Agenda 2030 / EL PAÍS

Frans Timmermans: “El coste de no hacer nada es mucho más alto que el de actuar”

El vicepresidente de la Comisión Europea, encargado del Pacto Verde, defiende una “transición” que sea percibida como “justa” por los ciudadanos.

País Circular | 12 Dic 2019 a las 3:54 pm
European Union, 2019

Solo han pasado 11 días desde que Frans Timmermans (Maastricht, 58 años) asumió la vicepresidencia de la Comisión Europea, pero le han bastado para presentar la estrategia más emblemática de la nueva Comisión: el Pacto Verde. Timmermans recibe a seis medios europeos, entre ellos EL PAÍS, justo después de aprobar la hoja de ruta para “la mayor transición en Europa en generaciones”. Y advierte de forma enérgica a los países que piden recortes en el Presupuesto de la UE que su posición dificultará la transformación ecológica y económica que afronta el bloque.

Han puesto sobre la mesa 100.000 millones para favorecer esa transición. ¿De dónde saldrá ese dinero?

En enero precisaremos el funcionamiento del fondo de transición justa. En nuestro análisis preliminar, con fondos de la UE, de la cofinanciación de los Estados y préstamos del Banco Europeo de Inversiones podemos llegar a 100.000 millones. Ese fondo es una pieza más de un gran engranaje, pero demuestra que la UE es consciente de que esta transición va a ser más dura para unos que para otros. Y este mecanismo no es para financiar la transición, sino para que esta sea justa. Debe ser una expresión de la solidaridad europea.

Se sopesaba si ceñirlo a regiones mineras o ampliarlo para atraer a más países a esa batalla. ¿Cuál será el equilibrio?

Todo el mundo está en transición. Es un fenómeno global que afectará a cada país y a cada ciudadano de la UE. El peligro es que esta transición sea percibida como injusta. Y eso es lo que la UE debe corregir. No se trata solo de áreas mineras, sino también de la antigua industria, donde hay un tejido social vulnerable.

¿Cuánto dinero público va a tenerse que movilizar para transformar la economía europea?

Será necesaria una inversión de entre 260.000 y 300.000 millones de euros anuales para que Europa sea neutral en 2050. Es imposible precisar cuánto será dinero público. Por ejemplo, si el precio del CO2 baja de 25 a 20 euros, la transición será más costosa para el sector público. Y si sube a 35, casi se pagará por sí misma. Los 260.000 millones anuales parecen una cantidad increíble. Pero el coste de no actuar es enorme: pérdida de productividad por el aumento de la temperatura, desastres naturales, desertificación, crisis de salud… No hay que ser ingenuo, va a haber un elevado coste. Pero el precio de invertir es menor que el de no hacer nada.

Los socios de la UE deben decidir si fijan 2050 como el año de la descarbonización. ¿Ese compromiso es suficiente?

Por ahora. El año que viene habrá un borrador de la ley climática y deberán comprometerse por ley a ser climáticamente neutrales en 2050. No quiero cometer errores, y antes de preparar esa norma o de que decidamos si debemos reducir las emisiones en un 50% o un 55% en 2030 debemos hacer los informes de impacto adecuados.

¿Cuándo lo tendrán listo?

A principios de verano, a tiempo para estar completamente preparados para la COP26 de Glasgow de finales de año.

¿Y si mañana [por hoy] los países vuelven a fracasar y no logran fijar la meta de 2050?

La Comisión está firmemente comprometida con el Pacto Verde y asumirá su responsabilidad. Haremos todo cuanto esté a nuestro alcance para convencer a los Estados miembros. Entiendo que para algunos es una tarea enorme. Esto debería formar parte también del debate sobre el Presupuesto de la UE. Y les pediría a los países que siguen insistiendo en destinar el 1% de su PIB [en lugar del 1,11% que propone la Comisión] que lo piensen bien.

Dinamarca, Holanda, Alemania, Suecia y Austria piden ese recorte. ¿Puede perjudicar al Pacto Verde?

En cualquier caso, eso limitará en gran medida las posibilidades de invertir en esta transición.

¿Y usar fondos de cohesión?

Ya hemos propuesto que se destine un 30% de los fondos de cohesión para la economía verde.

¿Cómo plantean que los países aumenten sus objetivos de reducción de emisiones para 2030 cuando los actuales ya fueron difíciles de digerir para Alemania o el Este de Europa?

Los hechos saltan a la vista. Estamos hablando de entre un 50% y un 55% menos para 2030 en relación a 1990. Los científicos ya han dicho que incluso eso es insuficiente. Debemos ser realistas con lo que es posible, pero también sobre lo que está pasando en el medioambiente. La evaluación de impacto nos dará argumentos para que los Gobiernos nacionales vean los hechos. Espero que pueda convencerles, pero sé que no va a ser fácil.

El plan se centra mucho en la zanahoria y no en el palo. ¿Cómo se obliga a los países?

Necesitamos hacerlo mejor y ser más estrictos, pero ya hay un gran número de procedimientos de infracción contra Estados miembros en esta área, por ejemplo, por la calidad del aire.

En 30 años puede haber crisis económicas. ¿Los países considerarán entonces que el Pacto Verde ya no es prioritario?

Si fuéramos a una recesión, movilizar inversiones y fondos públicos sería más complicado. Por eso está en el interés de todos que el cambio de paradigma se produzca lo antes posible.

¿Cómo notarán los ciudadanos esas medidas a corto plazo?

Con la estrategia De la granja a la mesa verán que la calidad de la comida es mejor y que el uso de pesticidas baja. También se pueden implementar rápidamente los programas de reforestación y reverdecer las ciudades. Y soy un gran fan del plan que buscará ayudar a la gente a aislar sus casas y cambiar su mix energético para instalar bombas de calor o paneles solares.

Hay otras iniciativas que no van a ser tan bien recibidas.

Inevitablemente, creo que deberemos analizar las emisiones de los coches. Pero también deberemos mejorar la oferta de transporte público y poner un precio al uso de vehículos con motores de combustión para reflejar su coste, como en otros medios.

¿Y medidas más drásticas, como directamente prohibirlos?

Debemos convencer a la industria automovilística de que el futuro está en el sector de las emisiones cero y de que cuanto antes hagan la transición, mejor. Y hay que ser realistas: si se prohibiera el uso de coches diésel, sí tendríamos una revuelta de los chalecos amarillos, porque impediríamos a millones de personas su único medio para llegar al trabajo. Los ciudadanos más vulnerables a esta transición son también los que están más expuestos si no se hace. Son vulnerables porque sienten que no pueden permitírsela. Pero si no la hacemos, ¿quiénes son las víctimas? Ellos. ¿Y cómo demostrar a la gente que es vulnerable en ambos casos que les interesa una transición rápida? Solo si se hace de una forma justa.

*Entrevista publicada por diario El País, España/Lluís Pellicer. Original aquí.