civil o de hecho de una persona perteneciente al pueblo rapanui no podrán permanecer más de 30 días en la isla en período de latencia.

Del mismo modo, la ley faculta al Estado de Chile a no prolongar más allá de los 30 días la estadía de los ascendientes e hijos mayores de edad de personas habilitadas en las letras c, d, f y g del artículo 6. La letra f, por ejemplo, autoriza a las personas que desempeñan cargos de elección popular en la isla a estar más de 30 días, desde la proclamación hasta el cese de sus funciones. Sin embargo, con la declaración de latencia, los ascendientes e hijos mayores de edad de esa persona (el alcalde de Isla de Pascua, por ejemplo) ya no pueden permanecer más de 30 días.

Según explica Tarita Alarcón, “la ley nunca fue pensada para sacar gente de la isla”. Destaca además la puesta en vigencia del decreto supremo de latencia, al que califica como “un gran logro del país en su relación con los pueblos originarios”.  Y fundamenta: “Los pueblos originarios piden en la ONU que los resguardes cultural y medioambientalmente ahora. La tendencia latinoamericana va para allá: por ejemplo, en Galápagos y Fernando de Noronha, los gobiernos entienden que hay particularidades culturales, sociales y territoriales. En el caso de la isla es un ejemplo de cómo el pueblo puede lograr avances con una buena conducción de los procesos”.

El plan que ataca las variables en latencia y saturadas

Junto con ello, y esto es muy relevante, la ley activa un plan de gestión de carga demográfica que vela por que dicha capacidad de la isla “en período de latencia y saturación no sea superada”, cita un extracto del cuerpo legal. En la elaboración del plan participaron miembros de todos los ministerios y la Municipalidad de Isla de Pascua, entre otras instituciones. El 29 de octubre pasado el borrador fue presentado al Consejo de Gestión de Carga Demográfica, integrado básicamente por representantes del pueblo rapanui. René de la Puente, coordinador del Ministerio del Interior para Rapa Nui, asegura que el municipio se restó posteriormente de la aplicación del plan en su territorio.

Según añade René de la Puente, el plan tiene una vigencia de cuatro años y recién terminó su proceso de elaboración para ser aplicado en un plazo próximo. En él se establecen las políticas públicas tendientes a recuperar los niveles óptimos de carga demográfica.

El plan de gestión prioriza aquellas variables determinadas por el modelo de la UC que están en latencia o saturadas. Por ejemplo, una variable en apariencia más abstracta como la lengua se encuentra en latencia en este momento en la isla. “En este minuto el 61 por ciento de la población de Rapa Nui presenta un nivel de competencia alto en su lengua vernácula, pero el nivel de saturación se produciría si éste baja al 50 por ciento”, precisa De la Puente.

Otra variable en latencia es la cobertura del servicio de educación. “Este punto tiene que ver con la disponibilidad de matrículas en los establecimientos educacionales de la isla”, agrega el coordinador ministerial para Rapa Nui. Por ejemplo, el colegio Lorenzo Baeza tiene un 96 por ciento de ocupación, y entonces el plan de gestión de carga demográfica “moviliza recursos para aumentar la infraestructura escolar y también el personal de docencia”, dice René de la Puente.

El plan también trabaja sobre aquellas variables peor evaluadas, que figuran en el rango de saturadas. El ganado, sin ir más lejos, es un problema por el exceso de caballos y vacunos que pululan por toda la superficie isleña. “Los caballares y los vacunos están sin control, afecta al consumo y tiene efectos medioambientales. Por intermedio del plan, el Ministerio de Vivienda ya está trabajando para invertir en una planta de faenamiento de animales con el objetivo de controlar la población. Y también activa recursos para que la carne que llegue del continente a la isla sea de buena calidad y con las condiciones higiénicas adecuadas”, explica el mismo funcionario ministerial.

En salud, otra variable saturada, el plan compromete inversión para mejorar las condiciones del hospital de Hanga Roa. “Si llegan durante el año 120 mil personas eso genera un impacto importante que atenta contra los pobladores locales. La idea es que mediante el plan el hospital separe la salud primaria de la secundaria, que haya telemedicina y más infraestructura”, señala de La Puente.

En energía eléctrica, también variable saturada, el consumo de kilowatts por mes roza el limite del umbral de saturación. “La electricidad en la isla depende de motores diésel”, cuenta De la Puente. El plan, sobre este punto en particular, destinó inversión para la construcción de una planta fotovoltaica que estará operativa a fines de 2020. Y también se están realizando estudios para generar otra planta  y cambiar definitivamente la dependencia de motores diésel a energías limpias.

El mismo coordinador cuenta que la entrada en vigencia del plan depende de la toma de razón de Contraloría. “Ellos tienen sus tiempos”, dice De la Puente. Luego de ello se redacta el decreto supremo que oficializa la ejecución del plan.

Pero en el Programa de Planes y Proyectos Urbanos de la UC, impulsores del modelo de carga demográfica, se mantienen alerta. En esta segunda etapa de ejecución ellos se mantuvieron al margen del seguimiento del plan, y advierten sobre la importancia de actualizarlo mes a mes.

“El modelo está pensado para ser actualizado mes a mes, pero como el plan es una herramienta política muy sensible, la UC no está participando. No sabemos si el Gobierno está recogiendo las variables”, dice Roberto Moris, coautor del modelo. “Las variables cambiarán en la medida en que tengamos información que permita actualizar cómo se comportan. Podría ser por ejemplo que el Estadio invierta en agua potable y que el umbral de saturación aumente, pero si no hay evaluación en la gestión, estructura ni registro de datos, no hay cómo actualizar el modelo”, complementa Daniela Zaviezo.

Alcalde: “Faltan recursos”

En la Municipalidad de Isla de Pascua están sorprendidos por la declaratoria de latencia. “El Gobierno se empeñó en sacar adelante un decreto sin conversar conmigo, sabiendo que yo soy quien representa a la comunidad”, dice el alcalde isleño Pedro Edmunds Paoa.

Al jefe comunal le preocupa que este plan de gestión, según su versión, no traiga aparejado los recursos. “Estamos entrampados. No tengo la certeza de los recursos para aplicar el plan. Para hacer el omelette necesito huevos, y para comprar los huevos necesito plata. La isla no tiene los recursos, no los ha tenido nunca y no los va a tener tampoco. Esto depende de un Estado. Pero aquí hay un Gobierno que no dialoga con el alcalde”, apunta Edmunds Paoa.

Sin embargo, el coordinador ministerial para Rapa Nui, René de la Puente, asegura que los recursos para las iniciativas que contempla el plan están comprometidos ya que este instrumento tiene un carácter vinculante. “Los recursos estarán disponibles”, asegura el representante de Gobierno.

Lo mismo plantea la gobernadora Tarita Alarcón Rapu. Al igual que René de la Puente, la autoridad provincial cuenta que el plan tiene carácter vinculante, por lo que “ninguno de los miembros que participan en su elaboración se pueden desentender del instrumento. Los planes no avanzan sin todas sus autoridades, incluido el alcalde. Para Alarcón, la SUBDERE instó a Edmunds a informar en qué proyectos necesitaba ser apoyado, ya que él tiene competencia directa en variables como residuos sólidos domiciliarios y educación. Pero, agrega Alarcón Rapu, el jefe comunal contará con los recursos: “Teniendo los instrumentos en su poder, yo seré la primera persona como representante del Presidente de la República para que le financien lo que corresponda”.

De acuerdo al alcalde, la expansión descontrolada de la población contribuyó al estado de latencia. Pero el colapso de la infraestructura de la isla, asegura, él lo viene constatando con sus propios ojos, sin necesidad del modelo. “El paso que podría venir es declarar la isla saturada, ese es un aspecto muy peligroso para la economía, cultura, turismo. Vendrá momento difícil si no se toma en consideración un plan de gestión para sacar de la isla del estado de latencia que hoy ha sido decretado. Yo no necesito ningún genio del planeta que me diga: estoy con la basura hasta el cogote, el hospital no me da abasto para atender, el combustible está llegando a un tope para generar electricidad que ya no da más. Si tengo una fórmula para convencer a otros, bienvenido sea”, revela Pedro Edmunds.

Mientras, la gobernadora Tarita Alarcón hace hincapié en la necesidad de adoptar medidas para devolverle a la isla su nivel óptimo. “Sabemos que la infraestructura, la salud y los residuos son variables que hay que mejorar porque si no en un corto plazo nadie va a vivir en la isla. Una provincia suiza perdió sus napas y nadie más llegó a visitarla. Por eso hay que ordenar”, cierra.