Contento fue el despertar de Liliana Galdámez la mañana del 26 de octubre, tras el apabullante triunfo de la opción Apruebo en el histórico plebiscito constitucional. “Nadie esperaba un resultado cercano al 80 por ciento y la desagregación de la votación lo ha hecho aun más interesante, cómo votaron las regiones”, agrega la doctora en Derecho en la Universidad de Valladolid, experta en la relación entre las temáticas medioambientales y el derecho constitucional.

Académica del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Galdámez es autora de varios estudios y artículos concernientes a derechos medioambientales, y es la coordinadora de un libro compilatorio de otros autores titulado “Una perspectiva constitucional del medio ambiente”. De manera que es voz autorizada para perfilar qué contenidos medioambientales debiesen estar incluidos en la redacción de la nueva Carta Magna.

Actualmente, además, Galdámez es integrante de una agrupación de reciente formación, que justamente procura incidir en contenidos ambientales para nutrir la creación de la nueva Constitución en la Convención Constituyente en formación. Se trata de la Red de Constitucionalismo Ecológico, formalizada el pasado 11 de septiembre.

Lo primero que alertó a la experta, una vez conocidos los resultados del referéndum, fue la distribución geográfica de la opción Rechazo, concentrada en cinco comunas, tres de las cuales corresponden a sectores de altos ingresos en el país. “Es preocupante cómo, en el viejo discurso marxista de las clases, se evidencia una gran distancia entre las personas que están en una situación de acomodo, disfrutando las ventajas del modelo, versus las personas que lo están padeciendo”, dice.

-¿Se expresa a nivel ambiental este escenario?

-Yo diría que hay una preocupación nacional transversal que es la apreciación de la naturaleza y de la belleza del paisaje: lo que significa el placer, el descanso, el mar, los bosques. Pero con respecto a las externalidades que genera el mal uso de la naturaleza y el medioambiente, eso no se distribuye igualitariamente. Por eso los votos de Freirina y Petorca, por ejemplo. Ahí se concentra la afectación del ambiente, no es igualitaria.

-¿Qué mensaje lee usted en la altísima votación que obtuvo el Apruebo en las comunas donde hay zonas de sacrificio?

-Que ahí se ven las formas extremas y más visibles de la degradación del medioambiente. Que eso demuestra la dependencia y conectividad que existe entre los seres humanos y la naturaleza. Pero hay otras también: el cambio climático afecta a todos transversalmente, pero asociados a zonas de riesgo también se expresan las inequidades.

-¿La legitimidad de la Convención Constitucional pasa por que personas de esas mismas zonas de sacrificio -dirigentes sociales, por ejemplo- integren el órgano constituyente?

-Yo creo que todo suma. Los sectores que han sido más vulnerables a los desastres ambientales, los sentires de los pueblos indígenas, las mujeres. Tiene que haber esa diversidad. Eso asegura que el resultado del proceso sea más real. Pero también me parece que no es malo en sí mismo que personas que han tenido una trayectoria política participen de la Constituyente; el asunto es que no lo monopolicen. Es difícil imaginar un futuro sin partidos políticos, pero lo que sí debe haber es una redistribución del poder. Acá va a haber personas en primera línea de la redacción de la Constitución, pero también personas en segunda y tercera línea. El momento constituyente está motivando a organizaciones que no quieren participar de la redacción, pero sí aportar conocimientos e ideas. Articular esa relación es muy importante.

-De hecho, varias organizaciones medioambientales agrupadas en la Sociedad Civil por la Acción Climática (SCAC) apuntan a eso: no llevar candidatos, sino que participar desde un rol más secundario para aportar ideas en función de construir esta Constitución ecológica…

– Claro. En ese sentido yo participo de una instancia nueva: Red de Constitucionalismo Ecológico. La acabamos de constituir. Tenemos participación fuerte de científicos, científicas, abogados, abogadas y organizaciones de base. Nuestra idea es proponer aportes para el diseño de los contenidos ambientales de la Constitución. No descartamos que alguno pueda tener interés de ser candidato, pero lo central es divulgar el conocimiento sobre lo ambiental. A veces no dialogamos mucho entre nosotros. La idea es ayudar a la conformación de las bases desde el capítulo 1, no solo en el capítulo de los derechos. Los tres ejes temáticos son: principios, derechos e institucionalidad democrática.

-¿Siente que las temáticas medioambientales están a la par en importancia con las otras demandas prioritarias de la ciudadanía (salud, educación, seguridad social)?

-No ha emergido con el protagonismo que tienen los otros derechos que tú mencionas. La visibilidad está en esos tres, eso no se puede discutir. Pero sí uno piensa más allá de la superficie en estos tres temas, ciertamente lo ambiental está vinculado al área de salud. Hay una relación indisoluble entre el bienestar o buen vivir y las condiciones ambientales y la protección de la naturaleza. No tengo dudas que los contenidos ambientales van a aparecer en la discusión.

-¿Y qué se plantea para que las temáticas ambientales figuren en la misma prioridad que las otras?

-En la Red de Constitucionalismo Ecológico estamos trabajando por fases. En un par de semanas haremos una primera propuesta formal, pero puedo decir algunos temas que han emergido con fuerza. Uno de ellos es que la Constitución reconozca la relación vital entre el bienestar humano y la naturaleza. No es solo una interrelación sino una dependencia. Dependemos de las condiciones ambientales para asegurar otros derechos. Ese es un primer acuerdo. Además, es interesante cómo se ha ido instalado la idea de la solidaridad intergeneracionales, es decir, de pensar la Constitución en términos presentes y futuros. Incluir la restauración es importante; no existe en la Constitución del 80. Eduardo Fuentes, integrante de nuestra Red, propone que el Estado mida los efectos de la actividad humana en la biodiversidad. Pero también debe haber un mandato para que las empresas asuman un protagonismo en ese deber de proteger y restaurar la afectación que generan en el ambiente.

-¿Y cómo se resuelve esa colisión permanente entre el derecho a un desarrollo sostenible contra el derecho de propiedad o la libertad de empresa? Esto pensando en que fundamentalmente la jurisprudencia le da la razón al derecho de propiedad…

– El asunto es pensar una Constitución sistémica. Las constituciones en sí mismas son sistemas integrados, coherentes. La idea sería introducir una perspectiva sistémica de lo ambiental y tocar todos los derechos incluido el derecho de propiedad. Pero repito: a mí me gustaría que se generase más compromiso de las empresas. Yo creo en el Estado regulador, con competencias para controlar. Pero hay que redistribuir esa responsabilidad. Las empresas también deben generar hábitos donde demuestren la conciencia de que los efectos que generan no afectan solo a las personas, sino a la sostenibilidad de la misma actividad empresarial. Una empresa no sostenible profundiza la conflictividad ambiental, y debe actuar no solo porque está asociado a sanciones, sino porque la ciencia demuestra que la capacidad de carga planetaria está en los límites. No solo el resultado del texto va a ser interesante, sino todo el proceso de reflexión previo.

-¿Es más importante la reflexión que el texto mismo?

-Sí, claro, la conversación. Pero creo que la Constitución debe ser sostenible. Que asegure convivir y resolver los problemas sin techos ideológicos y sin el reforzamiento de los derechos de propiedad. No digo que desaparezca, pero ese derecho debe tener en cuenta el desarrollo sobre los bienes comunes. No todo es apropiable. Los derechos de aprovechamiento de agua van en contra del sentido común de la comprensión de la naturaleza. Es decir, ¿cómo se desagrega y se privatiza el agua? Seguramente la Constitución puede plantear un camino que luego el Congreso pudiera discutir democráticamente. Yo no creo que con los 2/3 vaya a quedar todo. La Constitución ecuatoriana tiene varios capítulos de biodiversidad y normas ambientales, pero eso no se ha reflejado necesariamente en una mejor protección de la naturaleza.

-¿Y qué hacer para que sí se refleje? ¿Qué hacer para que esos derechos ambientales, en apariencia tan consagratorios en la Constitución, no queden solo en el papel?

-Es difícil adelantar cuál sería el mejor mecanismo en perspectiva sistémica para permitir que gane el conocimiento. Es muy desafiante para Chile vivir este proceso en plena pandemia -que tiene origen animal y es consecuencia de la degradación ambiental- y en crisis social. Hay un informe internacional que salió hace poco, y que dice que en los últimos 40 años se han multiplicado la institucionalidad y jurisprudencia ambiental, pero ese incremento no ha tenido un impacto concreto en la protección del medioambiente.

-En este momento todos los sectores de la sociedad quieren incidir en el debate constituyente. ¿Hay que asumir que no todos los temas caben y que no todos van a quedar satisfechos?

-Obviamente no todos vamos a obtener lo que quisiéramos, pero lo importante es que todos los sectores sepan identificar esos conceptos fundamentales para permitir un desarrollo posterior. Es importante ese ejercicio de priorización. En el artículo 1 podríamos dejar instalado eso de la solidaridad intergeneracional. Así se dejan mecanismos que dan el pase para que el legislador construya paso a paso. Chile tiene una academia que trabaja estos temas desde hace muchos años. Hay muchas luces para aportar al proceso, que tiene algo de incierto, pero también algo de utópico.

-¿La irrupción de la pandemia invita a reforzar ciertos aspectos ambientales en la discusión constitucional?

-No estoy segura si hay conciencia entre la relación de la pandemia con la biodiversidad. Pero creo que si uno hoy, en que aún estamos semi encerrados, les pregunta a las personas qué extrañan de su vida anterior, éstas dirán: la familia, la vida social y la naturaleza. Extrañamos poder estar en los bosques, ver el mar, es decir, disfrutar del bienestar colectivo que nos entrega la naturaleza. El tema es que tampoco se ha democratizado mucho ese bienestar. Esperaría que en este momento complejo de crisis sea bueno para el pensamiento de futuro.

-En una primera entrevista con País Circular, usted decía que los temas ambientales nos afectan a todos. Es decir, que contaminar un río no afecta solo a la comunidad aledaña, sino a todos los demás. ¿Cómo llevar al texto final esta concepción?

-La Constitución debería tener un preámbulo. Lo tienen todas las constituciones, no hay nada pecaminoso ahí. Ese preámbulo tendría que reconocer este momento especial que estamos viviendo de crisis social y ambiental, y reconocer esa relación entre las personas y la naturaleza. Es extraño porque las constituciones del siglo XX formulan el tema de la igualdad; en cambio, el constitucionalismo contemporáneo está repensando la idea de la igualdad para reconocer las diferencias, que requieren respuestas diferenciadas. Por ejemplo, aunque yo viva en Talca, lo que ocurre en Quintero-Puchuncaví o Petorca tiene una cadena de impacto que también me afecta. El deber de restauración será un sujeto primario: las personas que viven en ese entorno de afectación. Pero todos tenemos una devolución de lo que implica restaurar la naturaleza: lo vemos en la producción de alimentos que consumimos o el agua, por ejemplo. Considerar esa dimensión sistémica de la naturaleza es clave. En los principios hay que proteger a la naturaleza, pero no por la belleza del paisaje, sino porque tiene un valor intrínseco con la cual las personas estamos relacionadas.

-¿Hay tiempo para entrar en el debate acerca de conceder derechos a la naturaleza, algo presente en otras constituciones latinoamericanas, pero que parece bastante audaz?

-Creo que ese debate está súper vivo. Es una de las banderas. Me parece interesante, pero es una pequeña parte de un gran proceso. Consagrar derechos a la naturaleza no resuelve los problemas ambientales del país. La experiencia comparada dice que así no funciona, que es mucho más complejo. Me parece bien, pero no es la única solución y ahí no hay que perderse.