Biodiversidad / Diario El País

Las leyes para proteger la naturaleza se han multiplicado por 38, pero han fracasado

La primera evaluación mundial en la historia sobre el estado de derecho ambiental asegura que las numerosas normas aprobadas desde 1972 no se cumplen.

País Circular | 25 Ene 2019 a las 3:35 pm
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Las numerosas leyes para proteger a la naturaleza que se han promulgado en todo el mundo en el último medio siglo han fracasado. Esto concluye la primera evaluación mundial en la historia sobre el estado de derecho ambiental, que acaba de presentar ONU Medio Ambiente. La cantidad de normas ambientales establecidas desde 1972 se multiplicó por 38, pero las dificultades para aplicarlas y hacerlas cumplir es uno de los mayores problemas para la mitigación del cambio climático, la reducción de la contaminación y la prevención de la pérdida generalizada de especies y hábitats.

David Boyd, relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos y el medioambiente cree que este nuevo y convincente informe resuelve «el misterio» que entraña la persistencia de problemas tales como la contaminación, la reducción de la diversidad biológica y el cambio climático a pesar de la proliferación de leyes ambientales en los últimos decenios. «A menos que se fortalezca el estado de derecho ambiental, incluso las normas aparentemente rigurosas están destinadas al fracaso y no se alcanzará el derecho humano fundamental a un medioambiente saludable”, asegura.

En el nuevo informe de ONU Medio Ambiente se concluye que, si bien la ayuda internacional contribuyó a que numerosos países concertaran más de 1.100 acuerdos ambientales desde 1972 y a que se elaboraran muchas leyes marco ambientales, ni la ayuda ni la presupuestación interna dieron lugar a la creación de organismos ambientales sólidos capaces de hacer cumplir las leyes y los reglamentos con efectividad.

Los autores señalan numerosos factores que contribuyen a la aplicación deficiente del estado de derecho ambiental, como la escasa coordinación entre organismos gubernamentales, una capacidad institucional debilitada, la falta de acceso a la información, la corrupción y la participación cívica reducida.

En el informe se detallan los numerosos acontecimientos positivos en materia de derecho ambiental registrados desde 1972, incluida la aprobación del derecho constitucional a un medioambiente sano por 88 países y la consagración de la protección del medioambiente en la constitución de otros 65. Además, se han establecido más de 350 tribunales ambientales en más de 50 países, y en más de 60 existen al menos algunas disposiciones legales sobre el derecho de los ciudadanos a la información sobre el medioambiente.

Pero la comunidad internacional «puede hacer más», en palabras de Carl Bruch, director de Programas Internacionales del Environmental Law Institute. «Con demasiada frecuencia, el apoyo de los donantes se centra en esferas muy específicas del medioambiente, por lo que en algunas esferas existen sólidos programas ambientales mientras que no se asignan fondos ni se presta atención a otras. Esta diversidad de enfoques puede socavar el estado de derecho ambiental al no ofrecer uniformidad en la aplicación y el cumplimiento de la ley y enviar mensajes confusos a la comunidad que se reglamenta y al público en general. Como consecuencia, muchas de esas leyes no han arraigado aún en toda la sociedad y, en la mayoría de los casos, la cultura de cumplimiento de las normas ambientales es débil o inexistente”, afirma.

En el informe se dedica considerable atención a una tendencia que reviste particular preocupación: la creciente resistencia a las leyes ambientales, que ha resultado más evidente en los casos de hostigamiento, amenazas de detenciones arbitrarias y asesinato de los defensores de la naturaleza. Entre 2002 y 2013, 908 personas —entre ellas, guardabosques, inspectores gubernamentales y activistas locales— fueron asesinadas en 35 países. Solo en 2017 la cifra ascendió a 197.

En el informe también se destacan cuatro oportunidades para fortalecer el estado de derecho ambiental:

Integración con los ODS

Los autores creen evidente que solo podrán cumplirse muchos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), incluso aquellos que no mencionan explícitamente el medioambiente, si se logran avances sustanciales en el estado de derecho ambiental. Esto significa que, mientras procuran cumplir la Agenda 2030, los países y los asociados deben tener en cuenta el estado de derecho ambiental en sus programas.

Fomento de la participación de diversos actores

Según el informe, la experiencia ha demostrado que la voluntad política tal vez sea el aspecto más importante para determinar si se aplicarán y harán cumplir las leyes ambientales. Las distintas organizaciones y personas, indica el documento, deben entender que, para alcanzar sus objetivos, debe existir un estado de derecho ambiental efectivo.

Evaluación periódica del estado de derecho ambiental

El estado de derecho ambiental sigue siendo un espacio «dinámico, con innovaciones, enseñanzas y desarrollo constantes». Los investigadores creen que una oportunidad clave para reforzar el estado de derecho ambiental consiste en llevar a cabo una evaluación mundial periódica del estado de derecho ambiental. Sería una herramienta para comprender las tendencias, determinar las innovaciones e intercambiar enseñanzas sobre los enfoques que resultan más eficaces.

Enfoques de pruebas piloto

Los funcionarios públicos suelen ser cautelosos cuando se trata de ser los primeros en aprobar un nuevo tipo de permiso ambiental, dar su visto bueno al registro comunitario de tierras o adoptar otras medidas que pueda establecer la ley. Suele ser más fácil convencer tanto a los encargados de adoptar decisiones como al personal de que un enfoque determinado puede funcionar si ya fue sometido a pruebas.

*Publicado por Planeta Futuro / Diario El País de España