La pandemia mundial obligó a postergar la cuarta y última sesión de la Conferencia Intergubernamental (IGC4), prevista entre el 23 de marzo y 3 de abril del corriente, que contemplaba finalizar la adopción de un  tercer acuerdo jurídicamente vinculante de implementación de la CONVEMAR sobre la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Con ello, lamentablemente dos tercios del océano seguirán desprotegidos frente a las amenazas generadas por la actividad humana.

Como consecuencia de esa postergación, y mientras se fija una nueva fecha, se hace evidente la conveniencia de utilizar ese tiempo de manera constructiva con el objeto de seguir avanzando. Se trata de recurrir a los nuevos procedimientos de trabajo para aprovechar positivamente ese periodo, como lo ha sugerido la “High Seas Alliance”, una agrupación internacional que promueve este acuerdo. La idea es mantener el impulso y la ambición para brindar la  protección que necesita la vida marina en alta mar.

Llegar hasta este punto ha significado recorrer un largo camino. En 2002 se registraron las primeras señales para transitar hacia un nuevo tratado. Luego, en 2011, se adoptaron los elementos de la negociación, centrados fundamentalmente en las herramientas de gestión, incluyendo áreas marinas protegidas, y el acceso y distribución de los recursos genéticos marinos.  Más tarde, entre 2016-2017, se iniciaron las reuniones del Comité Preparatorio, y finalmente las negociaciones formales entre 2018 y 2020. Han tenido que transcurrir casi 20 años para poder llegar a lo que será una transformación significativa en la gestión y protección de la alta mar. Mientras el océano siga enfrentando efectos debilitantes como sobrepesca, pesca ilegal, contaminación plástica y química, cambio climático, acidificación y desoxigenación, más se hará necesario acordar un instrumento ambicioso.

La alta mar es un bien público mundial que hoy no cuenta con una gobernanza adecuada. Aunque la estructura actual se enmarca en la CONVEMAR de 1982, mucho ha cambiado en las últimas décadas en lo que se refiere a la capacidad del hombre para explotar los recursos naturales del océano. Hoy se requiere de un tratado que ponga de relieve la conservación, protección y uso sostenible de los mares, donde apenas el 1% están protegidos. La ciencia es muy clara respecto del océano y señala que está siendo amenazado de múltiples maneras. El océano es uno solo y a la luz de la existencia de varios arreglos políticos que lo regulan, como por ejemplo las organizaciones regionales de pesca, lo que se necesita resolver en la actualidad es precisamente aquella fragmentación para avanzar en una propuesta que entregue una arquitectura coherente y armoniosa.

Chile ha participado activamente en la creación de la gobernanza de los océanos en los instrumentos más importantes que conforman el Nuevo Derecho del Mar. En este caso, ha adoptado una actitud constructiva, resaltando el papel que el nuevo instrumento tendrá en el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 sobre la conservación y uso sostenible de los recursos marinos. Ha promovido un marco jurídico que garantice la conservación y gestión de los recursos genéticos marinos y el adecuado reparto de sus beneficios poniendo de relieve, y también la importancia de las áreas marinas protegidas como herramientas efectivas en el logro de los objetivos generales del acuerdo.

Asimismo, Chile es uno de los actores del proceso de Conferencias “Our Ocean”, que desde 2014 y junto a Estados Unidos, la UE, Indonesia, Noruega, Palaos y Panamá, genera acciones complementarias al sistema multilateral centradas en las amenazas que afectan la salud de los océanos. También impulsa desde 2015, junto a Francia y Mónaco, la iniciativa “Because the Ocean”, reuniendo hoy a cerca de 40 países, con el propósito de incorporar al océano en las negociaciones climáticas.  Más recientemente, y siguiendo esa misma línea, Chile apostó a poner de relieve el papel de los océanos como regulador climático y sumidero de carbono, nombrando la COP 25 como COP Azul.  Por último, nuestro país integra el Panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, iniciativa creada por la Primera Ministra de Noruega, con el objeto de abordar temas como cambio climático, pesca, transporte marítimo, energía, relación con las comunidades, entre otros, poniéndonos en la vanguardia mundial en materia de sostenibilidad de los océanos.

A la luz de las circunstancias actuales, creer que se puede separar salud y política ambiental es una peligrosa ilusión. Nuestra salud depende del océano, del clima y demás organismos con los que compartimos el planeta. Por eso la naturaleza nos envía un mensaje con esta pandemia, a la que se agrega la crisis climática, como recientemente lo ha señalado Inger Andersen, Directora Ejecutiva del PNUMA. La humanidad ha estado ejerciendo demasiadas presiones sobre el mundo natural con sus conocidas y nefastas consecuencias. En efecto, lo que estamos viviendo hoy se erige como una clara advertencia a lo que ha sido el comportamiento humano con el medio ambiente, permitiendo con ello que ciertas enfermedades, como el COVID-19, se extiendan hacia nosotros.

A medida que avanzamos hacia una población mundial de 10 mil millones de habitantes tenemos que enfrentar el futuro con la naturaleza de nuestro lado. En consecuencia, el mundo debiera prepararse para invertir en sistemas que soporten la vida en nuestro planeta. Aquellos objetivos han sido postergados por mucho tiempo, creyéndolos poco realistas y costosos. Sin embargo, estos últimos meses han demostrado lo cambiante que puede tornarse el compás político mundial. Para encarar el calentamiento global, el deterioro del mundo natural y la vida marina, un instrumento que nos ayudará a enfrentar este desafío y que ahora está nuestro alcance es precisamente la conclusión exitosa de un tratado sobre la alta mar.

* Waldemar Coutts es embajador de Chile en Noruega; Max Bello es consultor ambiental en protección y conservación marina.