Ayer, 19 de mayo, se terminó el plazo adicional otorgado -bajo cuestionables circunstancias- por el 2° juzgado de letras de Los Andes a la empresa minera Nutrex SpA, para monumentar y consolidar la constitución de sus pertenencias mineras en el Valle Juncal. En pocos días más el segundo juzgado deberá declarar la caducidad de las últimas 7 concesiones mineras, así como el 7 de mayo lo hizo el primer juzgado, respecto de las otras 8 concesiones. Finalmente, ninguna de las 15 pudo ser monumentada. Esto significa que, si la empresa quisiera volver a intentarlo, debería iniciar nuevamente el trámite que tiene una duración de quince meses.

Las organizaciones medioambientales que conforman la Coordinadora Defensa Akunkawa respiran con alivio por saber que en esta oportunidad no se han constituido concesiones mineras que pudieran dar inicio a obras de exploración y eventual explotación en este lugar de la cordillera. El Valle del Juncal es un territorio que alberga glaciares, humedales con reconocimiento internacional bajo la convención Ramsar, gran Biodiversidad y la cabecera del río Juncal, uno de los principales afluentes del Río Aconcagua.

La sola posibilidad de que se realizaran faenas mineras en este lugar único, que concentra las principales reservas de agua dulce que abastecen a una de las áreas con más densidad de población de la zona central del país, movilizó durante los últimos meses de una forma sin precedentes a movimientos socioambientales, vecinos del camino internacional, amantes de la montaña, autoridades políticas y espirituales, medios de comunicación, conservacionistas, ecologistas y opinión pública en general.

Resulta tan aberrante como incomprensible que la legislación chilena permita a un particular cualquiera inscribir concesiones mineras en cada rincón del país, sin importar qué hay sobre el suelo que se quiere explorar, a quién pertenece, qué uso tiene o cuál es su importancia para la vida humana o para los ecosistemas. Así de grave y urgente es la necesidad de actualizar la legislación que rige desde décadas pasadas, cuando toda la normativa se alineó hacia el objetivo de impulsar el desarrollo productivo basado en el extractivismo a cualquier costo.

Hoy, ya conocemos los costos que, por mucho que se traten de invisibilizar, se hacen evidentes en el deterioro de los ecosistemas, la pérdida de biodiversidad, el daño a la salud de las personas y la destrucción de las formas de vida en nuestros valles, costas y montañas. Mientras las obscenas utilidades se van a recompensar a los inversionistas, las pérdidas quedan para los territorios y sus habitantes. En contexto de crisis climática, tanto las autoridades como la ciudadanía tenemos el deber de poner atajo a este modelo desarrollista y depredador, que atenta contra nuestra propia sobrevivencia.

Como Coordinadora, abrazamos la posibilidad que se está gestando de trabajar en conjunto con la institucionalidad en la Comisión Alto Aconcagua, recientemente constituida, convocada por el Gobierno Regional, donde hemos propuesto una lista de 30 puntos para abordar desde la normativa vigente, y con herramientas que están dentro de las atribuciones de nuestras autoridades, así como también promover los cambios que sean necesarios en la legislación, para proteger y conservar nuestros ecosistemas naturales y bienes comunes, nuestra calidad de vida y, con ello, asegurar el futuro a las generaciones que habitarán y cuidarán estos territorios.

*Esta nota es una colaboración de Coordinadora Defensa Akunkawa