El Ministerio del Medio Ambiente publicó recientemente el segundo informe de seguimiento del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) 2017-2022, que contiene 96 medidas y cuyo objetivo es articular la política de cambio climático del sector público en el país en cuatro ejes de acción: mitigación, adaptación, medios de implementación, y gestión del cambio climático a nivel regional y comunal.

Y de acuerdo al balance del análisis, este presenta un 50% de avance acumulado hasta diciembre de 2019, respecto del horizonte de finalización fijado en 2022. Esto implica la existencia de retrasos en el cumplimiento de las medidas, pero también que algunas muestran aún un bajo nivel de implementación porque parte importante de ellas deben ejecutarse en años posteriores. No obstante, hoy el eje con un menor nivel de cumplimiento es el de mitigación, que llega a solo un 32% de avance de acuerdo a lo reportado por los más de 20 organismos públicos que participan de esta política, entre ellos más de una docena de ministerios y organizaciones como Corfo, Conaf, Onemi, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y la Agencia.

El reporte afirma que 2019 “fue un gran año para la gestión del cambio climático”, principalmente porque la presidencia de Chile en la COP25 ayudó a que “esta problemática llegara a todos los niveles de nuestra sociedad y que las instituciones del sector público relevaran su importancia”, al tiempo que “fue motivo de un importante apoyo financiero de la comunidad internacional que impulsó o habilitó la implementación de algunas medidas contenidas en el plan”, pero también da cuenta de varias brechas y dificultades para su implementación.

Entre las más importantes, señala el reporte, “está la falta de capacidades y de recursos financieros, dado que los presupuestos institucionales no aumentan año a año por nuevos instrumentos. Por otra parte, el tema de cambio climático no está dentro de las competencias formales de la mayor parte de las instituciones que participan en el plan, lo que hace más difícil derivar recursos al tema del cambio climático. Los funcionarios entonces deben destinar importantes esfuerzos para acceder a financiamiento ya sean internacionales o nacionales. Por ello contar con una ley de cambio climático resulta fundamental para avanzar de manera más efectiva”.

Adaptación: 47% avance en promedio

Las medidas que presentan un mayor avance son las referidas a la actualización de las proyecciones climáticas, así como de la vulnerabilidad y riesgos del cambio climático para el país. En esa línea, se encuentran plenamente cumplidas -señala el reporte- medidas como la definición y actualización de los escenarios climáticos de referencia para todo el territorio nacional (que sirven de base para la elaboración de planes de adaptación, por ejemplo), así como la mejora en la red nacional de estaciones de monitoreo de variables meteorológicas, para hacer seguimiento del clima y alimentar los modelos de escenarios climáticos.

Esto sin considerar el Atlas de Riesgo Climático (ARCLIM) lanzado a inicios de diciembre de este año, una plataforma en línea que permite conocer el detalle respecto de los riesgos e impactos del cambio climático en las diferentes comunas de Chile para un periodo histórico (1980 a 2010) y para el mediano plazo (2035 a 2065). Su objetivo es ayudar a municipios y actores involucrados a tomar mejores decisiones sobre medidas de adaptación y mitigación adecuadas para los diversos territorios del país, considerando nuevos diseños de acuerdo a las proyecciones asociadas al cambio climático.

Toda esta información recogida en los últimos años -las proyecciones climáticas y los mapas de vulnerabilidad- se utilizará también en la próxima actualización del PANCC, que se iniciará en 2021. En este proceso se espera profundizar en el entendimiento de la vulnerabilidad y riesgos, así como en posibles medidas para enfrentarlos en temas específicos como pueblos originarios, soluciones basadas en la naturaleza y estrategias financieras para implementar estas políticas de forma exitosa, entre otras.

Entre las medidas que aún presentan cumplimientos bajos (menores a un 30%) se encuentran los planes de adaptación sectoriales para Biodiversidad, Pesca y Acuicultura, Salud y el correspondiente al sector Silvoagropecuario.

Respecto de este último, un informe de auditoría emitido por Contraloría a inicios de noviembre de este año reveló importantes fallas en su implementación, entre ellas la falta de una verificación de la información técnica y financiera reportada por los servicios del Ministerio de Agricultura respecto al avance en las medidas del plan de adaptación, que en algunos casos no se solicitaron medios de prueba o documentos que respalden las acciones y avances informados a Medio Ambiente, o que “si bien se comunicaron acciones vinculadas con la adaptación al cambio climático, estas no se relacionan con el objetivo y con las actividades definidas en el plan”.

De hecho, las 21 medidas de este plan, lanzado en 2013, debieron ser implementadas en un período de cinco años, finalizando en 2018. Sin embargo, el reporte de avance del PANCC solo indica un 28% de avance en el cumplimiento de dichas medias, considerando el avance acumulado a 2019 respecto del año 2022. Una situación preocupante, considerando que los impactos del cambio climático resultan críticos para el sector silvoagropecuario, y que este plan incluye también medidas sobre temáticas relacionadas con el manejo del agua.

Mitigación, los menores avances

En lo que respecta a mitigación, la implementación de las 32 medidas de mitigación del PANCC presentan un avance acumulado de un 32% al año 2019 respecto de las metas propuestas para 2022. Entre ellas, las con un mayor grado de avance son la gestión del sistema de transporte público del Gran Santiago (100%, principalmente en materia de tecnologías limpias en buses en funcionamiento) y la preparación y oficialización de la línea de base de emisiones 2007-2020 (100%).

Otras 10 medias presentan un avance de un 50%, 5 han avanzado un tercio en su implementación (33%) y 6 están bajo un 20%. Seis de las medidas propuestas presentan aún 0% de avance, entre ellas el contar con una plataforma que permita medir y contabilizar la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI) desde el MOP, reducir las emisiones de GEI asociadas a viviendas, la implementación de la Ley REP y el diseño e implementación de una plataforma de registro e incormación de las acciones de mitigación.

Según lo señalado por el informe del Ministerio del Medio Ambiente, los avances más significativos a la fecha se relacionan con dos tipos de acciones: las que dan cuenta de la conformación y el fortalecimiento de equipos de trabajo, sistemas de inventarios de emisiones e infraestructura de datos necesarios para el diseño y reformulación de las políticas en materia de mitigación del cambio climático; y aquellas acciones sectoriales que acompañan el cumplimiento o ratificación de compromisos internacionales para la reducción de emisiones y el control de GEI.

“En contraposición -señala- hay medidas de mitigación que deben ser consideradas con especial atención debido al retraso en su implementación”. Entre ellas se encuentra la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), la medición y contabilización de reducciones de GEI en el Ministerio de Obras Públicas y la reducción de emisiones de GEI en viviendas. Igualmente hay rezagos en la gestión de contaminantes de vida corta como el Carbono Negro, su potencial de reducción de emisiones en corredores de carga, su vínculo con otros instrumentos de gestión de carácter local y su respectiva evaluación de impacto ambiental y socioeconómico, así como el desarrollo e implementación de plataformas de información en relación con el registro y reporte de acciones de mitigación.

“Son diversas las causas del estancamiento monitoreado, pero dentro de las principales se cuentan la ausencia de unidades o profesionales en las diferentes reparticiones del Estado que integren la temática de cambio climático al quehacer sectorial, conexiones a instrumentos de gestión sectoriales vinculantes, falta de presupuesto, priorización y formalización dentro de la agenda sectorial, cambios en las realidades nacionales y/o compromisos internacionales, y co-implementación de medidas, entre otros”, señala el reporte.

Medios de implementación y gestión a nivel territorial, el mayor avance

Con un 65% de avance acumulado a 2019, con respecto al horizonte de 2022, el eje medios de implementación es el que aparece como más adelantado, ya que se trata principalmente de elaboración de políticas públicas y mejoras de gestión para fortalecer la institucionalidad frente a los desafíos del cambio climático y que aparecen, a primera vista, como menos complejas de implementar.

Entre ellas, por ejemplo, ya se encuentran plenamente implementadas medidas como el crear y fortalecer unidades de cambio climático en los servicios públicos, crear una plataforma tecnológica que agrupe toda la información en esta temática, elaborar un proyecto de ley que fortalezca la institucionalidad para abordar este desafío, y la creación de una institucionalidad interna que gestione y coordine la relación con el Fondo Verde del Clima.

Más rezago presentan las que implicarían un mayor nivel de complejidad, como el “analizar la línea de base sobre gasto e inversiones en tecnología”, “generar recursos de educación formal en la educación superior referido al cambio climático”, y el “analizar el gasto público en cambio climático tanto directo como indirecto”.

En cuanto a la gestión del cambio climático a nivel regional y comunal, el reporte del Ministerio del Medio Ambiente muestra un 55% de avance a 2019 respecto de 2022. Aquí se destacan avances como la creación de los Consejos Regionales de Cambio Climático (CORECC), que han sido claves en la elaboración de los primeros Planes de Acción Regionales de Cambio Climático (PARCC), iniciados en forma piloto en 2019 en las regiones de Atacama, O´Higgins, Los Ríos y Los Lagos.

No obstante, hay 5 de las 19 medidas que presentan nulo avance a la fecha, entre ellas el trabajo en la gestión de recursos hídricos a nivel de microcuencas, la coordinación con comités y organismos públicos encargados de desarrollar políticas y programas a nivel regional o comunal para incorporar consideraciones de cambio climático, o la elaboración de un plan de adaptación al cambio climático especial para la Isla de Pascua.

El segundo informe de seguimiento al PANCC también da cuenta de las dificultades que existen al momento de la evaluación de las medidas, y también que algunas de ellas ya no son aplicables por una serie de factores, entre ellas cambios en las prioridades de gobierno -y por ende de las instituciones-, cambios en los compromisos internacionales, circunstancias nacionales distintas al año de elaboración del plan o incluso cambios normativos que regulan el ámbito de acción de alguna de las medidas o incluso pueden cambiar la responsabilidad o competencia de quien debe implementarla.

“Por ejemplo, al momento de la entrada en vigor de este plan, no existía el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación que es hoy una institución esencial en la gestión del cambio climático a nivel nacional, y que asumió algunas de las medidas del PANCC que originalmente estaban radicadas en otros organismos. Es importante que las instituciones sean receptivas cuando estos cambios sucedan para asegurar la mejor implementación del instrumento”, señala el informe.