Con el fin de destrabar y avanzar activamente hacia una gestión sostenible de los recursos hídricos en Chile, un equipo transversal y multidisciplinario, integrado por profesionales y académicos de 5 universidades (Universidad San Sebastián, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Universidad Andrés Bello, Universidad del Desarrollo y Universidad de Concepción), elaboró el denominado “Acuerdo para el Agua”.

Consiste en una declaratoria en la que, mediante seis puntos de consenso, busca impulsar acciones concretas, que puedan servir como base en la toma de decisiones políticas con respecto a la gestión del agua.

Gabriel Caldés, Consultor de Recursos Hídricos e integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), explica que el estancamiento y la desconexión entre las distintas miradas e intereses vinculados a la gestión del agua, fue lo que los motivó a desarrollar esta iniciativa. “Fuera de la modificación al Código de Aguas, durante los últimos veinte años, vale decir, en los cuatro últimos gobiernos, no se ha tomado ninguna decisión estructural para enfrentar el problema del agua y no hemos podido salir de la contingencia. Mientras que el sector privado tampoco ha tomado iniciativas de largo plazo, robustas y fundamentadas, sino que más bien está esperando a ver qué hace el Estado. Entonces, estamos en un ciclo tremendamente vicioso”, señala el experto.

“Además, vamos perdiendo la capacidad de adaptarnos y, por otro lado, el cambio climático se ha ido acelerando y está llegando en forma mucho más rápida a la pronosticada. Estamos en una situación extremadamente compleja. Por lo tanto, con la idea de buscar formas de mover la aguja y lograr llamar la atención, lo que hicimos fue invitar a veinte instituciones de los sectores más representativos del agua, pero con una visión más allá de lo hídrico, con una visión más política”, afirma Gabriel Caldés.

De las 20 instituciones convocadas, fueron 13 las que adhirieron a la declaración: Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), Asociación de Municipios  Rurales (AMUR), La Fundación del Agua (Amulén), Empresas de Agua y Saneamiento (Andess Chile), Asociación Chilena de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas (APAMEC), Asociación Gremial de Agua Potable de la Provincia de Melipilla (AGAPRUMEL), Confederación de Canalistas de Chile (CCCH), Fundación Cosmos, Gobierno Regional de Los Lagos, Junta de Vigilancia Río Elqui y sus Afluentes, Fundación Newenko, Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y The Nature Conservancy Chile.

Bases del “Acuerdo por el Agua”

Durante 5 meses arduos y no exentos de dificultades, por las fuertes diferencias que surgieron en el debate, el equipo trabajó en la elaboración del “Acuerdo para el Agua” de manera totalmente gratuita. “Nadie cobró un peso, ya que esto se hizo con el interés absoluto de tratar de buscar el bien común. Ni las universidades, ni nosotros, como profesionales que llevamos varios años en el tema del agua, cobramos nada  a nadie”, aclara el Consultor Senior (MBA) en Gestión Hídrica.

La declaración consta de 6 puntos de consenso,  que si bien ninguno es novedoso, según indica Caldés, son valiosos ya que implican un acuerdo entre los distintos actores vinculados al agua.

El primer punto dice relación con la urgencia con que la política nacional para la gestión hídrica se sustente en una mirada compartida, comprometida y de largo plazo, en la que confluyan las visiones públicas, privadas y de la sociedad civil, superando los ciclos políticos.

En segundo lugar se llama a mejorar la institucionalidad pública y privada para el agua, promoviendo una gobernanza coordinada y descentralizada, con funciones y objetivos claros. Entre ellos, que proteja el derecho humano al agua potable, el saneamiento y promueva una seguridad hídrica que responda a las necesidades del país y a las que demanda el nuevo contexto climático.

En el tercer punto se reconoce a la cuenca como la unidad de gestión, inversión y conservación de los ecosistemas y del agua en todas sus formas, considerando sus características hidrológicas, sociales, ambientales y económicas. Pero además se enfatiza en la necesidad de avanzar hacia una institucionalidad y gobernanza a nivel de cuenca.

El cuarto punto destaca que la participación de todos los actores debe ser amplia, colaborativa y efectiva, permitiendo construir confianzas sobre la base de información verídica y reconocimiento institucional mutuo; mientras que la quinta base apunta a la necesidad de información, monitoreo y conocimiento, que representen en forma objetiva y transparente la realidad de cada cuenca, basados en antecedentes científicos, continuos, actualizados, oportunos y confiables.

Finalmente, la declaratoria pone énfasis en que se debe asegurar la protección del ciclo hidrológico, por lo que se requiere innovar e incorporar nuevas fuentes, tecnologías y prácticas de eficiencia para el uso del agua, combinando las obras tradicionales con soluciones basadas en la naturaleza.

Diagnóstico y difusión

Superar la crisis hídrica y mejorar la gestión del agua requiere de un esfuerzo colectivo y colaborativo entre los distintos actores públicos, privados y de la sociedad civil, tal como lo subraya este “Acuerdo para el Agua”.

Sin embargo, respecto al inmovilismo que motivó en gran parte el desarrollo de esta iniciativa, Gabriel Caldés tiene un diagnóstico claro.

“El problema que tiene Chile en materia de agua hoy en día, no es ni de financiamiento ni técnico. El problema, en donde estamos topando, es en lo político, porque el Estado no está cumpliendo un rol de liderazgo en este tema. ¿Quién en el Estado está liderando el tema del agua? La DGA (Dirección General de Aguas), dicen algunos, pero la DGA es una institución. Y además de la DGA también está involucrado el Ministerio del Medio Ambiente. Eso por una parte, pero también los privados están tremendamente desunidos”, argumenta el Consultor en Recursos Hídricos.

“Pero es un tema político, porque todos sabemos, por ejemplo, que hay que hacer embalses, plantas desaladoras y podemos discutir sobre el tamaño o lugar donde hacerlas. Es decir, las soluciones técnicas están dadas hace mucho tiempo. Y teniendo una buena solución técnica, el financiamiento sale. Pero aquí estamos parados en el tema de gestión, en la toma de liderazgos políticos, porque los políticos no se atreven a entrar a picar en el tema del agua”, añade el integrante del equipo coordinador del “Acuerdo para el Agua”.

“Ahora, una gran parte de la solución aparece con que echemos a andar los organismos de cuenca. A fines del año pasado el Gobierno sacó una nota pidiendo que los 16 gobernadores echaran a andar los organismos de cuenca. Sin embargo, salvo en la cuenca del Maipo, ninguno prosperó. Se levantaron los agricultores y se negaron a participar. Y en Maipo prosperó porque se impuso la voluntad y el liderazgo del gobernador de Santiago, Claudio Orrego. De hecho, ya están los estatutos y hace unas semanas se realizó la primera asamblea del organismo de cuenca del río Maipo, siendo la primera organización de este tipo en Chile”, expresa el  Integrante del Consejo de Políticas de Infraestructura.

“A nivel de cuencas es donde se deben tomar las decisiones, porque allí están los problemas, pero también allí están las soluciones. Pero para eso se requiere un Estado que tenga un fuerte liderazgo y un liderazgo justo, para que los actores de cada cuenca hagan su propia organización. El punto 3 de la declaración lo dice claramente y que lo hayan firmado los agricultores, las sanitarias y los ambientalistas, entre otros, tienen un gran valor”, recalca Gabriel Caldés.

En lo que respecto al “Acuerdo para el Agua”, el objetivo es hacer pública esta declaración y presentarla a las autoridades, por lo que el equipo coordinador ya está sosteniendo reuniones con diputados y senadores de la Comisión de Recursos Hídricos, mientras también quieren llegar a los ministerios competentes en la materia.

“En concreto, lo que aquí estamos diciendo es que falta un espacio de diálogo entre los actores del agua. Pero no solo entre los usuarios del agua, que son los dueños de los derechos de agua, porque los problemas no están ahí. Los problemas están en los propietarios de los derechos de agua con el entorno. ¿Qué queremos hacer con el agua? Si no tenemos una mirada común y no podemos concordar en qué hacer con el agua, ¿cómo vamos a empezar a tomar decisiones? Porque los agricultores tienen una mirada del tema. A ellos les interesa mucho el mercado, porque es allí es donde se desarrollan, venden sus productos y yo los entiendo. Y al Estado, por su parte, le interesa mucho el rol  social del agua, que también es válido”, explica el Consultor Senior en Gestión de Recursos Hídricos.

“Entonces, entre ambas vías hay que sacar una visión común. ¿Se puede? Sí. Porque es lo que hicimos en este acuerdo. Llegamos a acuerdos. Pero eso no significa que vamos a renunciar a nuestros intereses. No le vamos a pedir a los agricultores que dejen de producir. Y los agricultores no le pueden pedir al Estado que no se preocupe del medio ambiente. Pero sí es posible construir un mundo donde convivan ambas posturas. Tenemos la profunda convicción que sí”, agrega.

La expectativa, por tanto, es que esta iniciativa pueda ser recogida por el Estado con miras a implementar una política pública respecto al agua que logre alinear a los distintos sectores.  “Hoy día, como no hay política pública, tanto el Estado como los privados hacen cada uno lo que estime conveniente”, asevera Gabriel Caldés, aunque con la esperanza de que este acuerdo logre revertir el panorama.