La elaboración del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de los Recursos Hídricos (PACC-RH) es liderada por el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas (DGA); con el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) como contraparte técnica; con la Subsecretaría de Hacienda como autoridad designada para administrar los recursos del programa Readiness del Fondo Verde del Clima; y con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como agencia implementadora.

Por estos días, el Anteproyecto del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de los Recursos Hídricos se encuentra en etapa de Consulta Ciudadana, con el fin de convocar la participación pública mediante la realización de observaciones al instrumento, a través del sitio web de la DGA o presencialmente en las oficinas regionales del organismo.

El proceso arrancó en 2023, con una etapa de recepción de antecedentes y encuestas de opinión online; luego, a partir de enero de 2024, continuó con talleres de participación temprana dirigidos a la ciudadanía, e instancias focalizadas en mujeres y pueblos indígenas, alcanzando una intervención de alrededor de 2.500 personas a lo largo del país.

La información recogida en esas instancias se incorporó en la elaboración del Anteproyecto del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el sector de los Recursos Hídricos, incluyendo un análisis de vulnerabilidad. Y así, tras ser publicada la aprobación de dicho anteproyecto en el Diario Oficial, el 12 de junio pasado, comenzó la Consulta Ciudadana por un periodo de 60 días. Es decir, con fecha de término el próximo 6 de septiembre.

En este contexto, para dar a conocer el Anteproyecto del PACC-RH en sus líneas estratégicas, medidas y acciones, informar e incentivar la participación ciudadana, y aclarar dudas de los asistentes vía presencial u online, es que el pasado jueves, 8 de agosto, en las dependencias de la FAO, se realizó el evento “Consulta Ciudadana del Anteproyecto del Plan de Adaptación al Cambio Climático en los Recursos Hídricos: Avanzando hacia la Seguridad Hídrica”.

El encuentro, que fue moderado por Pamela García, Analista de la División de Estudios y Planificación de la DGA, contó con la participación de Rodrigo Sanhueza, Director General de Aguas (DGA) del Ministerio de Obras Públicas; Eve Crowley, representante de FAO Chile; Andrea Osses, Jefa de la División de Estudios y Planificación de la DGA; y Daniel Bifani, Jefe de la División de Infraestructura Sostenible de la Dirección General de Obras Públicas del MOP, además de otras figuras que se sumaron al panel de conversación.

Relevancia de la Consulta Ciudadana

Rodrigo Sanhueza, Director General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, abrió el evento destacando la importancia del proceso ciudadano en el que se encuentran: “Este proyecto recogió la experiencia y la visión de los territorios con el apoyo técnico de la DGA, de la FAO y de un grupo de universidades lideradas por el Centro de Cambio Climático Global de la Universidad Católica. Hoy estamos en una etapa en la que nos interesa de sobremanera una participación activa, porque todo plan, si bien se puede construir con talleres, con conocimiento, con levantamiento de información, resulta más robusto y es un plan que es vivo cuando efectivamente tiene la participación de la ciudadanía”.

“Aunque en las actividades previas tuvimos una alta convocatoria, que nos permitió desarrollar este Anteproyecto, hoy tenemos que validarlo. Y para eso es muy importante poder conocer las consultas y aclararlas. Es información que nosotros estamos esperando. A la fecha tenemos del orden de 100 personas que han completado la Consulta Ciudadana, que han leído el Anteproyecto, pero es insuficiente todavía. Necesitamos que sea una participación activa que recorra todo nuestro territorio”, recalcó Sanhueza.

Eve Crowley, representante de FAO Chile, también hizo énfasis en este punto: “La participación es un eje fundamental de los instrumentos de gestión climática, no solo porque constituye un derecho ciudadano, sino porque además es la herramienta que nos permite adaptarnos a la realidad que nos impone el cambio climático en un recurso tan vital como es el agua. Y eso nos involucra a todas y todos”.

“Fueron muchas personas las que participaron en las instancias previas y hoy necesitamos que sean más ¿Por qué? Porque Chile es un país extremadamente vulnerable a los efectos de cambio climático, cumple con siete de los nueve criterios de vulnerabilidad enunciados en la Convención Marco de Cambio Climático de Naciones Unidas y porque el cambio climático es un hecho inequívoco con significativos costos económicos, sociales y ambientales, caracterizados por variaciones sustanciales en sus patrones históricos”, agregó la representante regional de la FAO, quien también ahondó en la situación hidroclimática del país.

“El Anteproyecto evidencia una disminución del 5% de las precipitaciones en casi todo el territorio nacional, además de un aumento sostenido de las temperaturas en algunas regiones, con las mayores alzas en la macrozona norte y centro. También el Anteproyecto sostiene que los efectos de la mega sequía, extendida por más de 13 años, ha reducido la oferta de agua, poniendo en riesgo el consumo humano, los ecosistemas y las actividades productivas. Asimismo, advierte del incremento en la ocurrencia y la intensidad de inundaciones y aluviones, y el riesgo creciente que esto representa para la población. Y luego, en materia económica, el uso del agua está estrechamente relacionada con el PIB nacional, por lo que la actual crisis hídrica puede poner en riesgo el desarrollo de actividades productivas claves en muchos sectores, tales como el agropecuario, minero, industrial, energético, acuícola y turístico”, argumentó Crowley.

En lo que respecta a los detalles del Anteproyecto del PACC-RH, Andrea Osses, jefa de la División de Estudios y Planificación de la DGA, explicó que está “enfocado en la resiliencia de los recursos a nivel nacional, considerando la disponibilidad de aguas, la sustentabilidad acuífera y los eventos extremos, con un enfoque territorial”.

El Anteproyecto propone 4 líneas estratégicas: Reducción de riesgos sobre los recursos hídricos; fortalecimiento legal, institucional y de gobernanza; fortalecimiento de capacidades, investigación y transferencia de conocimientos; y acceso al financiamiento, y desarrollo de mecanismos de implementación y seguimiento climático. De estas líneas, se desprenden 11 medidas y 30 acciones.

“El objetivo de este Plan de Adaptación al Cambio Climático para los Recursos Hídricos es promover la resiliencia del sector enfocado en la seguridad hídrica para consumo humano, subsistencia y saneamiento; seguridad hídrica para la conservación y preservación de los ecosistemas; seguridad hídrica para el desarrollo productivo; y seguridad hídrica para la prevención, preparación y capacidad de respuesta y recuperación frente a amenazas y eventos extremos”, subrayó Osses.

Anteproyecto en sector de infraestructura

Por otra parte, en un carril paralelo corre el Anteproyecto del Plan de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático en el Sector Infraestructura, que cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sobre el cual expuso Daniel Bifani, Jefe de la División de Infraestructura Sostenible de la Dirección General de Obras Públicas del MOP.

Se trata de una actualización del Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura del Cambio Climático (2017-2022) y que actualmente se encuentra en la etapa de Consulta Ciudadana, con fecha de cierre el próximo 11 de octubre.

“Lo que estamos haciendo es actualizar ese primer instrumento, profundizarlo y adaptarlo a los elementos que fija normativamente la Ley Marco de Cambio Climático. El objetivo general del plan, con medidas vinculantes a 5 años, es propiciar el desarrollo de obras públicas que permitan, a los territorios y a sus comunidades, adaptarse a los impactos del cambio climático; reduciendo a  la vez emisiones acorde a los compromisos de la carbono neutralidad que estableció Chile. Y para eso tenemos cuatro objetivos específicos: integralidad, planificación, coordinación institucional y colaboración con el sector público para la concepción e implementación de estas obras públicas sostenibles”.

“El foco que tenemos como Ministerio de Obras Públicas, englobando a todas sus direcciones generales y servicios ejecutores, es una visión a largo plazo para el desarrollo de infraestructura y edificación resiliente al clima, y baja en carbono. De modo que los proyectos que ejecuta el Ministerio sean planificados, diseñados, construidos, operados y, cuando corresponda, desmantelados, garantizando durante todo este ciclo de vida los conceptos que están en nuestra política de sostenibilidad. Es decir, los cuatro pilares tanto en lo ambiental, social, económico-financiero y, por supuesto, la base institucional para todo el respaldo que esto requiere”, indicó Bifani.

Consultas al cierre

En su etapa final, el seminario contó con un panel de conversación, con el fin de ahondar en los contenidos del Anteproyecto del Plan de Adaptación al Cambio Climático para el Sector de los Recursos Hídricos, aclarando también preguntas de la audiencia.

De esta instancia participaron Andrea Osses, jefa de la División de Estudios y Planificación de la Dirección General de Aguas; Evelyn Medel, jefa del Departamento de Cambio Climático y Economía Circular de la Dirección General de Obras Públicas; Maritza Jadriyevic, jefa del Departamento de Adaptación al Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente; Irene Bernaus, coordinadora del Plan de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO; y Sebastián Vicuña, director del Centro de Cambio Global de la Pontificia Universidad Católica de Chile y jefe del proyecto de la consultoría de apoyo a la elaboración del presente plan.

Consultados sobre cómo el plan aborda el desafío de conocer la oferta disponible de agua, con el fin de alcanzar la seguridad hídrica, Andrea Osses aludió a la flexibilidad del mismo: “Hay acciones específicas en cuanto al monitoreo del recurso hídrico, no solo en cantidad sino también en calidad, porque la calidad puede ser una limitante en la cantidad de agua. Eso está considerado en el plan. Ahora, más que tener la certeza año a año de lo que hay, son proyecciones. Porque una de las mayores consecuencias que trae el cambio climático es la incertidumbre, y lo que tenemos que hacer es promover una adaptación que sea flexible. A lo que apunta el plan es a tener distintas alternativas”, afirmó la jefa de la División de Estudios y Planificación de la DGA.

Respecto a la divulgación del plan, más allá de lo que implica el proceso de Consulta Ciudadana, Irene Bernaus destacó que “uno de los productos que contempla el desarrollo del programa Readiness, bajo el cual se establece la elaboración del plan de adaptación, consiste en una estrategia de comunicación y una serie de actividades en torno a la participación a diferentes niveles. Es decir, que van a seguir en las etapas de elaboración del proyecto definitivo y en la aprobación final”.

En cuanto a qué acciones en el Plan de Infraestructura se relacionan con el desarrollo y fortalecimiento de sistemas urbanos y rurales de abastecimiento de agua y saneamiento resilientes, Evelyn Medel recalcó que tomaron medidas considerando el ciclo de vida de los proyectos.

“Proponemos líneas de acción del orden de identificar dónde necesitamos fortalecer los sistemas que ya existen con medidas adaptativas y que tengan un foco más integral. Que no sea solo la infraestructura gris, pensar en infraestructura del tipo al menos híbrida, también con soluciones basadas en la naturaleza y con una fuerte componente de capacitación a los comités de agua potable rural. Es una mirada un poco más integral, entendiendo que hay territorios, como Chiloé, en los que cuesta pensar que hay problemas de agua, pero los hay”.

Desde la visión académica, Sebastián Vicuña respondió sobre cómo se integra al plan el desafío de promover el aprovechamiento, productivo y sustentable, de las aguas superficiales y subterráneas, a lo largo de las cuencas.

“Esta medida tiene acciones que tratan de abordar la problemática desde casi todos los ejes que tienen que ver con no tener una cantidad de agua suficiente para satisfacer todas las necesidades. Hay acciones que tratan de fomentar el acceso a nuevas fuentes, un ejemplo importante es el caso de la desalación. Pero también hay acciones que tienen que ver con cómo fomentar un uso sustentable y cómo ser eficientes en el uso de los recursos, así como hay medidas que también apuntan, de manera similar, a cómo podemos fomentar las soluciones basadas en la naturaleza para aumentar la disponibilidad o mejorar el uso”.

En tanto, sobre el financiamiento y la promoción de alianzas nacionales e internacionales, Maritza Jadriyevic comentó que, “desde el Ministerio del Medio Ambiente reconocemos que el financiamiento de todos estos planes es un desafío y, en ese sentido, vemos que la inversión tiene que realizarse tanto del sector privado como del sector público. (…). Pero también generar un intercambio de experiencias es fundamental para poder ir avanzando y haciendo sinergia tanto del sector público como del sector privado. Y desde el sector público, otra de las medidas que tenemos en el plan de adaptación y que apunta a todos los sectores, pero teniendo muy presente el tema del agua, es incorporar criterios de cambio climático en el sistema nacional de inversiones y ahí en particular se está trabajando en el precio social del agua”.