El Ministerio del Medio Ambiente publicó recientemente el segundo informe de seguimiento del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 2017-2022, que contiene 96 medidas y cuyo objetivo es articular la política de cambio climático del sector público en el país en cuatro ejes de acción: mitigación, adaptación, medios de implementación, y gestión del cambio climático a nivel regional y comunal.
Y de acuerdo al balance del análisis, este presenta un 50% de avance acumulado hasta diciembre de 2019, respecto del horizonte de finalización fijado en 2022. Esto implica la existencia de retrasos en el cumplimiento de las medidas, pero también que algunas muestran aún un bajo nivel de implementación porque parte importante de ellas deben ejecutarse en años posteriores. No obstante, hoy el eje con un menor nivel de cumplimiento es el de mitigación, que llega a solo un 32% de avance de acuerdo a lo reportado por los más de 20 organismos públicos que participan de esta política, entre ellos más de una docena de ministerios y organizaciones como Corfo, Conaf, Onemi, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y la Agencia.
El reporte afirma que 2019 “fue un gran año para la gestión del cambio climático”, principalmente porque la presidencia de Chile en la COP25 ayudó a que “esta problemática llegara a todos los niveles de nuestra sociedad y que las instituciones del sector público relevaran su importancia”, al tiempo que “fue motivo de un importante apoyo financiero de la comunidad internacional que impulsó o habilitó la implementación de algunas medidas contenidas en el plan”, pero también da cuenta de varias brechas y dificultades para su implementación.
Entre las más importantes, señala el reporte, “está la falta de capacidades y de recursos financieros, dado que los presupuestos institucionales no aumentan año a año por nuevos instrumentos. Por otra parte, el tema de cambio climático no está dentro de las competencias formales de la mayor parte de las instituciones que participan en el plan, lo que hace más difícil derivar recursos al tema del cambio climático. Los funcionarios entonces deben destinar importantes esfuerzos para acceder a financiamiento ya sean internacionales o nacionales. Por ello contar con una ley de cambio climático resulta fundamental para avanzar de manera más efectiva”.
Adaptación: 47% avance en promedio
Las medidas que presentan un mayor avance son las referidas a la actualización de las proyecciones climáticas, así como de la vulnerabilidad y riesgos del cambio climático para el país. En esa línea, se encuentran plenamente cumplidas -señala el reporte- medidas como la definición y actualización de los escenarios climáticos de referencia para todo el territorio nacional (que sirven de base para la elaboración de planes de adaptación, por ejemplo), así como la mejora en la red nacional de estaciones de monitoreo de variables meteorológicas, para hacer seguimiento del clima y alimentar los modelos de escenarios climáticos.
Esto sin considerar el Atlas de Riesgo Climático (ARCLIM) lanzado a inicios de diciembre de este año, una plataforma en línea que permite conocer el detalle respecto de los riesgos e impactos del cambio climático en las diferentes comunas de Chile para un periodo histórico (1980 a 2010) y para el mediano plazo (2035 a 2065). Su objetivo es ayudar a municipios y actores involucrados a tomar mejores decisiones sobre medidas de adaptación y mitigación adecuadas para los diversos territorios del país, considerando nuevos diseños de acuerdo a las proyecciones asociadas al cambio climático.