El hito del inicio de operaciones del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) iba a ser celebrado ayer, domingo, con una actividad en el Santuario de la Naturaleza Quebrada de la Plata, en el sector Rinconada de la comuna de Maipú. Sin embargo, la inusual tormenta del sábado, en especial sus intensas lluvias que anegaron parte importante de esa comuna, obligaron a un cambio de planes. Algunos podrán ver esto como una señal de la naturaleza, que vuelve a recordar la urgencia de proteger y restaurar los ecosistemas para lograr algo de resiliencia frente a las crisis ambientales. Lo cierto es que, institucionalmente, Chile avanza en esa dirección.

A partir de ayer está operando en régimen el SBAP, lo que significa que a partir de ahora este organismo estatal integra la gestión de las áreas protegidas terrestres y marinas del país, hasta ahora administradas por varios ministerios (Agricultura; Bienes Nacionales; Culturas, Artes y Patrimonio; Economía y Medio Ambiente).

Entre las funciones del SBAP está la gestión del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), la implementación de instrumentos de conservación dentro y fuera de estas áreas, y la coordinación de acciones destinadas a resguardar el patrimonio natural del país. Además, debe realizar tareas de fiscalización y acciones de valorización de la biodiversidad. En palabras simples, su propósito es fortalecer la conservación de la naturaleza en Chile; de hecho, la ley por la cual fue creado (N°21.600, septiembre 2023) fue bautizada como “Ley para la Naturaleza”.

Según señala en su página web, el SBAP está facultado expresamente por la ley “para intervenir en múltiples dimensiones de la conservación, desde la generación de conocimiento hasta la aplicación de sanciones, pasando por la gestión territorial, la educación ambiental y la coordinación intersectorial”.

La ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, en una entrevista publicada el sábado en el diario La Tercera, señaló que a partir de ahora “Chile contará con un servicio especializado que ordena y fortalece la gestión de la biodiversidad. Para el Estado, esto significa mayor coordinación, estándares comunes y más capacidad de seguimiento en terreno. Para los territorios, implica pasar de la declaración a la acción: planificación, presencia local, articulación con comunidades y reconocimiento del valor ecológico tanto dentro como fuera de las áreas protegidas”.

A su vez, el director nacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), Aarón Cavieres, en entrevista con País Circular publicada a fines de diciembre, señaló que este Servicio “es un cambio respecto a la conservación de la naturaleza en el país, por la institución misma y por lo que significa en recursos y articulación”.

En la misma oportunidad, Cavieres enfatizó la necesidad de colaboración con otras entidades, tanto públicas como privadas, y se refirió tangencialmente a la inquietud que provocan en algunos sectores algunas atribuciones del SBAP: “En el caso del manejo fuera de las áreas protegidas, claramente tenemos que incorporar a todos los actores para generar las experiencias y llevar el tema a un mecanismo operacional que sea entendido por todos, que sea visto por todos como una necesidad y como una posibilidad importante. Tenemos que cuidar que esto no se sienta -como ha ocurrido algunas veces- como una amenaza o como una posibilidad infinita. Es un camino intermedio que tenemos que armar y queremos armar el mejor camino, por supuesto, el más amplio, pero en esa perspectiva, de integrar a los actores”.

Una larga espera

La creación del SBAP quedó establecida en la Ley N°20.417, de enero de 2010, que rediseñó la institucionalidad ambiental del país creando el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente; sumando más tarde a los Tribunales Ambientales (Ley N° 20.600, de 2012).

La Ley 20.417 señala que “dentro del plazo de un año desde la publicación de esta ley, el Presidente de la República deberá enviar al Congreso Nacional uno o más proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y se transforme la Corporación Nacional Forestal en un servicio público descentralizado”. Cumpliendo lo anterior, la iniciativa legal ingresó en 2011 al Congreso, sin embargo, fue retirada y vuelta a ingresar en 2014 mediante mensaje presidencial.

Su paso por el Legislativo duró 13 años y, finalmente, fue aprobada en junio de 2023 y publicada el 6 de septiembre de ese año.

A partir de entonces comenzó a implementarse el Servicio y, en marzo de 2024, entró en funcionamiento. Para todo el proceso de instalación el presidente Gabriel Boric nombró a Patricia Ibáñez como la primera directora, quien luego entregó el cargo a Cavieres, ingeniero forestal elegido a través de la Alta Dirección Pública.

El rol de Ibáñez fue generar todas las condiciones habilitantes –administrativas y organizativas- para poder llegar a esta fecha y “levantar la cortina”. Entre otros desafíos, ella debió gestionar el traspaso de casi 600 funcionarios y funcionarias transferidas desde la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF; así como 28 traspasadas desde la Subsecretaría del Medio Ambiente.

Ahora, luego del debut operativo, todavía quedan algunas etapas para consolidar al Servicio, entre ellas la incorporación de 570 nuevos guardaparques, así como la publicación de una serie de reglamentos, que están en etapa de elaboración.

Sistema Nacional de Áreas Protegidas

La ley 21.600, junto con crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, también crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Sobre este, en su artículo 53 la ley indica que está “”, constituido por el conjunto de áreas protegidas, del Estado y privadas, terrestres y acuáticas, marinas, continentales e insulares”. Agrega que el SBAP gestionará el SNAP “de manera eficaz, integral y equitativa, bajo diversas categorías de protección, considerando mecanismos de participación ciudadana, así como estrategias e instrumentos de gestión y de financiamiento, para contribuir al cumplimiento de los objetivos de conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural del país vinculado a ésta”.

En rigor, desde ayer alrededor de 62 millones de hectáreas pasaron al SNAP, bajo seis categorías: Reserva de Región Virgen, Parque Nacional, Monumento Natural, Reserva Nacional, Área de Conservación de Múltiples Usos y Áreas de Conservación de Pueblos Indígenas (en ese orden, desde un nivel más estricto a otro menos estricto de protección).

Antes de la creación del SBAP el sistema chileno operaba con 11 categorías de protección, pero fueron modificadas y establecidas estas nuevas seis, siguiendo las recomendaciones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), organismo respetado en la materia a nivel global. Las 11 categorías existentes están siendo homologadas como muestra la siguiente infografía.

De hecho, la actividad suspendida en Maipú a causa de las inundaciones consistía en la ceremonia de homologación del Santuario de la Naturaleza Quebrada de la Plata a Monumento Natural.